El sistema definido para la redacción de la nueva Constitución sigue generando críticas. Una de ellas, es que se pasó de un modelo anterior en el que se abrían las puertas a los sectores minoritarios, a los independientes y pueblos originarios a otra en que la cabida que tendrán será casi nula.

Es cierto que el anterior método fracasó con el triunfo del Rechazo y había que reformularlo. No borrarlo, completamente, porque es muy necesario que el país siga avanzando en temas de inclusión, y si bien, en el actual sistema están presente, es muy difícil que estos sectores logren una representación.

Por ejemplo, los pueblos originarios tienen muy pocas opciones de que uno de sus representantes se siente en el Consejo Constitucional. De hecho, esa realidad se refleja en que se inscribieron solo tres candidaturas a diferencia de las 95 del proceso anterior, que aseguraba 17 escaños reservados.

Hoy no hay reserva, pero sí la posibilidad de incluir a alguno de los tres postulantes si logran cumplir con las reglas eleccionarias. Para que uno salga tiene que obtener al menos el 1,5% de la votación total y para que sean dos un 3,5%.

Analistas, sobre la base del plebiscito de salida en que sufragaron 13 millones de chilenos, explican que para que uno llegue deben sumar entre los tres 195 mil votos. Cifra difícil de alcanzar si se toma en consideración que en la elección pasada todos los postulantes de los pueblos originarios totalizaron poco más 220 mil preferencias. Qué decir para elegir dos.

La situación es similar para los independientes, que también se inscribieron tres candidatos. Dos de ellos aún reúnen firmas para ratificar sus postulaciones y apelan a un milagro para poder ser electos.

Claramente que no se quiso repetir la experiencia pasada, en la que independientes crearon dispersión al abogar por demandas acotadas a un sector reducido, casi individuales, en desmedro de los acuerdos. Así y todo, una mayor consideración habría sido justa.

La falta de matices puede ser un factor que defina la creación de este nuevo proyecto constitucional y si no es tomada en cuenta en lo inmediato, puede conducir a un nuevo fracaso. Escenario que no es descartable conociendo los desaciertos de la clase política.

Estamos ad-portas del término de las vacaciones. En medio del trafago del verano, marcado por los devastadores incendios forestales en el sur del país, el país asiste a un retorno al debate público o publicado, en el que distintos temas "compiten" para situarse como las prioridades en las que deberíamos focalizar energías y tiempo para su abordaje y resolución. Es lo que se denomina el "efecto cenicienta" … se acaban las vacaciones y suenan las campanadas que anuncian que hay que volver a la compleja cotidianeidad. A saber, estamos en pleno proceso constitucional y ya en marzo se instalarán las comisiones de expertos y de admisibilidad, y en paralelo, se iniciarán las campañas de los candidatos a consejeros constitucionales para en mayo tener el primer certamen electoral del año. Al mismo tiempo, la preocupación por la situación de la economía no da tregua. El IPC de enero superó las expectativas de todos los agentes, mala noticia para la proyección de la inflación anual y, por otra parte, se confirman las previsiones respecto del crecimiento negativo de este año, confirmando que nuestra economía estaría en un periodo recesivo con su consecuente impacto en el empleo, los ingresos, el consumo, la evolución de indicadores sociales, entre otros efectos. Sumemos la situación de incertidumbre sobre que sucederá con el sistema de salud privado cuyo pronostico es reservado y que tiene un impacto directo para mas de 3 millones de personas afiliadas a las Isapres y, por extensión, para todo el sistema de salud.

¿Están las capacidades, las voluntades y las energías para resolver todo esto?

Algunos de los asuntos reseñados son coyunturales y otros permanentes. Otras materias sustanciales quedan relegadas como es el caso de la Educación, la que desaparece en la escala de prioridades y que cada cierto tiempo reaparece con titulares preocupantes pero que el tiempo consume pronto. Uno de los últimos debates del 2022 fue motivado por los datos sobre la inasistencia a clases. Para aterrizar este fenómeno en clave regional es conveniente conocer algunas cifras: Atacama el año 2019 tenía un 32% de inasistencias graves y a septiembre de 2022 se elevó a un 67% lo que la posiciona como la región con la más alta tasa de todo el país en este ámbito. La inasistencia grave se entiende como los estudiantes que en promedio asistieron a menos del 85% de sus clases.

¿Qué reflexión nos motiva este indicador?

Claramente, si queremos ser más inclusivos, mejorar nuestros niveles de bienestar, aumentar nuestra productividad o consolidar nuestra convivencia cívica, la escolarización que da paso a la Educación, es fundamental. Si ello no ocurre dedicaremos siempre, como nos lo decía Covey, más tiempo a lo urgente y menos a lo verdaderamente importante.

Con la participación activa de expertos en este nuevo proceso constituyente, deberá ofrecerse una propuesta de texto constitucional que permita abordar de manera objetiva y clara el régimen que será aplicable a la actividad minera, lo que fue conocido - en el contexto del frustrado proceso - como estatuto constitucional de los minerales.

La vigente Carta Magna en su artículo 19 número 24, considera un sistema de garantías a la actividad minera y su régimen concesional, refiriéndose además, al estatuto dominical del Estado sobre las minas, como también la determinación -conforme a la ley - de aquellas sustancias que son concesibles respecto de las que no ostentan tal carácter.

A más de lo dicho precedentemente la actual Constitución posee la característica de contener un marco jurídico que ofrece seguridad jurídica a los inversionistas, sumado a una ya conocida y robusta Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras 18.047, el Código de Minería, su Reglamento y la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, 20.551, todos los cuales conforman el corpus iuris minero local.

Como es un asunto eminentemente técnico, merece que los expertos designados desplieguen sus mejores y mayores esfuerzos a objeto de reforzar la seguridad jurídica del estatuto minero actual, en su indiscutible relación con la institucionalidad ambiental. En dicho sentido se deberá conceder especial atención al planteamiento de alternativas que permitan abordar la regulación de los pasivos ambientales mineros generados previo a la dictación de la ley 20.551, sobre Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, cuestión que no ha sido regulada hasta esta data.

Además, deberá fomentarse el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal, redefiniéndola, con el afán de que aquella actividad minera histórica no perezca hundida por el ejercicio de la industria de gran escala. Todo lo anterior, de tal modo que, no resulte mayormente complejo valorar a quien o quienes debe considerarse como pequeño minero o minero artesanal, eximiéndoles de ciertos requisitos para que se les considere en calidad de tal. También es una gran oportunidad para otorgarle énfasis a una necesaria reorganización y replanteamiento de la seguridad minera, indispensable para otorgarle seriedad al ejercicio de esta industria, como a su vez pueda ser la ocasión de analizar un sistema de libre concesibilidad del litio, tan en boga durante el último tiempo.

En fin, en materia regulatoria, los expertos deberán ejercer una empresa de cierta dificultad técnica y jurídica, la que -llevada de manera concienzuda y objetiva - permitirá mantener a nuestro país en el pódium respecto del cual históricamente se ha situado.

María Karina Guggiana Varela

Abogada y Doctor (c) en Derecho