La balanza comercial de Argentina sufrió un fuerte impacto negativo, cuantificado en 4.940 millones de dólares, por las consecuencias económicas globales de la invasión rusa a Ucrania, de cuyo inicio se cumpló ayer un año.

Ese cálculo, realizado por las autoridades argentinas, surge de la diferencia negativa entre las proyecciones previas a la guerra respecto a las importaciones de combustibles, las exportaciones agropecuarias y los costos por fletes y el comportamiento que efectivamente se dio en estos ítems tras la escalada de los precios internacionales por el conflicto bélico.

Según un informe del Ministerio de Economía argentino difundido ayer, el impacto negativo se hizo sentir con fuerza en el mayor gasto que debió afrontar Argentina para importar combustibles y por costos de fletes, que no llegó a ser compensado por los mejores precios internacionales de los productos agropecuarios que exporta el país suramericano.

"Se observa un aumento del valor de las importaciones de combustibles en 3.757 millones de dólares en relación a los 1.999 millones proyectado a precios preguerra. En relación con el complejo agroexportador, se evidencian exportaciones netas por un total de 617 millones adicionales a lo proyectado antes de la guerra", precisa el informe.

En cuanto a los costos por flete para exportación, éstos implicaron un gasto adicional de 1.800 millones de dólares por sobre lo proyectado antes de la guerra. "El impacto final de la suba de precios internacionales a causa del conflicto en Ucrania se estimó en 4.940 millones de dólares", señala el informe oficial.

Según el Ministerio de Economía, durante el invierno austral de 2022 el saldo energético "fue significativamente negativo, totalizando una balanza comercial negativa producto de las importaciones energéticas", con "un aumento exponencial del déficit del sector energético en la balanza comercial con respecto a los meses invernales de 2021".

En este escenario, el Gobierno argentino desplegó una serie de acciones para intentar paliar las consecuencia del cambio de precios relativos, incluyendo incentivos para aumentar la producción doméstica de gas, la renegociación de los contratos de importación de gas natural desde Bolivia y la importación de energía eléctrica desde Brasil a precios más competitivos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), que ha reportado un preocupante empeoramiento de la situación de seguridad alimentaria en Colombia, ve con optimismo que el nuevo Gobierno de Gustavo Petro tenga como prioridad combatir el hambre.

"Que el Gobierno haya puesto en la mesa el tema del hambre como un tema prioritario, de democracia, de inclusión, de dignidad, de respeto, de reconocimiento, es fundamental", dijo el director para Colombia del PMA, Carlo Scaramella.

Este programa de la ONU lanzó la pasada semana una evaluación del panorama en Colombia que apuntaba a que un 30% de la población estaba en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa.

15,5 millones

Esto "significa que 15,5 millones de personas en Colombia tienen dificultades de poder acceder a una dieta saludable de forma continua y tienen que activar medidas y estrategias de gestión de crisis frente a una situación de sufrimiento económico", explica el director. Si se compara con los últimos datos, de 2015, "se evidencia un deterioro en la situación de la seguridad alimentaria y nutricional del país", apunta el italiano.

Se trata de un "gran problema" derivado de la "incapacidad de acceso económico por parte de las poblaciones más vulnerables" e "insuficientes recursos en los hogares para poder asegurar un acceso a alimentos que sean más seguros, saludables y de calidad", añade.

"En general, la situación en América Latina ha sido difícil debido al covid", apunta Scaramella, y señala que la pandemia se ha juntado al impacto de la inflación debido a la guerra en Ucrania y que en Colombia se suman a otros "factores estructurales como el conflicto, la violencia o el desplazamiento" que afectan la capacidad de "producir para el autoconsumo". También al cambio climático y fenómenos como La Niña que han afectado, con varios meses de intensas lluvias, al norte del país, que es el que vive la peor situación en cuanto a hambre.

EL 50% DEL sueldo

Al final la situación deriva, como explica Scaramella, en "un fenómeno de endeudamiento que se está dando en gran parte de esta población". "La población gasta hasta el 50% de sus salarios en alimentación" y con el aumento de la inflación "ese porcentaje va a aumentar", lo que le quita espacio a poder pagar otros servicios como salud o educación.

Es una cifra alarmante que acaba, en la práctica, resultando en que "al reducirse la capacidad de gasto de los hogares, se reduce también la posibilidad de esos hogares de gozar de toda una serie de beneficios".

Colombia tiene, en palabras de Scaramella, un "legado histórico del tipo de articulación económica y de inversión que se ha hecho en la agricultura del país y también el legado histórico de la inequidad con la cual las tierras son distribuidas en el país".

Es decir, que la mala repartición de tierras y el inexistente acceso que hay para muchos sectores de la población ha agudizado la situación de hambre, por lo que una reforma rural -que es uno de los puntos que el nuevo Gobierno está intentando impulsar- es "fundamental del cambio". Esta inequidad en el acceso a tierras "es completamente intolerable", por eso el representante del PMA destaca medidas como la compra de tierras que ha anunciado el Gobierno u otras de protección social.

"Pensamos que esta es la manera de seguir adelante, este es un proceso dinámico que necesita de un continuo fortalecimiento, de un seguimiento muy atento, de un monitoreo del impacto de esas políticas para poder asegurar que el país pueda seguir adelante", alienta.

Y también lo es "poder trabajar con el sector privado para redireccionar una parte de ese potencial que tiene el país alrededor de una producción que sea más dirigida al propio consumidor colombiano", asegura.

"Es una paradoja el hecho de que Colombia importa más del 60% de sus cereales, eso es una cosa que no se puede permitir", subraya.

Por eso la respuesta del Estado tiene que pasar por "tener en cuenta los factores estructurales, mejorar la producción, asegurar que los territorios se involucran en procesos productivos y por valorar los productos nativos".

"El tema del hambre es un tema central no solo para el bienestar de la población, sino para la seguridad política del país", concluye Scaramella, por lo que Colombia tiene que empezar a ver "la alimentación como un derecho humano".