Javiera Sánchez

Una carta firmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bielorrusia envió hace unas semanas el Gobierno de ese país a la Cancillería chilena pidiendo su intervención en el conflicto entre Codelco y el Consorcio CBM, conformado por la chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz.

Esto luego que la compañía estatal terminara de forma anticipada el contrato adjudicado en marzo de 2021 de movimiento de tierras asociado al proyecto Rajo Inca, el que busca extender la vida de División El Salvador en 47 años.

Esto porque de acuerdo a la minera, el consorcio no habría cumplido con medidas de seguridad y presentaría un atraso de doce meses en las obras del proyecto estructural.

Problemas entre la minera chilena y el grupo chileno-bielorruso que se habrían iniciado desde hacía meses, pero que llevaron a Codelco a querer terminar el contrato cuando uno de los trabajadores murió en un trágico accidente en julio pasado.

Pronunciamiento del Gobierno Bielorruso producto del origen estatal de la empresa Belaz, propietaria de camiones de alto tonelaje, que busca la intervención de la Cancillería chilena en el asunto.

Ahora bien, según constató Emol, el asesor jurídico de la firma Belaz, Antonio Saavedra, solicitó una audiencia, través de la Ley de Lobby, con el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, esto luego que la carta enviada hace unas semanas no habría sido respondida al Gobierno Bielorruso.

"La Cancillería bielorrusa entiende que una nota diplomática sobre un tema en particular al menos debiera ser contestada, tomada razón de la misma, y dar siquiera alguna derivación o recepción para recabar antecedentes, cosa que al día de hoy no ha existido. Más aún cuando los ejecutivos de Bielorrusa vinieron a Chile", sostuvo el abogado al medio nacional.

De esa forma, de acuerdo a la Ley de Lobby, la autoridad chilena tendría tres días hábiles para pronunciarse respecto a la solicitud de audiencia.

Postergación

Desde Codelco El Salvador explicaron a Diario Atacama que el conflicto y el término del contrato con el Consorcio CBM, tendría un impacto en el cobre fino, con un desfase de la producción entre 90 a 100 mil toneladas en los próximos tres años.

No obstante, desde la división El Salvador han tomado medidas de mitigación a través de dos estrategias.

La primera de ellas, es que inmediatamente tras la salida del consorcio, la minera va a salir al mercado con un proceso de licitación, donde hoy estarían negociando con cuatro empresas con el propósito de comenzar el proceso de adjudicación en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, comentaron que el proyecto Rajo Inca será aperado por la división El Salvador, lo que harán con los camiones de extracción minera que reacondicionaron de la minera Chuquicamata, que serán operados por los trabajadores de la mina subterránea que están en proceso de capacitación para esa labor.

Capacitaciones que están realizando al equipo que realizaba labores en la mina subterránea con el fin de reconvertirlos y que puedan cumplir funciones en Rajo Inca.

Por lo mismo, para la operación de Rajo Inca se han estado preparando con la implementación de todo lo necesario, como el equipamiento de movimiento de tierra con el fin de retomar el proyecto donde lo dejó el Consorcio CBM.

De esa forma, el plan de Codelco El Salvador consiste en poder realizar ellos mismos el trabajo en Rajo Inca, que esperan iniciar entre los meses de abril y mayo. Adicionalmente, indicaron que la idea era emplear a trabajadores del consorcio que tras el término de contrato hayan quedado sin su fuente laboral, para lo que solicitarán a la próxima empresa contratista considerarlos en el proceso de contratación.

"La Cancillería bielorrusa entiende que una nota diplomática sobre un tema en particular al menos debiera ser contestada"

Antonio Saavedra, Asesor jurídico de la firma Belaz

La Fiscalía anunció la implementó en la Fiscalía Local de Copiapó la Unidad de Causas para delitos de Género. Medida que había sido anunciada por el Fiscal Regional, Alexis Rogat Lucero, en su pasada Cuenta Pública de Gestión.

Respecto de las tareas de esta unidad, el fiscal jefe de Copiapó, Christian González Carriel, indicó que la finalidad de este equipo de trabajo busca reforzar la tramitación de aquellas causas con víctimas mujeres, niñas y adolescentes en delitos referidos a violencia intrafamiliar o de carácter sexual. "La Fiscalía Local de Copiapó siempre ha tenido prioridad en este tipo de casos y la creación de esta unidad llega para ampliar su función investigativa al requerir de actuaciones inmediatas y que a nivel institucional cuentan con protocolos de actuación prioritarios a partir de las denuncias de las afectadas", dijo González.

De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe de la capital regional, la Unidad de Causas para delitos de Género estará integrada por los fiscales Guillermo Zárate, Andrea Díaz y Carolina Trivelli, además de la abogada asistente Mariela Avila.

Cabe mencionar que de acuerdo a las cifras de la Fiscalía de Atacama, en el año 2022 este tipo de delitos aumentó en un 6% respecto del año anterior con un ingreso de 2.806 denuncias a nivel regional.

Trabajo

A partir de la creación de esta importante unidad de tramitación e investigación se comenzaron a realizar las gestiones para presentar al equipo de trabajo con las instituciones que participan de este tipo de causas.

Es así que los fiscales sostuvieron una reunión con el jefe de la Brisex de la PDI, subprefecto Mario Huentelemu, a quien se le comentó cuáles serán los mecanismos y la función que se realizará, junto con plantear los principales requerimientos que se realizarán frente a la recepción de denuncias por parte de las víctimas.

Finalmente, el fiscal Christian González indicó que estos encuentros de coordinación y presentación se realizarán además con Carabineros y Sernameg.