El Presidente Gabriel Boric participó ayer de un conversatorio sobre seguridad ciudadana en la comuna de Peñalolén, oportunidad en la que expresó a los vecinos que este es un tema prioritario al punto de que "yo me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar la seguridad". Además, detalló los cuatro proyectos de ley que fueron ingresados al Congreso para optimizar la lucha contra la delincuencia.

La primera de estas iniciativas es el aumento de penas por el delito de secuestro. "No es un delito al que en Chile estemos acostumbrados, sin embargo, hemos visto como poco a poco se ha ido instalando. Y no vamos a permitir que se naturalice", manifestó el jefe de Estado.

Actualmente, el delito de secuestro tiene una pena de tres años y un día a cinco años, la que se agrava a la pena de 10 años y un día a 20 años, solo si el secuestro dura más de 15 días. El proyecto aumenta la pena del secuestro a cinco años y un día a 15 años si dura más de 48 horas.

El segundo proyecto tiene que ver con el aumento de penas por porte de armas. "No queremos más armas en Chile, no queremos que sigan circulando tantas armas", dijo Boric. La idea matriz del proyecto es proteger a la mayor cantidad de personas, por eso se hace un tratamiento penal más severo a quienes porten armas prohibidas en esos lugares al considerarse hipótesis más peligrosas.

También hay una iniciativa para mejorar seguridad al interior de las cárceles: se presentó un proyecto que busca mejorar la seguridad en las cárceles y facultar al Ministerio Público a solicitar diligencias investigativas a Gendarmería, lo que actualmente no existe.

Finalmente, se tipifica el delito de sicariato. Boric explicó que este es "un fenómeno relativamente nuevo en Chile, que es peligroso, que no queremos que se naturalice". La iniciativa dice que se tipifica la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria.

Redacción

Desde hace un par de semanas se ha instalado en la ciudadanía la preocupación ante elevado reajuste a los precios de los peajes y TAG en las autopistas y rutas del país, el cual se haría efectivo a partir del 1 de enero de 2023 según los contratos de las concesionarias, lo que generó que los camioneros amenazaran con un "estallido en las rutas".

Esta semana las empresas encargadas de las vías deberían publicar los ajustes tarifarios, los que consideran la inflación acumulada en 12 meses hasta noviembre. Por lo tanto, esta alza toma relevancia especial este año en un contexto del fuerte avance de los precios que golpea a Chile: en lo que ha transcurrido de 2022, la inflación acumula 12,5%, lo que sube a 13,3% si se consideran los últimos 12 meses.

Esta última cifra es la que debería verse reflejada en general en los peajes. Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas Juan Carlos García, a principio de diciembre, dijo estar "en permanente diálogo con las concesionarias quienes nos tienen que entregar su propuesta y, en función de eso, evaluaremos las medidas a implementar. Todavía estamos en plazo para ello".

El ministro García señaló que se busca que las alzas sean atenuadas: "Durante las últimas semanas, como Gobierno, hemos estado trabajando en medidas responsables que buscan que el alza de este no impacte tan fuertemente en los bolsillos de las familias".

"A su vez, les he solicitado a las concesionarias de carreteras y autopistas acciones concretas que vayan en beneficio de los usuarios", agregó.

Alerta de camioneros

Ante esta situación, gremios de camioneros presionan para que se comunique pronto lo que se decidirá al respecto. En un comunicado, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) expresó su "preocupación por el silencio oficial en torno a las alzas de las tarifas de peajes que regirán desde el 1 de enero próximo".

"Solicitamos al MOP aclarar pronto este punto y saber si hay conversaciones en curso con las empresas que gestionan las vías que conduzcan a aplicar reajustes menores. Es necesario transparentar lo anterior", agregó el texto.

Finalmente, el organismo planteó que "hay que tener en cuenta que las autopistas urbanas elevaron en un 60% sus utilidades al tercer trimestre y que los ingresos de las concesionarias aumentaron en casi un 30% en el mismo periodo, solo por mayor movimiento de vehículos. Sin embargo, estas firmas no están obligadas a aplicar el máximo de reajuste legal".

"De máxima importancia es que la autoridad y las propias empresas adviertan que aplicar el máximo a que los autoriza la ley significa traspasar la mayor inflación de los últimos 30 años a toda la cadena logística y a los consumidores. No tomar en cuenta este hecho es en la práctica una virtual invitación a un estallido en las rutas", concluyó.

La diputada Karol Cariola (PC) expresó que "no podemos decir que estamos felices con el acuerdo (por Chile)" tras el pacto firmado por los partidos políticos -incluido el Partido Comunista- esta semana y que dará continuidad al proceso constitucional.

En el seminario "Nuevo escenario constituyente y proyecciones 2023", Cariola sostuvo "si bien se logra un órgano 100% electo, con 50 representantes con el modelo del Senado, queda un modelo que, por lo demás, no logra la presentación equitativa respecto de las regiones".

Además reveló que, a su juicio, "no es un acuerdo perfecto, es absolutamente imperfecto. A mí no me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo uno esperaría de un proceso constituyente. Sin embargo, es lo que se pudo lograr".

La diputada recordó que "gracias a las movilizaciones sociales" se logró la "posibilidad de tener una nueva Constitución" y que, cuando esto se inició, las fuerzas políticas que teníamos para poder dialogar "claramente era absolutamente distinta", lo que llevó a tener una "posición de fuerza desde la movilización social que nos permitía incentivar un proceso constituyente mucho más profundo, democrático y participativo. Esas condiciones hoy no las tenemos".

¿Bachelet experta?

En torno al actual proceso, la oficina de la expresidenta Michelle Bachelet afirmó que ella evaluará una eventual participación en el Comité de Expertos, luego de que desde el Partido Socialista se lo solicitara.

En una escueta declaración, la oficina de Bachelet declaró que "desde su partido le han pedido formalmente participar de alguna manera en el proceso. Ella lo evaluará en su momento".

Ayer el Partido Demócrata (en formación) se reunió con la exmandataria para proponerle que sea parte del Comité de Expertos, al igual que lo había hecho el miércoles con los también exjefes de Estado Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Ricardo Mewes asumió ayer como nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) en sucesión de Juan Sutil, quien lideró el gremio de los grandes empresarios durante los últimos años.

En sus primeras palabras en dicho cargo, el ex líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) subrayó que "no podemos tolerar que la percepción de inseguridad de la ciudadanía alcance el 86,9%".

"No podemos tolerar los ataques que día a día sufre La Araucanía. Debemos condenar con fuerza la delincuencia y poner todos los esfuerzos, para volver a ser un país donde vivamos y trabajemos sin miedo", agregó.

Sobre ese punto, fue enfático: "La ecuación es bien sencilla: sin seguridad, no hay inversión, y sin inversión no hay creación de empleos".

También tuvo palabras para la compleja situación económica que enfrenta el país por las pobres proyecciones de crecimiento para 2023 y resaltando que "la alta inflación ha dado señales de que será más persistente, afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares, y el mercado laboral se ha estancado. Por eso, ahora más que nunca, los empresarios tenemos que acostumbrarnos a estar en terreno, a estar junto a los trabajadores".