El Gobierno del ahora expresidente brasileño Jair Bolsonaro intentó introducir de forma ilegal joyas valoradas en 3,2 millones de dólares que Arabia Saudí había regalado a la entonces primera dama, Michelle Bolsonaro, en octubre de 2021, informó el diario 'O Estado de Sao Paulo'.

Según el periódico, las autoridades saudíes obsequiaron a los Bolsonaro "un collar, un anillo, un reloj y un par de pendientes de diamantes", pero al no ser declarados en la aduana del aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, el Fisco los incautó. Los agentes encontraron los exclusivos regalos en la mochila de un militar, asesor del entonces ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, que integraba la comitiva brasileña que viajó en la época a Oriente Medio.

De acuerdo con 'O Estado de Sao Paulo', al saber que habían sido confiscados, Albuquerque intentó hacer valer su cargo de ministro para liberar el conjunto de joyas de la marca Chopard, pero el Fisco mantuvo su decisión, pues en Brasil es obligatorio declarar cualquier bien que entre en el país y supere los 1.000 dólares.

El diario señaló que "en los dos últimos meses" del mandato de Bolsonaro (2019-2022), que terminó el pasado 1 de enero, "hubo cuatro intentos frustrados" del mandatario para recuperar las joyas, movilizando hasta a los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores.

El último intento tuvo lugar el pasado 29 de diciembre, tres días antes de Bolsonaro dejar el poder y ser sucedido por Luiz Inácio Lula da Silva, cuando "un funcionario del Gobierno" viajó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) hasta la aduana de Guarulhos y dijo que "estaba allí para retirar las joyas".

No consiguió su objetivo. 'O Estado de Sao Paulo' también recoge que el propio Bolsonaro envió una carta al gabinete del Fisco Federal "para solicitar que los bienes fueran destinados a la Presidencia de la República". Albuquerque confirmó a 'O Estado de Sao Paulo' que los regalos eran del Gobierno saudita.

Al menos 52 de los 94 nicaragüenses privados de su nacionalidad y de sus propiedades en Nicaragua tras ser declarados "traidores a la patria" pidieron "a todos los gobiernos democráticos" del mundo rechazar "estos actos ilegales e inhumanos" y condenar al Ejecutivo de Daniel Ortega.

"Llamamos a todos los gobiernos democráticos, en especial a los de Latinoamérica, a rechazar estos actos ilegales e inhumanos", abogaron a través de un pronunciamiento leído desde San José.

La excomandante guerrillera, historiadora y disidente sandinista Mónica Baltodano, una de las personas declaradas "traidores de la patria" y privada de su nacionalidad, hizo "un llamado enfático al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Brasil, al Partido de los Trabajadores, que no es posible que sigan guardando silencio con respecto a lo que está pasando en Nicaragua, que es totalmente contradictorio con los ideales democráticos y de justicia que ellos han enarbolado".

"Y un llamado en general a todas las naciones, particularmente de Centroamérica, a que se manifiesten en contra de esta atrocidad, que es absolutamente inadmisible de la democracia y de los regímenes modernos que gozan muchos países en el mundo", indicó.

CRÍMENES contra DD.HH.

En el pronunciamiento, titulado "Somos y seguiremos siendo nicaragüenses" y suscrito, entre otros, por la escritora Gioconda Belli, denunciaron lo que calificaron "barbarie sin precedentes" al ser declarados apátridas y despojados de su patrimonio.

"Como han denunciado organismos de derechos humanos, estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, que se suman a los cometidos por el régimen en 2018 y, como tales, deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional, tal y como señaló el gobierno de Colombia en su comunicado", consideraron.

"Este zarpazo a nuestros derechos esenciales desnuda la naturaleza criminal de una dictadura sin límites en lo ético, legal y político, que ha impuesto un régimen de terror que permea todos los estratos de la sociedad nicaragüense", agregaron.

