Tras la molestia del gobierno peruano por el discurso del Presidente Gabriel Boric en la cumbre de la Celac, donde criticó duramente la represión de las protestas en el país vecino, el Mandatario chileno aseguró ayer que "nosotros respetamos profundamente la institucionalidad del Perú y los mecanismos constitucionales del Perú".

"Lo que yo he hecho en particular en la Celac, en un marco de respeto, es manifestar nuestra preocupación por la violación de Derechos Humanos y por el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha en el marco de las protestas que se han llevado adelante en Perú", insistió Boric a pocas horas de haber recibido el reclamo del canciller peruano por sus dichos de la víspera.

En ese sentido, aseveró que "yo tengo la tranquilidad que tanto como Presidente y como diputado he mantenido un solo estándar en esta materia".

Por su parte, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, abordó el tema en Tele 13 radio y comentó que "extremar a que existe un socavamiento de la política exterior o que existe un deterioro o una situación crítica, en verdad no comparto ese juicio".

"En las relaciones internacionales no tenemos ningún tipo de conflicto suscitado a propósito de la política exterior chilena, salvo el puntual reclamo de Perú. No creo que podemos hablar de una situación de deterioro o deficiencia en materia exterior, sin desconocer que el episodio de la filtración del audio fue incómodo", explicó la secretaria de Estado.

Sobre la filtración de la grabación, la calificó como "un episodio por cierto incómodo", pero que "verdaderamente celebramos que no haya implicado un deterioro de las relaciones con Argentina, sino que por el contrario. El mismo Presidente Fernández y el canciller argentino han reconocido que no tuvo impacto en ese ámbito".

Boric, en tanto, descartó nuevamente desde Aysén la salida de Urrejola de su equipo de ministros y también dijo que "yo no hago cambios de gabinete por presiones".

La Cámara de Diputados aprobó con 110 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y zonas fronterizas.

La iniciativa había generado rechazo en la oposición y algunos cuestionamientos desde el Ejército, pero el miércoles por la noche una Comisión Mixta llegó a buen puerto para llevar la idea a la sala incluyendo un protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y parlamentarios donde se establece que se constituirán mesas técnicas de trabajo para analizar propuestas sobre las reglas de uso de fuerza para elaborar un proyecto en la primera semana de abril.

Por otro lado, se reafirmó que el Gobierno impulsará iniciativas legales como facultar controles de identidad en fronteras, facultades a tribunales para que puedan considerar penas en el extranjero en circunstancias de reincidencia y habilitar al Ministerio Público a realizar actuaciones ante embajadas y organismos consulares ante una detención.

El proyecto permite que mediante un decreto suscrito por Interior y Defensa, las FF.AA: se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica nacional "cuando exista peligro grave o inminente a su respecto". Esa atribución también se puede usar para resguardar áreas de las zonas fronterizas del país.

Para esto, el Presidente deberá designar a un oficial general que estará al mando de las FF.AA. y de Orden y Seguridad Pública en el área específica y la medida puede durar hasta 90 días, aunque se puede renovar con acuerdo del Congreso.

Sobre la posible creación de una policía de fronteras, se desarrollará una propuesta que deberá estar lista en mayo.

"En esta mesa tenemos muchas razones para temer al militarismo, pero esto no es militarismo, es empleo democrático de las FF.AA. para una labor que debiera ser parte natural de su misión, porque tiene que ver con la seguridad de país", afirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá, por las críticas a las atribuciones de las FF.AA.

Redacción

El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible los requerimientos de inconstitucionalidad que presentaron senadores de Chile Vamos y Demócratas para intentar revocar indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y a seis de los 12 beneficiados.

Los requerimientos se presentaron el 12 de enero y apuntan, Mateluna, Bastián Campos, Claudio Romero, Jordano Santander, Luis Castillo, Brandon Rojas y Felipe Santana.

El martes, el TC los acogió a tramitación y ayer en la Sesión del Pleno del TC se determinó la admisibilidad de estos.

El organismo, liderado por la presidenta Nancy Yáñez, "resolvió declarar la admisibilidad de los siete requerimientos de inconstitucionalidad, deducidos por un grupo de honorables senadores y senadoras de la República, en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares".

La decisión se tomó "con una prevención del ministro señor Pozo, quien estuvo por escuchar alegatos antes de resolver lo anterior".

"Se otorgará traslado a su excelencia, el Presidente de la República, y al señor contralor general de la República, para que en un plazo de diez días, y si lo estiman pertinente, se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión del tribunal", agregan.

Por último, el TC explicó que "esta magistratura se pronunciará sobre el fondo de los requerimientos, escuchando los alegatos de las partes en audiencia pública".

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, destacó que "si bien no se pronuncia respecto al fondo, ya que sea admisible quiere decir que tiene mérito suficiente para que se revise el fondo".

El senador Iván Flores (DC) comentó que "nosotros advertimos que el Presidente o el Gobierno podía ser llamado al Tribunal Constitucional respecto del indulto del señor Mateluna, que ya había sido indultado".

Reacción de cordero

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que "la discusión del indulto se había trabado jurídicamente, en una presentación a Contraloría y en el TC con la admisibilidad del TC más menos se tiende a ordenar esa decisión jurídica".

"Lo primero es que el TC ha dado diez días de plazo para formular las observaciones. Luego vendrán los alegatos en el mes de marzo y el Estado, en este caso el Ministerio de Justicia, tendrá la obligación de defender la legalidad de los actos administrativos y de los procedimientos que se han instruido al efecto", añadió.

Por último, explicó que "el procedimiento ante el TC está relativamente estandarizado, el plazo es el que establece la ley y el tribunal probablemente nos va a comunicar el calendario".