personas pudieran cumplir sus necesidades fisiológicas.

"Copiapó tiene una plaza hermosísima y hay muchas plazas en Chile que disponen de baños, sin ir más lejos, la plaza de Caldera tiene. Entonces, si vamos a colocar un baño obviamente tiene que ser un establecimiento con un cuidado permanente, no solamente de la limpieza, sino que no sea un antro de drogadicción, alcoholismo y robo", explicó.

En esa línea añadió que "soy de los primeros en apoyar que se construya un baño público para que la gente tenga un lugar donde mojarse el cuello, ir a orinar, en especial por la cantidad de personas de la tercera edad que son pacientes prostáticos que no pueden estar esperando, ni caminar tres o cuatro cuadras para llegar a un baño. Aquí lo que tiene que intensificarse, una vez que el baño esté, es su cuidado y fiscalización, que por lo menos un concejal vaya una vez a la semana a ver cómo está ese baño, si para eso hemos sido elegidos, para cuidar la ciudad y dar lo mejor".

Al mismo tiempo, Juan Pablo Rico (Comunes), señaló que durante la discusión y análisis para crear una nueva Constitución, en el proceso anterior una de las propuestas era la posibilidad de "asegurar el cumplimiento del derecho humano de sus necesidades básicas y brindar de baños a toda persona que viva o transite en este país", iniciativa nº 4.518 que estaba inserta en el tema "Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio".

"Como capital regional estamos al debe, sobre todo para las y los vecinos de nuestra ciudad y de otras comunas que vienen a conocer, a participar en ferias, o bien acuden a temas médicos. Si miramos las otras comunas, prácticamente todas cuentan con este servicio para la comunidad y Copiapó no debe quedar atrás. Un ejemplo de ello, es la ciudad de Valdivia, que tiene un sistema de baños públicos, que son 4 cubículos para hombres y cuatro para mujeres. Dentro de ellos hay uno para niños, lo mismo en cuanto a lavamanos. Se solicita un pago de $300 general y $200 para adultos mayores. Los menores de siete años no pagan, y su funcionamiento es de 9:00 a 19:00", ejemplificó.

De acuerdo a Rico, se hace necesario contar un sistema de baños, que sea inclusivo, dentro de la ciudad, por lo mismo, al igual que su par, Rosa Ahumada, "se podría aprovechar el proyecto que se está gestando mediante el Minvu para la remodelación de la Plaza y poder incluirlo. Hemos dado el debate y levantando propuestas para que se puedan incluir dentro de los proyectos de equipamientos comunitarios de todo el territorio. Las personas que ocupan el Parque Schneider también solicitan baños públicos, en las canchas del Palomar y en Paipote lo mismo. Es importante que se puedan concretar estas iniciativas desde el gobierno comunal y así avanzar en el derecho a una ciudad inclusiva".

Al respecto, la concejala Carolina De La Carrera RN, manifestó que "siempre se ha visto, incluso se habló en su momento de poner en el parque Schneider, en la plaza, siempre se ha dado la vuelta, pero todo se traduce a plata. Yo creo que se debería presentar un proyecto con plata del Gobierno Regional y tener servicios higiénicos, pero en lo que el municipio se evade y excusa es sobre la mantención y su mano de obra y generalmente esos costos quedan como las leyes que se crean en el Congreso y luego se traspasan a los municipios, pero donde no se traspasan los recursos".

Asimismo, Miguel Carvajal (PS) manifestó que los espacios públicos debían contar con servicios higiénicos, "debemos avanzar en garantizar acceso a servicios básicos mientras las personas disfrutan de la ciudad, pero la ausencia de los mismos no es excusa para ocupar la vía pública como retrete".

Malos olores

Uno de los problemas que se produce y se ha evidenciado, es que muchas personas utilizan la vía pública como baños, provocando suciedad y malos olores en algunas intersecciones, como Chañarcillo con Chacabuco,

"En un momento hicieron un operativo que nosotros veníamos pidiendo hace rato para la calle Chañarcillo, donde está la seremi de Educación, donde habían un montón de carros abandonados que se daba para inseguridad y también se ocupaban como baño y lo mismo nos pasa para el Centro Cultural, para el lado de la iglesia San Francisco. Nosotros hemos insistido, pero es por un tema de recursos, nos faltan recursos, pero tiene que limpiarse la ciudad, presionamos al alcalde lo que más se puede", señaló la concejala Carolina De La Carrera.

En ese contexto, el alcalde Marcos López, explicó que "el tema de los malos olores tiene que ver con el aumento de la población flotante de personas en situación de calle y eso va a impactar siempre".

No obstante, la instalación de baños públicos podría disminuir esa problemática, ya que las personas tendrían un lugar al que concurrir en caso de requerirlo y no acudirían a las calles como solución.

Situación de calle

Ahora bien, la situación de las personas en situación de calle, es sin duda un factor importante al momento de mantener limpias las calles de la ciudad. Es por ello, que además de las acciones de limpieza que se puedan adoptar desde el municipio, es necesario contar con planes de apoyo y programas para quienes están en esas condiciones.

En esa línea, el gobierno cuenta con el Plan Protege Calle como una de las líneas de acción para resguardar los derechos de las personas en situación de calle y en el ámbito de la seguridad ciudadana. Para ello, el 2022 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia triplicó la oferta en Atacama, incorporando nuevas rutas de calle, ruta médica, centros diurnos y albergues.

En ese contexto, desde Desarrollo Social indicaron que las rutas sociales se incrementaron de 120 días a un año en cuanto a las prestaciones de alimentos, abrigo e higiene. Este último de gran importancia cuando deben ir a un baño.

"En algún momento hubo movimiento de droga dentro de los baños, así que por eso terminamos cerrándolos. En términos reales no hay un plan real del municipio de construir baños en algún lugar público del centro de la ciudad"

Marcos López, alcalde Copiapó

300 pesos es el costo de los baños públicos que se instalaron en Valdivia para el público general y $200 para adultos mayores.

En muchos casos funcionarios públicos suelen recibir agresiones físicas o verbales de parte de usuarios, que en muchos casos sufren de cuadros de ansiedad, intolerancia, falta de paciencia, entre otros, sabido que el mundo moderno, con la aceleración de la percepción del tiempo, propicia cuadros de ansiedad, estrés, intolerancia, falta de paciencia e incluso trastornos psicológicos.

Así se ha visto en casos en el Registro Civil y con mayor frecuencia en lugares de atención de salud, donde las condiciones de pacientes hacen más vulnerable la acción de los trabajadores públicos.

El Instituto de Salud Laboral (ISL) tiene oficinas en las 16 regiones del país, en las cuales recibe los requerimientos de sus adheridos: trabajadores beneficiarios del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se trata de personas, generalmente, afectadas por situaciones que les provocan una tensión.

En la atención de público del ISL trabajan 92 funcionarios de manera presencial y, al igual que todos los empleados públicos, ellos están protegidos por la ley.

Un tema relevante según María Teresa Martínez, presidenta de la Asociación de Funcionarios del ISL (Anatisel), quien anunció que reactivarán la solicitud de un protocolo conjunto para la defensa de los funcionarios.

"Queremos que el protocolo se complemente con una campaña de difusión de deberes y derechos de los usuarios y de capacitación de nuestros trabajadores en temas como manejo de crisis, para saber qué hacer en caso de ataque físico o verbal, y apoyo psicosocial, porque cuando una persona tiene un ataque de furia deja a nuestros funcionarios muy afectados sicológicamente", subrayó.

Los casos registrados hasta ahora mantienen alerta a la institución, pues desde la dirección nacional se advierte que no sólo es un asunto que afecta a los funcionarios, sino también a quienes vayan a las oficinas por un trámite y se vean impedidos de realizarlo por el escándalo de una persona con furia. Asimismo, se adelantan a las acciones vía redes sociales que también han sufrido con ataques y denostaciones injuriosas.

La tecnología y el uso de las redes sociales se han converidoen una fuente de amenazas y otras acciones que podrían ir en desmedro de quienes entregan un servicio público. Estas plataformas, pueden ser utilizadas en busca de un beneficio, por ejemplo, pecuniario, a través de campañas tendientes a sumar a otros a la causa y así generar el "ruido" que les favorezca.

Entre los factores que se presentan en estos comportamientos alterados se visualiza también el desconocimiento que muchos usuarios y usuarias tienen del alcance y restricciones de los beneficios que rige la ley 16.744, por lo que solicitan servicios que van más allá de los legales o, lisa y llanamente, en algunos casos, demuestran que quieren aprovechar tales frutos sin respetar la legislación.

Todas esas materias se analizan en el ISL para proteger a sus funcionarios y usuarios, recopilando las experiencias de otras reparticiones como una posible plataforma del servicio público en general.