Salares de Chile y Minera Tarar, las sociedades creadas por Codelco para explorar y explotar el litio, ayer tuvieron su primera reunión de directorio, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el Gobierno en abril.

Ambas empresas "permitirán al Estado incorporarse al desarrollo de esta industria que, junto a la del cobre, es considerada como fundamental para vincular el progreso de Chile con la transición hacia una economía verde a nivel global", dijo el presidente de la cuprífera, Máximo Pacheco.

La sociedad por acciones (SpA) Salares de Chile consolidará las actividades relacionadas con el litio que Codelco despliegue en distintos salares, incluyendo el de Maricunga, segundo más grande en el país después de Atacama, con cerca de 300 mil toneladas de mineral blanco, según estudios de la cuprífera.

Además, la primera filial de Minera Tarar SpA será constituida para la operación en el Salar de Atacama -que cuenta con alrededor de seis millones de toneladas, de acuerdo a SQM-, "pudiendo ser parte de asociaciones público-privadas con las actuales empresas que operan en la zona", señaló Codelco, es decir, SQM y Albemarle.

"El mundo está ansioso por cobre y litio, porque es crucial para la transición energética, a través del desarrollo de una minería responsable con el medio ambiente y las comunidades", afirmó Pacheco, quien también liderará las dos nuevas firmas.

En Chile "tenemos el 25% de las reservas mundiales de cobre y el 40% de las de litio, lo que nos otorga una posición privilegiada en este desafío", señaló el Ejecutivo.

Salares claves

Un mapa del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), publicado ayer por La Segunda, es la base con que trabajará el Ejecutivo para desarrollar la Estrategia nacional del Litio, donde aparecen decenas de salares, entre ellos Atacama, Maricunga, Aguas Calientes, Tara, Punta Negra, Pajonales, Gorbea y La Isla.

El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, afirmó ayer en la cuenta anual que "el año 2022, 380.000 personas se unieron a Fonasa. De ellas, 250.000 provenían desde el mundo del aseguramiento privado", es decir, las isapres, las mismas que deberán devolver US$1.400 a sus afiliados por cobros excesivos. A ello se suma que entre enero y marzo de este año entraron al sistema público otras 213.000 personas, de las que poco más de la mitad proviene de isapres, y "el crecimiento se mantiene".

"De continuar esta tendencia, la modalidad de cobertura complementaria que ha propuesto (el Ejecutivo en la Ley corta de isapres) permitirá que aquellas personas sigan contando con coberturas financieras similares a las que tenían, y que esta situación no tenga un impacto en el gasto fiscal, manteniendo inicialmente el mismo nivel de equidad existente", agregó Cid, el referencia al 7% de cotización adicional indicado en la moción.

La iniciativa legal "constituye una respuesta ante un escenario complejo", sostuvo el ejecutivo, ya que "cuando una persona en promedio utiliza solo la Modalidad Libre Elección (MLE, que permite la atención en centros privados de salud) en Fonasa, esa persona va a obtener un 38% de cobertura financiera. Una persona en Isapre realizando más o menos las mismas actividades en promedio va a obtener una protección de 65%. Lo que queremos hacer es que esté disponible una herramienta para poder cubrir esa brecha".

"Además tendrán la posibilidad, si así lo desean, de que podamos poner convenios con seguros privados de carácter voluntario, que pretendemos sean no discriminatorios ni por sexo ni por edad, y que no excluya enfermedades preexistentes, por lo tanto con primas comunitarias o planas por persona beneficiaria de cargo del afiliado", señaló el presidente de Fonasa.

Proyecto alternativo

Un grupo de senadores presentó esta semana un proyecto de ley paralelo al del Gobierno, con el que las isapres, en caso de ser aprobado, podrán bajar el precio de los planes de base para que la suma con la tabla de factores sea menor y, así, disminuir la devolución de los US$1.4OO millones ordenados por la Corte Suprema.

El superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo que "no veo cómo" las instituciones privadas podrían bajar el monto de la sentencia, ya que sigue subiendo porque las isapres continúan cobrando según las tablas de factores antiguas y por coberturas de niños menores de dos años, citó radio Cooperativa.

A su turno, la Asociación de Isapres afirmó hace unos días que el proyecto de Ley corta es "un engaño", frente a lo cual ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó en Diario Financiero que "se presentó para ser discutida en el Congreso. Lo que sería una propuesta fallida es si ésta dependiera única y exclusivamente del Ejecutivo. Ahora, ¿cuál es la primera reacción de las isapres? Que esto es 'un engaño'. No conozco una industria regulada tan beligerante como las isapres. Van al Congreso a hablar sobre la fatalidad de la situación, y construyen el relato de que han cumplido la ley, como si la sentencia no existiera".

"¿Por qué las isapres siguen tratando de construir un mundo paralelo, donde pareciera que no infringen la ley cuando la sentencia y los tribunales vienen hace una década diciendo que lo hacen", agregó el ministro.