En el contexto actual en que la niñez y la adolescencia se están desarrollando en Chile, se hace imperativo poner en funcionamiento y aprovechar todas aquellas oportunidades que hoy se visualizan en torno a la temática y que determinarían, en el mediano y largo plazo, una transformación positiva de la misma.
El Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia es un instrumento, creado por ley, que está compuesto por un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a promover, respetar y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes, hasta el máximo de recursos de los que pueda disponer el Estado.
El nacimiento de este sistema permitió dar un salto cualitativo permitiendo que todas las otras iniciativas evolucionen sobre la base del mismo para la obtención de resultados concretos y ansiados.
En ese marco, una agenda temprana y robusta de prevención social cobra una relevancia determinante, sobre todo porque se hace cargo de los factores de riesgo, pero con una perspectiva centrada en las fortalezas que supone un alejamiento profundo y una reinvención de las prácticas profesionales convencionales, pasando al análisis de los problemas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
Son muchos los desafíos que debemos enfrentar al asumir el trabajo enfocado a la prevención, especialmente considerando que no somos un país que se caracterice por trabajar con ese horizonte. Es sabido que, históricamente, la mayor parte de los recursos se han concentrado en la reparación de los daños. Pero, hay un aspecto que es muy importante en estas prácticas y que dice relación con el enfoque territorial, donde se hace una clasificación de los problemas territoriales y, a partir de eso, se otorga el marco de acción para buscar respuestas posibles y pertinentes a la realidad cultural y social de las personas que habitan en un entorno en particular.
Indudablemente, el consumo de alcohol y drogas, fenómeno causante de un importante porcentaje de los delitos que cometen las y los menores de edad, es uno de los problemas sociales más complejos y necesarios de intervenir, pues es indicador de graves consecuencias y la escalada de conductas de riesgo de niños, niñas y adolescentes.
La labor de prevención coordinada con éste y otros factores de riesgo, en manos de profesionales calificados e instituciones y servicios especializados, es requisito prioritario para el logro de los objetivos que sustentan las políticas actuales.
Carolina Cortés Henríquez
Directora del Sename Atacama.
