Redacción

Un teniente de Carabineros quedó en prisión preventiva mientras que otra oficial deberá cumplir arresto domiciliario al igual que un cadete del Ejército, todos formalizados ayer ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo presuntamente por liderar una estafa piramidal en lo que se ha denominado como caso KnightsBridge y que según las primeras estimaciones afecta a cerca de 5.000 personas.

La medida cautelar más gravosa fue decretada contra el teniente de Carabineros Sergio Toro y las otras fueron para la también teniente de la institución Ninoska Benavides y el cadete militar Sebastián Jara. Todos ellos fueron dados de baja por las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden.

En la audiencia, se estableció que hasta el momento hay 650 denuncias recibidas, pero que las víctimas podrían llegar a 5.000.

En su mayoría los afectados serían funcionarios de Carabineros, pero también habría miembros de la PDI y de las ramas de las Fuerzas Armadas que confiaron sus ahorros a esta maquinación.

Sin embargo, la Fiscalía indaga cuántas de esas miles de posibles víctimas pudieron tener otro tipo de vinculación con el caso, tal vez como reclutadores de otras personas en una investigación que se anuncia compleja ya que el esquema piramidal convierte a la víctima en captador de manera escalonada para que así se avance en las ganancias prometidas.

Los tres formalizados ayer fueron detenidos el pasado jueves 25 de mayo y su arresto fue ampliado hasta ayer para la recopilación de información que permitiera una formalización con todos los datos necesarios.

Modus operandi

La estafa fue descubierta en mayo de 2022 y en ella mediante una plataforma web captaban a personas para una supuesta devolución de impuestos asociada a compras de internet. La Fiscalía inició la investigación, luego de que se acumularan más de 300 denuncias de personas que se vieron afectadas, a las que les prometían altas rentabilidades de hasta un 300% del retorno de la inversión realizada.

Los ilícitos que se investigan están vinculados a la falsa empresa de inversiones denominada KnightsBridge dedicada, según el Ministerio Público, a realizar estafas piramidales que preliminarmente causaron un perjuicio que se avalúa en más de 5.000 millones de pesos entre diciembre de 2021 y mayo de 2022.

El Ministerio Público acusó a los tres detenidos de reclutar a las víctimas.

Con sus dineros se transferían a un portal de criptomonedas llamado Binance, del cual obtenían ganancias.

Un ataque cibernético afectó durante las últimas horas a las redes internas del Ejército, motivo por el cual la institución prohibió, durante todo el lunes, que los funcionarios utilizaran sus computadores y se conectaran a internet. Según información recogida por el medio Emol, el Ejército envió comunicado interno en el que señalaban: "Buenas tardes a todos, por motivos de seguridad de la Red Intranet Institucional y de un incidente de seguridad informática que afecta a la Intranet del Ejército queda prohibido encender cualquier computador de la unidad, todos los computadores deben permanecer apagados".

La institución castrense también pidió "desconectar físicamente el cable de Ethernet de todos los computadores e impresoras conectadas a la red Intranet institucional", y evitar la conexión de cualquier dispositivo externo, como pendrives.

De acuerdo con los detalles conocidos hasta el momento, el ataque informático se basa en un virus que encripta información para luego cobrar "recompensa" por su recuperación: lo que es conocido como "ransomware".

La institución militar explicó que "los sistemas críticos de información no habrían sido afectados a la fecha, no obstante se continúa evaluando sus eventuales alcances".

Asimismo, el Ejército informó que el problema se detectó el sábado: "Con fecha 27 de mayo del 2023, la red de transmisión de datos institucional fue afectada por un incidente informático, el cual fue detectado por los sistemas de ciberseguridad dispuestos. En conformidad a los protocolos establecidos, se dispuso aislar la red e iniciar las auditorías correspondientes por parte de los organismos de ciberseguridad institucionales, iniciar los trabajos de recuperación y de certificación de la puesta en marcha de la red en forma segura".

Además, la institución apunta que "detectada la amenaza, se entregaron todos los antecedentes al Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del Estado Mayor Conjunto y, posteriormente, al Ministerio de Defensa Nacional".

Hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer la magnitud del ataque y se intentaba recuperar los sistemas con contraataques informáticos para eliminar posibilidades de nuevas amenazas.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comunicó ayer que el máximo tribunal solo se pronunciará respecto de las consultas ingresadas acerca de la ley corta de isapres presentada por el Gobierno y no lo hará en lo referente al proyecto paralelo que elaboró un grupo transversal de parlamentarios encabezados por la senadora Ximena Rincón (Demócratas).

La magistrada explicó que esta última decisión se debe a que la consulta no tiene ningún elemento referido a las atribuciones del Poder Judicial, por lo que no les corresponde referirse a ello, pues todo debe ser tratado en el marco del Poder Legislativo.

Respecto de la ley corta, en cambio, reveló que el pleno por unanimidad decidió pronunciarse en tres aspectos del artículo 9, que le atañen al Poder Judicial: "el primero se refiere a los plazos de cumplimiento del fallo y formas de procedimiento", dijo Vivanco que recordó que este plazo fue extendido en seis meses.

El segundo aspecto tiene que ver con las competencias que tienen las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y finalmente respecto de las atribuciones de las cortes y las de entidades administrativas.