"Cómo habrían reaccionado quienes hoy son Gobierno si este proyecto hubiera sido aprobado por el Comité de Ministros del gobierno del ex Presidente Piñera"
Cristóbal Lira — Alcalde de Lo Barnechea, tras aprobación del proyecto minero Los Bronces
En la historia de la humanidad las revoluciones han sido organizadas por minorías, y su único propósito es la conquista del poder. El octubrismo de 2019 y sus diversas expresiones, como la violencia protagonizada por "manifestantes" (cuya trayectoria fue revelada en un prontuario), los desórdenes estudiantiles, las tomas de carretera, los saqueos, los cortes de tránsito, las barricadas, los ataques a los cuarteles policiales, el rayado y la destrucción del espacio público, tuvieron un resultado. Se instaló un discurso de revolución "ciudadana", que exigía refundar el país y reescribir la historia de Chile, al que alcaldes y parlamentarios de izquierda se sumaron.
La misión del octubrismo era quedarse con el poder en forma permanente. Para ello necesitaban una nueva Constitución hecha por una asamblea constituyente (no por políticos) que redefiniera el poder, las filosofía de las instituciones, y que desmantelara cualquier reconocimiento a los héroes de la independencia, la guerra del pacífico, y los gobiernos militares que nuestro país ha tenido; y lo más importante, proscribir cualquier pensamiento diferente al de la extrema izquierda (como si en algún lugar del mundo no hubiera significado hambre, esclavitud y muerte). El plan estuvo ejecutándose. El comunismo y el frente amplio ganaron las elecciones de convencionales, gobernadores regionales, municipios y el Gobierno.
La gente (nunca es tarde) vio al verdadero octubrismo, y los juzga por sus resultados. Constató que nunca estuvo en sus planes el desarrollo de Chile, ni la seguridad, ni la igualdad de oportunidades, ni la educación, ni la salud, ni la vivienda. Por eso se rechazó la propuesta constitucional que adoraba este Gobierno. Ese contundente rechazo fue el primer síntoma de la defensa democrática de las instituciones. Hoy el Gobierno también es rechazado. No es creíble, porque es incoherente. Avanza con los proyectos del gobierno anterior que rechazaron siendo oposición, y en cada asunto cambia injustificadamente de opinión.
La crisis de seguridad que vive el país - alimentada por la arremetida izquierdista contra la legitimidad de Carabineros, su favoritismo al ingreso indiscriminado de extranjeros, los indultos y la votación de los comunistas en contra de los proyectos para fortalecer a Carabineros - no se supera con una declaración de respaldo del Gobierno del Presidente Boric.
Un genuino movimiento ciudadano está en curso. El espíritu de los chilenos que defienden su patria, su historia y sus instituciones ha renacido pidiendo que el orden y el respeto prevalezcan en Chile. La defensa de Carabineros es el comienzo de una expresión patriótica que realiza el ciudadano de a pie, que respeta, que trabaja y paga sus impuestos, y que pide vivir en paz al amparo de un Gobierno que trabaje por lo que los chilenos necesitan. ¿Es una revolución contra el octubrismo gobernante? La conducción de este proceso le corresponderá a nueva generación política, de quienes se espera la prudencia, las capacidades y la experiencia que no tuvo (ni podrá tener durante su mandato) la que actualmente está gobernando.
Patricio Urquieta
Ex delegado presidencial
Gran impacto provocó la llegada del COVID-19 a la industria hotelera, la que ya iba en la baja desde el estallido social. Desde Hoteleros de Chile afirmaron que el 98% de los hoteles se encuentran cerrados a nivel país, y el 2% de los que se encuentran abiertos, tienen una ocupación de un 10%.En Copiapó por ejemplo sólo el hotel Diego de Almagro está funcionando. Industria estima total estabilidad para 2021.
2 mil patentes mineras de la comuna de Tierra Amarillacon patentes impagas entre los años 1994 y el 2003, serán rematadas el sábado 28 de abril, a partir de las 9 horas.
La información la dio a conocer Alejandra Jara, abogada de la Tesorería Regional, quien precisó que en este remate se excluye el 2002.
La gratuidad en la educación superior se ha transformado en uno de los símbolos de la lucha por los derechos sociales de los chilenos, a propósito de la falta de oportunidades y por el excesivo endeudamiento de generaciones anteriores. Su implementación provocó un alivio y si bien al comienzo fue resistida, con el paso en el tiempo se le dio valor. Y es que la educación, tal cual la salud, no puede depender de cuánto se gana.
Pero esto implica que el Estado debe desembolsar una cantidad importante de recursos cada año, lo que pone presión a las finanzas lo que se torna más complejo en momentos de una baja en los proyectos de inversión.
Ante esto bueno es preguntarse ¿se podrá avanzar en la gratuidad?
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, respondió esta pregunta y la respuesta fue clara: todo depende de los recursos que se tengan.
De esta forma, el aumento del porcentaje de la población con este beneficio queda sujeto a la recaudación que el país logre, sin que se precisen los montos.
De todas formas, se ha dicho en otras ocasiones que la carga es tal, que la inyección debe ser sostenida.
Parece lejano lograr la gratuidad universal, como lo planteó la exPresidenta Michelle Bachelet en 2016 cuando veía en el horizonte que este beneficio pudiera ser para todos en estos tiempos.
Incluso sería muy optimista decir que se llegue en el corto plazo a más del 60% de hogares de menores ingresos. Con el CAE como parte de la promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric (incluso quedando en entredicho por otras urgencias sociales), la gratuidad ha quedado completamente de lado. Parte de la clase media deberá seguir desembolsando dinero o pidiendo créditos para financiar la educación. Como para ir recordando, además, que los derechos sociales no se financian solos.