El peor día de la crisis política actual de Perú se vivió ayer luego que el ahora destituido presidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Legislativo e instaurara un Gobierno de excepción, lo que lo llevó a ser acusado de intentar perpetrar un autogolpe de Estado y que el Congreso aprobara la tercera moción de vacancia en su contra en poco más de 16 meses de gestión. Minutos después, el líder izquierdista fue detenido en la sede de la prefectura de la Policía de Lima.

El mandatario peruano había anunciado en un mensaje a la nación durante la mañana de ayer la disolución del Parlamento, un Gobierno de emergencia y un toque de queda a nivel nacional que comenzaría a regir a partir de las 22.00 horas de anoche. Todo, pocas horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra con el objeto de apartarlo como jefe de Estado.

"Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional", dijo Castillo a los peruanos.

Además, anunció que iba a "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses".

También declaró "en reorganización" al "Poder Judicial, al Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Tribunal Constitucional (TC)".

Tras los anuncios de Castillo, varias autoridades reaccionaron renunciando a sus cargos de confianza y tanto la Fiscalía Nacional como el Tribunal Constitucional hablaron de un golpe de Estado y expresaron su total oposición a lo anunciado por el exgobernante.

Quedando solo

Minutos después de que el presidente intentara disolver el Congreso, los ministros de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo anunciaron su dimisión.

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, los titulares de estas carteras, Kurt Burneo, César Landa y Alejandro Salas, respectivamente, informaron su renuncia alegando su "apego a los valores democráticos" y constitucionales.

Tras ellos se manifestó Félix Chero, quien renunció al cargo de ministro de Justicia y luego la titular de Cultura, Silvana Robles.

Asimismo, el abogado peruano Benji Espinoza, el principal defensor legal del presidente Pedro Castillo, dijo que lo dejaría de defender al considerar que se ha "producido una ruptura del orden constitucional" en el país vecino.

Por su parte, el embajador peruano ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, presentó su "renuncia irrevocable" ante lo que llamó "el golpe de Estado producido en Perú".

Dentro de las reacciones a los anuncios de Castillo, destacó la de la presidenta del Poder Judicial peruano, Elvia Barrios, quien llamó a la ciudadanía a "mantenerse vigilante en defensa del Estado democrático y de derecho".

Más radical fue la del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, quien pidió a las Fuerzas Armadas peruanas "restablecer el orden constitucional".

Por su lado, la fiscal general, Patricia Benavides, también rechazó "de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional", mientras que el Ejército se reunió a puertas cerradas para definir los pasos que seguirían.

Congreso

Posteriormente, y en una citación que fue adelantada cuatro horas, el pleno del Congreso peruano destituyó a Castillo por "permanente incapacidad moral" con 101 de 130 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones.

A esas alturas, la vicepresidenta Dana Boluarte también había calificado como golpe de Estado la medida de Castillo y la recién nombrada jefa de ministros, Betssy Chávez, también había renunciado.

Poco rato después de ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido por la Policía de Perú y llevado a la Prefectura de Lima, donde arribó tras salir del Palacio Presidencial junto a su familia por la puerta trasera del edificio.

"Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones... efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervienen al expresidente Pedro Castillo", publicó la PNP en Twitter.

"Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado", había señalado la Policía minutos antes de confirmar la detención.

Sin referirse ni calificar el autogolpe de Pedro Castillo en Perú, la Cancillería de Chile llamó "a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales" y reafirmó "su compromiso con la democracia y el diálogo como el camino para superar este complejo momento". Castillo estuvo esta semana de visita en nuestro país y en ella se confirmó que la cumbre de la Alianza del Pacífico se realizaría en Lima, luego de ser suspendida en México justamente porque el Congreso no autorizó al mandatario a salir del país. Tras conocerse ayer que la cita en Lima también se suspenderá, el Gobierno descartó el viaje del presidente Boric la próxima semana.

La abogada izquierdista Dina Boluarte de 60 años juró durante la tarde de ayer ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú, tras la destitución por el Parlamento de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró "por Dios, la patria y la Constitución" y dijo que asume "de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026", cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará "defender" la soberanía nacional y que "cumplirá y hará cumplir" la Constitución y las leyes de su país.

"Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros", sostuvo y afirmó que "se ha producido un intento de golpe de Estado promovido" por Castillo.

Invocó, por ese motivo, a "un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas" nacionales y solicitó una tregua política para poder combatir a la corrupción e instaurar un Gobierno de unidad.

A la ceremonia del hemiciclo legislativo, acudieron congresistas y otras altas autoridades de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas, que fueron ovacionados por haber anunciado que respetarían la sucesión constitucional en el país.

Boluarte, fue una de las primeras autoridades ayer en denunciar que los dictámenes del mandatario peruano constituía un "golpe de Estado".

Cómo se llegó a esto

Pedro Castillo ya no es el presidente de Perú. El maestro de escuela rural permaneció poco más de 16 meses al frente de un mandato convulso que culminó con un viraje inesperado.

Al inicio, Castillo fue objeto de una campaña impulsada por los derrotados en los comicios que denunciaban, sin sustento, un supuesto "fraude electoral".

Al mandatario se le ha cuestionado por el nombramiento de varios de sus ministros, que han oscilado desde el ala más radical de Perú Libre, el partido marxista-leninista que lo llevó al poder, hasta sectores más progresistas e incluso derechistas, y por la continua inestabilidad de su Gobierno, así como por numerosas acusaciones de corrupción.

En promedio, cada seis días era destituido un ministro y nombrado otro en su cargo. Apenas un puñado de ministros consiguieron mantenerse durante un periodo relativamente largo en sus cargos y, precisamente ellos, fueron los primeros en abandonar el barco ayer tras el autogolpe.

Las fricciones entre su Ejecutivo y el Legislativo, ambos altamente desaparobados por la ciudadanía, fueron constantes, y en el plano político, Castillo fue quedándose cada vez más solo, sobre todo después de anunciar en julio pasado su salida de Perú Libre, que lo dejó con menos puentes para dialogar.

Por si todo esto fuera poco, el cerco judicial sobre el mandatario fue estrechándose a medida que la Fiscalía de la Nación abría investigaciones en su contra, las más graves por presuntamente encabezar una organización criminal, en la que supuestamente está implicado su círculo más íntimo y familiar, para obtener ganancias de licitaciones fraudulentas de obras públicas.