Con votación dividida, el Banco Central decidió ayer mantener la tasa de interés en 11,25% para contener la alta inflación que arrastra hace meses el país.
Tres de los cinco integrantes del Consejo del ente emisor votaron a favor y dos lo hicieron por reducir la tasa en 50 puntos base. "De mantenerse estas tendencias, la TPM iniciará un proceso de reducción en el corto plazo", indicó el Central.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que el presupuesto de esta año para la Pensión Garantizada Universal (PGU) "quedó sin financiamiento para 2022", por lo que afectó a este año.
La PGU "se creó en enero-febrero de 2022, en los últimos días del Gobierno anterior", destacó el economista el fin de semana en Canal 13, por lo cual en 2023, "sólo para financiar el efecto año completo de la PGU, (...) absorbió la mitad del espacio fiscal".
Marcel ayer agregó que "no nos quejamos y no es una imputación contra a alguien, sino que simplemente nos ayuda a entender la magnitud del esfuerzo fiscal que hubo que hacer en 2022 y 2023".
Horas antes, el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, respaldó que en 2022 la PGU no tuvo financiamiento y el Ejecutivo tuvo que "hacer readecuaciones. (...) Además, se ha postergado una serie de normas que estaban contenidas en ese cambio", dijo a CNN.
Por otra parte, el diputado UDI Jorge Alessandri dijo en Emol TV que al hablar Marcel (el domingo en Canal 13) de que "repetir la experiencia" del estallido social sería "trágico" para el país si no hay un cambio en materia tributaria, "eso aquí y en la quebrada del ají se llama chantaje. Es como insinuar 'si no hacen lo que yo quiero, vas a tener un nuevo estallido social y va a ser culpa tuya'", advirtió el legislador para representar su molestia hacia el secretario de Estado desde Chile Vamos.
Siete capítulos tiene la acusación constitucional (AC) impulsada por los partidos opositores contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con temas como las "Jornadas de educación no sexista" y $110.000 millones en porciones de alimentación presuntamente no licitadas. Ayer también se sortearon los integrantes de la comisión revisora del libelo, que estará formada por tres diputados oficialistas y dos de oposición.
Los legisladores Tomás Hirsch (Acción Humanista), Héctor Ulloa (IND-PPD), Juan Santana (PS), Miguel Becker (RN) y Gloria Naveillán (IND) revisarán el documento completo de la AC contra el secretario de Estado, previo al debate y votación en la Cámara Baja.
Las siete infracciones e incumplimientos de las que se acusa a Ávila apuntan, en primer lugar, hacia el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, debido a la implementación de las "Jornadas de educación no sexista", así como, segundo, la implementación de las "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas".
El tercer capítulo se trata de una posible infracción de la Ley General de Educación por la eventual exclusión de estudiantes con discapacidad de la "Política de educación inclusiva".
El cuarto apartado revisa la conducción del sector educativo, con énfasis en el ausentismo y la deserción, e infraestructura, donde sólo habría habido un fallido proceso de licitación. Además, se analizará la calidad educativa, ya que la oposición denuncia que no hay una política para mejorar las escuelas con bajo rendimiento.
El quinto capítulo se refiere al incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), a causa de una página insertada en los cuadernos con información sobre "educación no sexista". El sexto apartado también se refiere a la ayudas estatales con los programas de alimentación escolar y parvularia.
El diputado Diego Schalper (RN) explicó que contaron "más de $110.000 millones en perjuicio del erario fiscal", los que habrían sido utilizados en "pagar raciones de alimentos que no se entregan", además de "raciones no contenidas en los procesos de licitación, no contenidas en los contratos y a un precio que se llama 'precio variable', que es bastante discutible".
El séptimo capítulo de la AC da cuenta de posibles negligencias e inejecuciones en la implementación de los servicios locales de educación.
El libelo es impulsado por la oposición, pero el líder de los legisladores DC, Eric Aedo, previó ayer "una acusación bastante ajustada en su discusión en la Cámara. La bancada DC a esta acusación no la desecha de antemano", porque "si hay mérito en uno de esos capítulos, vamos a avanzar en la acusación".
El presidente del partido, Alberto Undurraga, señaló por su parte que "el ministro tiene problemas de gestión, algunos bastante serios, pero una cosa son problemas de gestión y otra si ellos dan mérito o no para una acusación constitucional".
Ávila dijo "no me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca, me imagino, vamos a trabajar en conjunto con los equipos en las respuestas. (...) La directora de Junaeb está trabajando en algunas respuestas más inmediatas".
El diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, explicó que en la oposición "creemos que evidentemente en Chile tiene que haber educación sexual, pero es distinto cuando el ministro (Marco Antonio) Ávila da cuenta de su énfasis: alfabetización en sexualidad, y básicamente eso consiste en avanzar en una mirada en una materia donde queremos que haya diversidad de miradas. Y más grave que eso, acá el problema es que no se respeta el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos".