L a necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, mediante el reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables no convencionales, ha estimulado la expansión de la minería del litio en los salares altoandinos, la fuente más barata y sencilla desde donde extraer ese mineral crítico/estratégico. Sin embargo, aprovechar las oportunidades que el litio representa para Chile y la Región de Atacama, significa hacerse cargo de los desequilibrios ecosociales que impone su explotación y, asimismo, de construir capacidades y mecanismos institucionales que permitan atender y superar esos retos.

Estos desafíos hacen recomendable crear espacios de gobernanza medioambiental y alentar y fortalecer estudios interdisciplinarios que aborden y analicen, de manera integrada y complementaria, los impactos socioambientales que está generando la extracción de litio en nuestros territorios. Justamente, la Universidad de Atacama -mediante el proyecto "La ecología política global del litio", financiado por ANID- busca promover el desarrollo social equitativo y ambientalmente aceptable de la minería del litio en los salares del norte de Chile. Para lograrlo, durante el año 2023 se ejecutarán dos actividades abiertas a la comunidad: la realización de un ciclo de conferencias en línea, con transmisión en YouTube (UDA Televisión), donde destacados académicos abordarán distintos aspectos asociados a la minería del litio. Y, a fines de año, un seminario presencial en Copiapó que busca promover un intercambio de saberes, aprendizajes y experiencias entre la academia, las empresas sectoriales, las comunidades indígenas y la sociedad civil en general, del que surjan observaciones y lineamientos orientados a la gestión inclusiva y ambientalmente responsable de la minería del litio. Esto como forma de equilibrar las dimensiones económica, social, cultural y medioambiental en espacios que, como los salares, están cumpliendo un rol importante en la ruta a la descarbonización de la matriz energética global.

El royalty en minería es una realidad y práctica común en países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Perú, por nombrar algunos. En nuestro país este proyecto minero, que hoy se discute en el Senado, está en línea con los parámetros internacionales. Es muy relevante aunar las posiciones para recaudar nuevos recursos que van en directo beneficio de las regiones y comunas de todo Chile, permitiendo avanzar de manera decidida en una descentralización efectiva, tal como lo comprometió el Presidente Boric en su Programa de Gobierno.

Uno de los aspectos que se destaca, del nuevo Royalty, es el fomento al desarrollo de los territorios y sus comunidades, profundiza la autonomía fiscal y promueve la optimización de la productividad en todas las regiones del país. Por lo que propiciamos, que los recursos que genera la gran minería, retornen a esas localidades promoviendo la inversión, el desarrollo local y el mejoramiento de la calidad de vida para las familias.

Chile necesita mecanismos de recaudación justos y eficientes, que fomenten el desarrollo con justicia territorial y social, que promuevan la economía regional y nacional. Por lo mismo, los fondos que se recaudarán gracias al Royalty favorecerán a todas las regiones aumentando su autonomía, a las comunas con explotación minera y a las más vulnerables del país dado que duplicará el aporte fiscal al Fondo Común Municipal.

En régimen el royalty recaudaría un 0.61 % del PIB y tiene un fuerte direccionamiento regional, dado que los recursos ascenderían a 450 millones de dólares, y la propuesta es que se distribuyan de la siguiente manera:

-Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo: Destinado a Presupuestos de inversión de los Gobiernos Regionales, por un total de 225 millones de dólares.

-Fondo Comunas Mineras: Destinados a comunas que posean faenas sujetas al Royalty, por un total de 55 millones de dólares.

-Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial: Destinado a comunas más dependientes al Fondo Común Municipal, por un total de 170 millones de dólares.

Estamos viviendo momentos claves en la discusión del proyecto en el Senado y esperamos que siga avanzando y llegue a buen puerto para que mejore la calidad de vida de su gente y sigamos construyendo un Chile más democrático con justicia territorial y social.

De acuerdo al reporte de Carabineros, durante el 2022 se registraron más de 84 mil accidentes de tránsito en el país, cifra evidentemente superior a los dos periodos anteriores, donde hubo severas restricciones a la movilidad producto de las cuarentenas implementadas para reducir los contagios del coronavirus. Sin embargo y pese a que se reportaron menos accidentes que en 2017 -donde se marcó un récord con casi 99 mil siniestros viales- el número de fallecidos por esta causa superó los 1.700, la cifra más alta de los últimos 15 años.

Según los estudios, cerca del 30 por ciento de los accidentes de tránsito están relacionados con el exceso de velocidad, conducta que también se transforma en la primera causa de muerte en las vías del territorio nacional. A ella se suman las distracciones al volante y el consumo de bebidas alcohólicas, entre otras. Pero en muchos casos, los siniestros no solo responden a una sola causa, sino que se entremezclan varias acciones temerarias e irresponsables que terminar por generar heridos graves y decesos.

Todas estas situaciones han sido difíciles de erradicar, principalmente por la escasa conciencia de muchos conductores que simplemente no respetan la Ley de Tránsito o parecen olvidar los riesgos de desplazarse a altas velocidades en una máquina que en la mayoría de los casos sobrepasa las dos toneladas.

En ese contexto, es importante destacar la reciente entrada en vigencia de la denominada Ley Cati que, entre otros aspectos, crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito, sistema que incluye la implementación de una red de cámaras que permitirá fiscalizar el exceso de velocidad y otras infracciones.

Se trata de una iniciativa que esperó más de nueve años para convertirse en ley y que parte con la operación de 38 de estos dispositivos. Además, desde el 1 de abril existe un plazo de seis meses para redactar su reglamento y dar inicio a la marcha blanca.

Es importante que esta medida se incorpore rápidamente en las distintas regiones del país, el parque vehicular es importante y las conductas de los automovilistas dejan mucho que desear y varias víctimas año a año.