En la localidad de Huentelolén se realizó el funeral del carabinero Alex Salazar, asesinado en Concepción cuando realizaba labores de fiscalización y fue arrollado por un vehículo conducido por un extranjero.

Durante la ceremonia religiosa antes del funeral, el general director de la institución Ricardo Yáñez anunció el ascenso póstumo del cabo primero, quien pasó a suboficial mayor debido a "su entrega y servicio a la patria".

Posteriormente, sus restos fueron llevados hasta el cementerio de Cañete, donde fue acompañado por cientos de personas.

Además de anunciar el ascenso, Yáñez hizo alusión a las declaraciones que lo llevaron a ser citado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le llamó la atención por haber emplazado al Parlamento para legislar los proyectos que endurecen las sanciones para quienes atentan contra policías.

"Como general director, como carabinero, como chileno, esposo y padre, no puedo callar ante lo que nos ocurre. Lo dije el pasado lunes desde el dolor, que muchas veces excede el uso de la razón, pero hay que cuidar a quienes cuidan de nosotros", dijo Yáñez y agregó que "¿cómo no nos va a doler?¿cómo no le va a doler al país perder a uno de sus hombres que juró defender, con su vida, la paz, seguridad y tranquilidad de la nación? Sabemos que la principal prepocupación de los chilenos es la seguridad. El deseo de vivir tranquilos y en paz".

Matthei, insulza

Más temprano, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó duramente al Gobierno por haber citado al jefe policial a dar explicaciones por sus dichos.

En Radio Universo, Matthei aseguró que "lo que requiere Carabineros es respaldo y no llamados a dar explicaciones... Si ella (la ministra Tohá) hubiera dicho 'mire nosotros entendemos esto como como un pedido de ayuda, pueden mejorarse las formas', pero el tema es que efectivamente Carabineros necesita más atribuciones".

La alcaldesa, sin embargo, valoró que la ministra asistiera al velorio del carabinero asesinado, pero insistió en que "lo que vemos en el Gobierno, a cada rato, es que a distintos miembros se les escapa ese sentido de desconfianza en contra de Carabineros".

"Ese sesgo, por violencia y anticarabineros y antiorden, se les sale a cada rato y va a costar muchísimo volver a tender confianzas", finalizó.

El senador socialista José Miguel Insulza entró también al debate al afirmar en en Radio Pauta que los cuestionamientos a Carabineros durante el estallido "fueron errores graves".

"Nunca fui partidario de esas condenas. Creo ser una persona de izquierda que tiene la curiosidad de ser más interesado en la seguridad pública y respaldar a Carabineros desde siempre. Que respondan a eso los que propusieron refundar, cambiarles uniformes y hacer una serie de cosas porque nunca estuvo de acuerdo con eso", afirmó el senador.

Durante casi cuatro horas el Tribunal Constitucional (TC) escuchó ayer los alegatos frente a los recursos que presentaron senadores de Chile Vamos y Demócratas para que se declaren inconstitucionales siete de los 13 indultos otorgados el 30 de diciembre pasado por el Presidente Gabriel Boric.

De los requerimientos, seis corresponden a indultados por delitos cometidos en el marco del estallido social, a partir del 18 de octubre de 2019, entre ellos Luis Castillo Opazo, condenado a cuatro años de cárcel por diversos asaltos que cometió en Copiapó tras la revuelta y quien se calificó como "rodriguista" e "insurrecto" apenas obtuvo su libertad.

El prontuario de Castillo, sin embargo, contenía un par de decenas de ilegalidades previas, entre sentencias y detenciones, y era considerado un reo de alto compromiso delictual.

El séptimo requerimiento corresponde alexfrentista Jorge Mateluna, condenado a 16 años de cárcel como autor de un robo a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel en 2013.

Indulto en trámite

Además, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, en representación del Presidente Boric, señaló que existe una petición de indulto por el estallido social que está "en tramitación".

Al cierre de esta edición, el pleno del TC decidió oficiar al Ministerio de Justicia para que informe sobre "eventuales solicitudes de indultos particulares presentadas con anterioridad al día 29 de diciembre de 2022, de personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del denominado estallido social. De existir, remítase copuas digitales de los expedientes".

También pidió informar eventuales solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha señalada.

Previamente, el TC pidió "decretar medidas para mejor resolver, de forma previa a la adopción del acuerdo, en los siete requerimientos de inconstitucionalidad".

Hube y letelier

Durante los alegatos, la abogada UDI Constanza Hube, desde la parte requiriente, explicó ante el TC que "el Presidente tiene la facultad de indultar, puede indultar a quien quiere, no le tiene que pedir permiso a nadie. Es por esto que sólo se le pide que cuando deje en libertad a un condenado por delitos tan graves como el caso del señor Mateluna, o con evidente perfil criminógeno, como el señor Castillo o el señor Rojas, explique por qué lo está haciendo, porque eso no consta en los decretos impugnados".

Para Hube, lo central de la acción es revisar si los siete decretos supremos "están o no fundamentados", y citó declaraciones de Boric a la prensa el 2 de enero pasado, cuando dijo que "tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades (...) tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto".

Para Hube, esto indicaría que Mateluna fue indultado "con la convicción de que es inocente. Es la convicción más íntima por parte del Presidente".

Agregó que es grave que el Gobierno invocara la "razón de Estado" para justificar los decretos, pues "no está explícita" en los textos impugnados.

Letelier explicó que "los requerimientos interpuestos se refieren a dos tipos de indultos; el primer grupo es que beneficia a distintos condenados, en lo que se ha llamado 'estallido social', y el otro, que constituye un caso, beneficia al señor Jorge Mateluna, por un delito distinto y contexto diverso".

En los indultos del estallido, afirmó que el fundamento apunta a "la necesidad de superar una crisis política e institucional en la cual se generaron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, que exigen la adopción de acciones extraordinarias, que permitan restablecer la paz social. Y que el nivel de conflictividad del país configuró un contexto excepcional, enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En ese contexto, con el objeto de propender a la cohesión social, el reencuentro nacional y mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz, es que se conceden estos indultos".

En el caso de Mateluna, "las razones aluden a reinserción social, buena conducta, perdón a sus acciones, de informes psicológicos correctos (...) y razones de capacidad para reinsertarse en la sociedad".

Letelier dijo que los decretos tienen una "fundamentación transparente" y "detrás de ellos hay un proceso lógico y fundado que los justifique".