Dos de los grandes gremios del transporte llegaron anoche a un acuerdo con el Gobierno después de siete días de paralización de los camioneros en protesta por la inseguridad en las rutas y el alto precio de los combustibles. Otras dos agrupaciones, sin embargo, manifestaron su desacuerdo con las propuestas de La Moneda y señalaron que seguirán movilizados.

Los dos gremios que aceptaron las condiciones del Gobierno para deponer el paro fueron la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y Fedequinta, de la Región de Valparaíso. Después de otra jornada de maratónicas negociaciones, las agrupaciones aceptaron congelar el precio del diésel por tres meses y la implementación de mayor seguridad en las rutas, mientras que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se comprometió a revisar las tarifas que pagan empresarios y agricultores a los transportistas, un punto que más temprano el Ejecutivo había calificado como "asunto entre privados".

Pedro Brañas, vocero de la CNTC, dijo que "logramos llegar a una solución para que las carreteras quedaran hoy día (anoche) habilitadas".

Al término de la negociación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, exhibió el documento de acuerdo firmado y detalló que "se inyectarán 1.500 millones de dólares adicionales al Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles (Mepco).

También se acordó congelar el valor del diésel para los próximos cuatro meses y en paralelo se diseñará un nuevo mecanismo estabilizador, de manera que el precio de los combustibles no suba más de 15 pesos cada 21 días.

"Esta es una medida que contiene el costo del transporte y por lo tanto efectivamente los beneficia y tiene un costo fiscal importante", dijo Monsalve, mientras que su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, comentó que se creará una mesa tripartita para "garantizar que las tarifas que se pagan de los proveedores de carga a los transportistas se ajusten de buena forma a los costos que ellos enfrentan".

Los que siguen en paro

Sin embargo, se mantenían en paro al cierre de esta edición los gremios Fuerza del Norte y Camioneros del Sur, pues no aceptaron la propuesta del Gobierno.

"Esto no es solo un tema de Gobierno (...) El problema que tienen de tarifas lo tienen que resolver con quienes le fijan las tarifas, y quienes le fijan las tarifas son las empresas que generan la carga", afirmó más temprano Monsalve en el Palacio de La Moneda.

"Chile, porque en realidad son recursos de todos, no tiene por qué hacerse cargo con recursos que se requieren en salud, educación, sectores vulnerables y adultos mayores, de los problemas de fijación de tarifas que tienen entre privados", profundizó el subsecretario.

Luego añadió que "el Gobierno se ha hecho cargo de ese problema garantizando una mesa para que ese diálogo se produzca con resultados, porque hay un compromiso por parte de la CPC de hacerse cargo en aquellos casos donde las tarifas no se ajusten. No hay motivo para insistir en las movilizaciones".

"Ambición desmedida"

Durante la jornada también la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, expresó en TVN que "si hay algo imposible de dimensionar en su exacta medida es la ambición, la ambición de estos grupos descolgados y otros espontáneos, porque se estuvo negociando con las grandes confederaciones, y si no hubiera sido así, estaría toda la berma del país ocupada y no es así. Estamos hablando de grupos de camioneros con una ambición desmedida que han hecho peticiones que se alejan mucho de lo razonable".

"Equivoca el camino"

Freddy Martínez, dirigente de los transportistas del Biobío, respondió que "escuchamos la declaración del subsecretario y creemos que el Gobierno está equivocando el camino".

"Sabe que estamos disponibles, que estamos topando en algo que es absolutamente posible. Nosotros no tenemos la intención de prolongar esto más de lo necesario", añadió y explicó que "lo que él (Monsalve) propone de esta mesa tripartita, lo propusimos hace unas semanas al ministro de Economía".

"Nosotros no podemos circular por un tema de seguridad, pero también por un tema económico. Son empresas familiares que dependen de un camión. Traspasar el problema a los privados no es lo que vinimos a hacer. El tema con los privados lo hablaremos entre privados", cerró.

Pelantaro Llaitul, hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), junto a otros cuatro imputados por los delitos de incendio reiterado, robo con intimidación, porte ilegal de armas y municiones y disparos injustificados, anunció el inicio de una huelga de hambre en protesta por su traslado desde la Región de La Araucanía hasta el Centro Penitenciario de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Los detenidos que iniciaron esta acción son Pelantaro Llaitul Pezoa (19 años), Luis Menares Chalinao (26), Luis Fuenzalida Eneros (50), Jorge Caniupil Coña (27) y Juan Carlos Mardones Sáez (33), todos actualmente en prisión preventiva.

El medio online Werken Noticias informó que "los cinco prisioneros políticos mapuche de la CAM iniciarán huelga de hambre". En una declaración de los imputados que reprodujo dicho sitio, se argumenta que el traslado "vulnera nuestros derechos, desterrándonos y alejándonos de nuestras familias y comunidades, lo que agrava nuestra prisión preventiva".

Lo que demandan con esta protesta, supuestamente efectiva desde ayer, es el "traslado inmediato hacia el módulo de Presos Políticos Mapuche" en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, "condiciones carcelarias y trato digno a las visitas" y "abonos y beneficios carcelarios para Daniel Canio Tralcal (CCP Temuco)".

Gendarmería informó que los acusados fueron trasladados hasta el penal de Los Ríos por una falta de capacidad en los penales de Temuco y Angol.

Sin embargo, el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, afirmó que "no he recibido ninguna información oficial al respecto" desde Gendarmería, ni "tampoco desde la Seremi de Justicia".

La autoridad advirtió que "las decisiones del Gobierno no se hacen sujeto ni a amenazas ni a presiones de grupos de interés, y en ese sentido el Estado de Derecho funciona respetando las garantías de cualquier persona que es sometida a un proceso".

Reacciones políticas

Desde el mundo político, el diputado Miguel Mellado (RN) dijo que "estos terroristas deben estar donde la justicia lo determine. Además, la Contraloría ya dijo que Gendarmería no podía dar permisos (extrapenitenciarios) a presos con huelga de hambre, porque es una mala conducta y está tipificado".

Y el también legislador Andrés Jouannet (Amarillos por Chile) repudió "el que unos procesados quieran hacer una huelga de hambre", y manifestó al director de Gendarmería y a la ministra de Justicia que "no nos podemos dejar presionar".

Pero la senadora de Los Ríos María José Gatica (RN) opinó que "traer al hijo de Llaitul a Valdivia es validar que el conflicto aumente en nuestra zona", ya que según considera "el delito se mueve con los presos".

Su par de la zona Alfonso de Urresti (PS) dijo que "sigue habiendo una falta de planificación por parte del Ministerio de Justicia y de Gendarmería en el traslado de reos de otras regiones", lo que provoca "un impacto en la población penal y el personal de Gendarmería, pero también en toda la ciudad".