El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) urgió este jueves a los Gobiernos de Latinoamérica a reducir la deuda pública en una cuarta parte, después de que escaló desmesuradamente por las medidas llevadas a cabo para paliar las consecuencias de la pandemia.

"Los países de América Latina y el Caribe deben priorizar la reducción de la deuda a niveles prudentes para impulsar el crecimiento económico, favorecer la inversión productiva y reducir el riesgo de una crisis de endeudamiento", apuntó el organismo en un informe.

Todo ello después de que la deuda pública se disparó hasta superar el 70% del producto interno bruto (PIB) debido en parte a los gastos que "ayudaron a la región a combatir la pandemia", pero que ahora son "un lastre para la economía".

Además, las empresas emitieron "montos considerables" para sobrevivir a la crisis, por lo que la deuda total escaló a unos 5,8 billones de dólares, cifra equivalente al 117% del PIB de la región, y hasta el 140% del PIB en las cinco economías más grandes.

Por ello, el informe titulado "Lidiar con la deuda, menos riesgo para más crecimiento en América Latina y el Caribe" alerta de que los altos niveles de deuda pueden obstaculizar el desarrollo porque "impulsan a los inversores a exigir mayores rendimientos y desplazan las inversiones privadas" y "obligan a los Gobiernos a desviar recursos escasos para pagar intereses, en lugar de invertir en infraestructura y servicios públicos".

Además, un excesivo endeudamiento también reduce la capacidad de los países de responder a futuros shocks económicos para apoyar a los hogares y las empresas, y aumenta por lo tanto el riesgo de crisis.

"La pandemia, la invasión rusa a Ucrania, la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y el bajo crecimiento mundial, combinados con una deuda elevada, aumentan la vulnerabilidad de la región", señala el informe.

El BID ofrece una serie de recomendaciones entre las que está la de reducir considerablemente la deuda pública, que hoy promedia en el 70% del PIB, hasta un nivel "prudente" de entre el 46% y el 55%, en función de las características específicas de cada país; y analiza varias políticas que pueden ayudar a los Gobiernos a llevar la deuda hasta niveles prudentes y promover su sostenibilidad.

Entre ellas, mejorar las instituciones fiscales para depender menos de políticas discrecionales, que haya una mejor planificación fiscal a mediano plazo y evaluaciones independientes de las medidas.

Un grupo de congresistas peruanos de izquierda, en minoría en el Legislativo, presentó el miércoles una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral".

En el documento, firmado por 26 parlamentarios, se exhibe como argumento para su destitución que Perú "está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte".

La presentación de la moción debe contar, con la firma de un mínimo de 26 legisladores, tras lo cual deberá recibir 52 votos para ser admitida a trámite

Asimismo, para que se declare la destitución de un gobernante, se requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.

No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en varias ocasiones que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente "carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú".

Esa situación, a su juicio, "puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos", por lo que ha instado al Estado "a que, por medio de las autoridades competentes, avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho".

A su vez, ayer el Congreso peruano declaró persona non grata al expresidente boliviano Evo Morales "por sus constantes incitaciones en la política nacional" que, siempre a juicio del Parlamento, buscan "desequilibrar el orden interno del país".

La moción contó con el voto favorable de 74 congresistas, mientras que 40 parlamentarios votaron en contra y 4 se abstuvieron.

A través de dicha moción, expresan el "rechazo contundente a las constantes declaraciones públicas de intromisión e injerencia en asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú" por parte de Morales.

Embajador en Honduras

En tanto el Gobierno peruano retiró ayer definitivamente a su embajador en Honduras, Jorge Alejandro Raffo, en respuesta a "la inaceptable injerencia" en asuntos internos de la presidenta de ese país, Xiomara Castro, al desconocer el Ejecutivo de Dina Boluarte, anunció ayer la Cancillería del país vecino.

A través de un mensaje en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores añadió que, como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales se "mantendrán, de manera indefinida, a nivel de encargados de negocios".

Cabe recordar que Castro condenó, durante su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el "golpe de Estado" en Perú y mostró su "solidaridad" con el destituido mandatario "legítimo, electo" Pedro Castillo, de quien pidió su "inmediata liberación".

En este sentido, Honduras reafirmó ayer condena a golpe de Estado en Perú y "la represión" en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Además pidió "la liberación inmediata" del exmandatario, según palabras del canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina.

Desde el 11 de diciembre comenzaron las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente, y que se han mantenido este mes con fuerza.

Junto con dejar 54 personas fallecidas (ver recuadro), las manifestaciones han interrumpido el suministro de petróleo en las regiones más apartadas del país y ayer la liga de fútbol anunció que suspenderá su segunda fecha.

Venezuela, Cuba y Nicaragua "no deben tener presencia" en la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró el recién nombrado embajador de Estados Unidos ante el organismo, Francisco Mora.

El embajador, quien presentó la semana pasada sus credenciales ante el organismo, señaló en una llamada con periodistas que en la OEA solo deben tener representación los países con gobiernos "que han sido democráticamente elegidos".

"Si vamos a comprometernos con la carta de la OEA (...) países donde existen estos tipos de regímenes, no deben tener presencia" en el organismo, sentenció Mora, en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Sobre este último país, sin embargo, Mora recalcó que, en su opinión, si se logran celebrar elecciones "libres y justas" como parte de las negociaciones entre la oposición y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, Venezuela podría entrar de nuevo en la OEA.

"No hay por qué pensar que el próximo Gobierno que sea elegido después de unas elecciones libres (...) no pueda regresar con un representante al Consejo Permanente", dijo el embajador, de origen cubano.

Hasta principios de este año, el asiento de Venezuela en la OEA estaba ocupado por Gustavo Tarre, un representante enviado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, pero cesó sus funciones después de que se decidiera remover a Guaidó como presidente interino.

El Gobierno de Nicolás Maduro presentó en 2017 una solicitud formal para retirar a su país de la OEA.

De la misma manera, Nicaragua también decidió iniciar el proceso para salir de la OEA en 2021 y su embajador ante el organismo, Artur McFields, renunció a su cargo en abril del 2022 y denunció al Gobierno de Daniel Ortega por violaciones a derechos humanos.

Cuba, por su parte, fue excluida en 1962 por su adhesión al bloque comunista soviético y su enfrentamiento con EE.UU. luego de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Los miembros del bloque anularon esa decisión en 2009, pero Cuba no ha pedido su reincorporación.