La figura del gobernador regional cuyo propósito fue mejorar el vínculo de la institucionalidad con las necesidades regionales, nació débil y vive con pronóstico reservado. Y es que la muerte del cargo de delegado presidencial (intendente) que han pedido los gobernadores podría caer sobre ellos mismos. No hay garantías de que un gobernador sea más eficaz y legítimo que un intendente, y me asisten tres razones para sostener aquello.
La primera es la baja participación electoral en su elección. En el caso de Atacama, participó un 12,66% del electorado, 17.604 personas se inclinaron por el actual gobernador, y en consecuencia éste se impuso con el 7,5% de los votos de la región. Es una figura impuesta por un modelo institucional ajeno a la historia republicana de Chile, y por ello no concita apoyo ni despierta interés popular.
La segunda es la menor eficacia de la gestión pública. Por un lado, en Atacama la baja ejecución presupuestaria del año 2022 reveló que los recursos de la región no se aprovecharon como habían prometido y que en su primer año (segundo semestre 2021) el Gobernador sólo aprovechó el impulso de la administración anterior, sin que tuviera incidencia su gestión propia. Por otro, a partir de su intervención legal, ha contribuido a detener los proyectos mineros, y en particular el del litio, que significó retroceder en nuestras expectativas de participación futura en el mercado mundial. Todo ello está lejos de lo que anhela la gente: más oportunidades de trabajo y que en la región el progreso se note.
La tercera es el bajo liderazgo político aún cuando fue elegido. Los Gobernadores de izquierda (al igual que el Presidente Boric) no fueron neutrales en el plebiscito y además se inclinaron utilizando los recursos de todos los chilenos para apoyar la opción apruebo, desconociendo la ruta democrática institucional que tanto tiempo había seguido Chile. Es útil señalar que la izquierda de Atacama sufrió una contundente derrota electoral al obtener el 40,42% de los votos, y recibió una señal clara de que Chile no quiere comunismo, como lo siguen defendiendo los actuales gobernadores regionales en una posición muy ajena al interés popular.
El tipo de regionalización que impulsa la izquierda levantó una solución estéril, lejana a la política centrada en resolver los problemas de la gente, que se paga con el bolsillo de todos los chilenos y especialmente de la gente de clase media. El Gobierno del Presidente Boric, aún cuando sufrió la peor derrota electoral de su historia, insiste en llevar adelante el plan de deconstrucción de la identidad nacional, con el único propósito de vivir la experiencia socialista cuyos datos exhibe la CEPAL, y así destruir la fortaleza institucional que nos posicionó alguna vez como el país que daba mayor confianza para invertir en América Latina. Hoy, en lugar de avanzar en la unidad y recuperar la solidez institucional, al animar la eliminación de la función del delegado presidencial regional, insiste en la fragmentación de Chile y en derribar la coherencia política institucional, a fin de lograr el anhelo comunista de distanciar a las instituciones y la gente, aún cuando declaren lo contrario.
Patricio Urquieta
Ex delegado presidencial