Tribunal ordena desalojo de edificio tomado en pandemia
SENTENCIA JUDICIAL . Más de 40 familias se mantienen viviendo de forma irregular en el edificio que no está terminado y tampoco cuenta con servicio de agua, electricidad ni alcantarillado. Corte dio 30 días para el desalojo, tiempo que se cumplió. Autoridades coordinan albergue temporal para proceder con la orden.
Fue durante la pandemia que la construcción del edificio ubicado en Avenida Copayapu con callejón Diego de Almagro quedó paralizada, tiempo en el que fue tomado por un grupo de familias que hasta el día de hoy se mantienen viviendo en dichos departamentos de forma irregular.
Es por ello, que el abogado Nicolás Sánchez, del estudio Briones, Sánchez, Santelices, en representación de la inmobiliaria Copayapu inició una serie de acciones legales con el objetivo de recuperar el inmueble y poder terminar el proyecto de 48 departamentos que contaba con un importante porcentaje de avance.
Según explicó el abogado, con el objetivo de recuperar el edificio, su representada decidió iniciar dos procesos de forma paralela.
"Una acción que se denomina de precario, en contra de una de las ocupantes que aparece siendo la líder, y al mismo tiempo un recurso de protección en contra de todos los ocupantes. Lo paradojal de la situación, es que al mismo tiempo mi representada ha sido objeto de recursos de protección de los propios ocupantes que pedían que se les diera el agua, agua con la que no cuenta el edificio porque no tiene recepción definitiva y porque no hay empalme o un edificio que no está terminado", explicó Sánchez.
Un caso en el que la Corte de Apelaciones falló a favor de la inmobiliaria y ordenó el desalojo total del inmueble en 30 días, notificación que fue entregada el día 9 de mayo recién pasado.
"La Corte de Apelaciones de Copiapó dictó un fallo bastante importante, diría yo, tanto para mi cliente, como desde el punto de vista jurisprudencial en general, por cuánto se hace cargo del problema, yo diría casi nacional, que tiene las tomas de terreno, y señala justamente que el recurso de protección es el camino idóneo para abordar ese tema", consignó el profesional.
Un fallo que señala que las más de 40 familias que habitan de forma irregular el inmueble debían de hacer abandono de los departamentos, lo que a la fecha no ha sucedido.
Una toma que se ha instalado y que según señala parte del escrito presentado a la Corte de Apelaciones, "el edificio en la actualidad se encuentra lejos de estar terminado, incluso en su etapa de obra gruesa, por lo que actos administrativos como recepciones municipales o semejantes se ven bastante lejanos. No obstante, las y los recurridos aparentemente han montado estanques de agua, cañerías, cableado, electricidad y otros servicios, sin contar con la autorización para ello, lo que ha afectado gravemente el derecho a la vida y a la integridad física de los mismos ocupantes, y se han efectuado conexiones directas al tendido eléctrico que generan un inminente riesgo de incendio del edificio".
Ahora bien, de acuerdo a Carabineros, aparentemente habría un negocio montado por un sujeto, quien lucra arrendando los departamentos a familias extranjeras y de bajos recursos que no cuentan con la documentación que se solicita para arrendar un inmueble de forma regular, convirtiéndose además en un problema social grave que hoy las autoridades intentan solucionar y que justamente establece la sentencia.
Supuestos contratos de arrendamiento que habría realizado el antiguo cuidador de la obra, quien llegaba a cobrar hasta $300.000 mensuales a las familias que habitaban los departamentos, según consta en la sentencia.
"Se trata de un grupo de personas, nacionales y extranjeros, que decidieron ocupar y habitar departamentos en un edificio en construcción -paralizada a causa de la pandemia mundial-, sin ningún tipo de formalidad contractual ni condiciones mínimas de habitabilidad ni salubridad. Y si bien se asilan en haber celebrado diversos contratos de arrendamiento consensuales con un tercero quien, al entender de las y los recurridos, era el encargado del edificio en construcción, lo cierto es que no existen antecedentes idóneos que justifiquen la ocupación de tales personas y sus familias", establece el documento.
Es por ello, que hoy el abogado de la inmobiliaria está a la espera que se cumpla el fallo de la Corte y se proceda a realizar el desalojo, para lo cual la misma sentencia señaló que "en caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes, por no hacer abandono voluntario, el municipio respectivo en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las
"Los 30 días para hacer el desalojo pacífico ya transcurrieron. Junto con eso, la sentencia en su Resolutivo 3ro ordena a la Municipalidad, en coordinación con algunos ministerios, entregar, para las personas que lo requieran, un albergue provisonal para el caso de que sea necesario un desalojo por la fuerza"
Nicolás Sánchez, abogado del caso