Más allá del cierre
¿Por qué a casi 10 años de un infructuoso Programa para la Recuperación Ambiental y Social implementado por el Estado de Chile y dos fallos de la Corte Suprema que detectan el grave daño ambiental en la bahía de Quintero, seguimos permitiendo que estas comunidades vivan en un ambiente degradado que pone en peligro la vida y salud de sus habitantes?
La falta de acción se debe a la subordinación de las políticas ambientales a los intereses minero-energéticos. En este sentido, ¿cómo el Estado puede asegurar el cumplimiento de derechos y reparar el daño donde dos de las tres empresas son estatales? Los datos del propio Ministerio de Medio Ambiente declarados en los planes de descontaminación señalan que entre las dos empresas nacionales -Codelco y Enap-, junto a la transnacional Andes Gener (ex AES Gener), aportan más del 97% de emisiones contaminantes.
Existen propuestas para avanzar de una zona de sacrificio a una zona de recuperación socioambiental que han sido planteadas por las propias comunidades desde hace tiempo, pero para lograr la recuperación integral es necesario reconocer la degradación y contar con un compromiso efectivo por parte de los sectores responsables. Es fundamental la participación de los actores portuarios y las empresas asociadas a sustancias tóxicas y peligrosas que forman parte del complejo industrial Ventanas. La institucionalidad también debe replantear el papel subordinado y marginal del Programa para la Recuperación Ambiental y Social, que actualmente se encuentra al final de la jerarquía del Ministerio del Medio Ambiente, y fortalecer la participación social. No debemos normalizar los hechos y discursos actuales, sino avanzar hacia la recuperación de estas comunidades.
Dra. Paola Bolados Directora del proyecto anillo ATE220047 de la U. Autónoma de Chile
Medioambiente
Chile ha progresado de manera significativa en temáticas ambientales. Hoy nuestro país destaca en varias materias, por ejemplo, contar con un marco regulatorio robusto.
Citando algunos casos recientes encontramos la promulgación de la ley marco de cambio climático, que tiene por objetivo transitar hacia un desarrollo bajo en carbono y marca como compromiso para Chile alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Además, contamos con una ley de eficiencia energética, promoviendo el uso racional y eficiente de la energía. Por otra parte, nuestro país también cuenta con ley de reciclaje y responsabilidad extendida del productor, que hoy nos permite tener metas de recolección y reciclaje, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, para dos productos prioritarios: neumáticos y envases y embalajes.
Otros aspectos importantes son los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido al ratificar el Acuerdo de París en 2017 y actualizar en 2020 su Contribución Nacional Determinada (o NDC por sus siglas en inglés) en mitigación, adaptación y medios de implementación, entre otros. Aun cuando la contribución de Chile en las emisiones globales de gases de efecto invernadero representa, aproximadamente, un 0,25% al 2016, nuestro país ratifica su compromiso con la acción climática y el 2022 fortalece su NDC con una contribución en materias de metano.
Romina Reyes Torres Directora Sostenibilidad U. Andrés Bello
Sostenibilidad
En la actualidad se observa un creciente llamado de la sociedad para que las empresas asuman una mayor responsabilidad ambiental. Resulta preocupante que la ciudadanía perciba que sólo el 39% de las organizaciones cumplen ese rol, constatando una brecha significativa entre la realidad empresarial y las expectativas de la población. Por consiguiente, resulta fundamental establecer una coordinación efectiva entre ambas perspectivas.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una visión transformadora para lograr la tan anhelada sostenibilidad económica, social y ambiental. Esta ambiciosa agenda brinda una oportunidad inigualable para América Latina y el Caribe.
Sin embargo, el éxito de esta iniciativa depende de la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el público. En el contexto nacional, gran parte de las instituciones toman decisiones sobre sus lineamientos empresariales de manera centralizada, sin involucrar a todos los niveles de la organización. Esto refleja las brechas existentes en términos de poder, propósito y conexión con el entorno.
Para lograr una implementación efectiva de la Agenda 2030 y los ODS, las organizaciones deben valorar a sus partes interesadas, gestionar su marca y establecer con convicción su propósito empresarial, fomentando una cultura de sostenibilidad. Sólo así podremos construir un futuro más próspero y equitativo para las generaciones venideras.
Felipe Rivera Pradenas Académico Escuela de Ing. U. Central
Polémica guía
A raíz del revuelo que ha generado la guía del Ministerio de Educación sobre sexualidad afectiva, que invita a los niños de kínder a "hacerse masajes en la espalda para reflexionar sobre los modelos de masculinidades y feminidad construidos a lo largo de la historia", cabe señalar que esta política de Estado tiene por objeto desmontar el sentido común, pues lo que para una persona puede ser algo natural (ser hombre o mujer), para el Mineduc es sólo una etiqueta que se nos asigna al nacer, sin preguntarnos. Ello, porque el ministerio asume que los niños tienen plena conciencia de lo que hacen, tienen derecho a autoexplorarse y deben romper con el adultocentrismo. Esta es una idea antiliberal que puede causar daño en la indemnidad sexual de los menores. Además, los niños pueden manifestar dudas en torno a su sexualidad en una edad en que no piensan en estos temas.
En una sociedad liberal, los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos y podrían elegir un colegio con sus valores, pero hoy en Chile el Estado dirige la educación, sin preocuparse de los daños irreparables que pueda generar en los menores al intentar deconstruir una identidad en formación.
María Fernanda González Barandica
Ciudadanos todos
Sería importante que tanto las autoridades civiles como castrenses tomaran en cuenta que son ciudadanos como cualquier otro en cuanto a derechos y obligaciones. Por lo tanto, no deben ampararse en la investidura que tienen para creerse intocables y con garantías personales. Una autoridad debe ser respetada, pero no venerada.
Jorge Valenzuela Araya