En el documento, pidieron a la Secretaría General de la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a la OEA, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "denunciar la brutal agresión que contra nosotros y miles más ha lanzado el régimen dictatorial de los Ortega Murillo". Aseguraron que son parte de los 94 nicaragüenses "a quienes, por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad, la dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad, mediante una resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de convenios internacionales".

En el documento denunciaron a las autoridades por "pretender aplastarnos civil, económica y moralmente, mediante la eliminación de nuestros nombres de los registros públicos, y la prohibición de ejercer nuestros derechos civiles y políticos a perpetuidad". Las autoridades también han decomisado sus patrimonios, cancelados el pago de pensiones, y los han declarado prófugos de la Justicia, "todo con el fin de impedirnos seguir en la lucha por la democracia", añadieron.

Agradecen a chile

Asimismo, agradecieron "a todos los gobiernos que han condenado a la dictadura por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y a los que generosamente nos han ofrecido su nacionalidad", entre los que mencionaron España, Chile, Colombia, México y Ecuador, así como a Estados Unidos y a Costa Rica que han recibido con hospitalidad a los desnacionalizados.

"Su solidaridad nos alienta y debilita a la dictadura. Por favor, mantengan su apoyo y rechazo al régimen orteguista, y acompáñennos en la defensa de nuestros derechos y el establecimiento de la democracia", instaron.

En el documento demandaron "la liberación inmediata de los más de 35 presos políticos, en particular, la de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa -también despojado de su nacionalidad-, quien prefirió la prisión al exilio".

Además de Gioconda Belli firmaron el pronunciamiento el periodista Carlos Fernando Chamorro, y el excomandante Luis Carrión, un antiguo compañero de armas de Ortega.

También el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan.

La Iglesia católica portuguesa no va a apartar por ahora a los sacerdotes que siguen en activo sospechosos de haber abusado sexualmente de menores y pondrá sus nombres a disposición de las diócesis para que estudien los casos y actúen según las "normas civiles y canónicas".

"No podemos apartar de un ministerio a alguien sólo porque viene una persona diciendo que es un abusador", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, en una rueda de prensa en Fátima tras la asamblea que reunió a los obispos para estudiar medidas, en la que también descartó indemnizaciones para las víctimas.

La comisión de expertos creada por la CEP para estudiar los abusos cometidos en el seno de la Iglesia en los últimos 70 años divulgó su informe final en febrero, en el que estima que al menos hay 4.800 víctimas, y entregó hoy a los obispos una lista con cien sospechosos de abusos que siguen en activo.

Ornelas prometió que esa lista tendrá su "debido seguimiento" por parte de los obispos de cada diócesis, pero insistió en que es necesario estudiar cada caso y que el documento es sólo "una lista de nombres", lo que dificulta las investigaciones.

"Sin saber quién denunció y por qué denunció, es muy difícil", dijo Ornelas, que aun así prometió que se analizará "nombre a nombre": "Si hubiese otros documentos que nos lleguen para identificar a la persona y lo que hizo mal, evidentemente tomaremos medidas", afirmó.

Más de 200 ciudadanos e instituciones católicas pidieron el jueves a la CEP que los obispos que encubrieron casos de abusos sexuales a menores se retiren de sus funciones en los próximos 60 días y que los sospechosos de abusos en activo sean suspendidos "con carácter preventivo".

Cuestionado sobre estas peticiones, Ornelas insistió en que "nadie es culpable antes de ser juzgado" y que hay que "encontrar esos casos y ver la verdad de los hechos".

El presidente de la CEP también descartó indemnizaciones a las víctimas por parte de la Iglesia, como se ha hecho en otros países: "Si alguien ha actuado mal, ese alguien es el responsable".

Los obispos reunidos en la asamblea acordaron crear una nueva comisión dentro de la Iglesia para recibir testimonios de víctimas, en la que también habrá miembros de fuera de la institución.