La presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó ayer que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país. Boluarte destacó que "legalmente los tiempos calzarían" para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron "reajustes" que lo permitirían. El pleno del Congreso analizará hoy las propuestas de adelanto de elecciones que ha recibido, entre ellos un proyecto de reforma constitucional.

El Gobierno peruano declaró ayer el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.

"Se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas", dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

El Gobierno decretó esta medida tras las manifestaciones y disturbios en los últimos días en diversos puntos del país en los que se han confirmado ocho víctimas mortales de protestantes y más de 200 policías heridos.

"Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno", dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno y explicó que en unas horas se oficializaría en una edición especial del diario oficial El Peruano la norma por la que se decreta por 30 días el estado de emergencia a nivel nacional, lo que significa que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

"Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión", indicó Otárola y señaló que esta medida fue motivada "para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos".

También es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de los ciudadanos.

Sobre un toque de queda, aunque existe la posibilidad, tienen que definir el marco legal de la norma, explicó.

Llamado a la calma

Las protestas producidas en los últimos días sobre todo en el sur del país piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace ocho días tras el autogolpe de estado fallido.

Este lunes, manifestantes invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad del país, Arequipa, y una central láctea. Este martes, protestantes tomaron una planta de gas en el departamento de Cuzco y se han sucedido numerosos cortes de carreteras, saqueos de comercios o incendios a instituciones públicas en diversos puntos del país.

"En otras oportunidades, en las protestas, siempre la Policía ha acompañado (a los manifestantes), pero ahora está siendo agredida, más de 200 policías agredidos", dijo ayer Boluarte y nuevamente llamó a la calma, pues aseguró que el Ejecutivo quiere generar un diálogo con la población, porque conoce que "las necesidades de nuestra querida patria" actualmente "están sin atenderse".

Remarcó que la salida para la crisis política actual "es el diálogo, conversar a través de la palabra, de la tranquilidad, de generar paz".

"Estamos cansados de no vivir tranquilos y en paz", concluyó Boluarte, antes de continuar con la sesión del Consejo de Seguridad.

Rechazo a la izquierda

A la misma hora, más de un centenar de parlamentarios de América y Europa, entre ellos los de la bancada del Partido Republicano chileno, denunciaron en una declaración conjunta la "injerencia" izquierdista de los Gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia en los asuntos públicos del Perú por pedir la liberación del expresidente "golpista" de ese país Pedro Castillo.

En el documento, suscrito a través del Foro Madrid, los parlamentarios se refieren al comunicado de esos cuatro países publicado el 12 de diciembre, en el que siguen considerando a Castillo jefe del Estado y "víctima de un antidemocrático hostigamiento".

Según informa Foro Madrid en su web, los diputados y senadores de 16 países de los dos continentes rechazan "tajantemente" el reciente "golpe de Estado" perpetrado por Castillo el pasado 7 de diciembre, pues ordenó "inconstitucionalmente" el cierre del Congreso y la reorganización del sistema de Justicia.

"Su único objetivo -según los firmantes- era evadir a la Justicia y no responder ante las múltiples denuncias e investigaciones por corrupción en las que el golpista está involucrado".

El juez supremo peruano o Juan Carlos Checkley ordenó ayer que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó el Ministerio Público contra el exmandatario, y que se postergó para hoy, a petición de las partes involucradas.

"Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos" de la petición de la Fiscalía, sostuvo Checkley al inicio de la audiencia de ayer, a la que no se presentaron Castillo ni sus abogados defensores.

En este sentido, el magistrado indicó que la petición del Ministerio Público llegó a su despacho "a la medianoche".

El juez detalló que "de conformidad" con lo establecido en el Código Procesal Penal para estos casos, si el fiscal requiere prisión preventiva "la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas (....) ese es el plazo en el cual deberá mantenerse en detención el señor Castillo hasta que se realice la audiencia", recalcó.

Asimismo, el juez supremo sostuvo que ha notificado "de inmediato" a las partes del caso sobre el pedido fiscal y consideró que la decisión de postergar la audiencia para la mañana del jueves (hoy) es "un tiempo prudencial".

"Se va a tratar de verificar, si es posible a través de la propia área de la Policía, una constancia sobre la negativa del señor Castillo a participar en la audiencia, que es su derecho, pero debe contar con abogado", destacó.

Antes del inicio de la audiencia de ayer, uno de los abogados defensores de Castillo, Ronald Atencio, que horas después renunció a la defensa, afirmó que la Justicia de su país está "violando todos los procesos", al haber programado en pocas horas la vista del pedido de 18 meses de prisión preventiva que realizó el fiscal supremo Uriel Teran una vez que se formalizó la investigación preliminar contra Castillo y su exprimer ministro Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión y otros.

Castillo también reclamó, mediante una carta publicada en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): "¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy - ayer -vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia", escribió Castillo.

En el breve mensaje manuscrito, también hizo "responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país" y envió "millones de gracias" a los peruanos "por su cariño y apoyo".

Al cierre de esta edición, la CIDH se declaró "absolutamente preocupada" por la situación en que países como perú finalizan el 2002, entre protestas, represión y Gobiernos derrumbados.