Ayer se realizó la ceremonia de premiación del torneo CET, que este año tuvo su decimoséptima versión, lo que lo valida como una actividad tradicional para Copiapó e incluso para Atacama.

Son pocas las iniciativas que podrían decir que se han mantenido en el tiempo y, en ese sentido, cabe destacar la organización que se ha mantenido impecable desde un comienzo e incluso se ha ido potenciando cada año.

Este torneo demuestra que el tenis no es un deporte de élite, dado que abarca participantes de distintos establecimientos y es capaz de contar con representantes de sectores tan apartados como El Tránsito, que necesitan vincularse a la región de esta y otras formas para que sus habitantes tengan un desarrollo acorde a un país moderno.

Este torneo representa una oportunidad para cientos de niños y adolescentes que pueden convertirse en líderes atacameños en el llamado "deporte blanco".

Ayer estuvo nuestro medallista olímpico, Fernando González, quien entregó palabras de aliento a los presentes, de los cuáles perfectamente alguno podría llegar a lo alto. El ejemplo de Matías Soto, quien es parte del equipo de Copa Davis, sigue vigente dado que surgió en el polvo de ladrillo de este torneo copiapino.

El que hayan actividades deportivas debe ser el norte del país y la región, especialmente en un contexto de pandemia donde la actividad física ha sido dejada de lado y donde los niveles de aprendizaje en educación física han ido a la baja.

Y también es importante que trasciendan por los años y décadas, porque se transforman en un referente para adolescentes, niños y también para sus padres y apoderados, los cuáles -dicho sea de paso- cumplen un rol fundamental en el trabajo que puedan hacer menores de edad ya sea para escalar a nivel profesional o como práctica para la recreación.

Estamos sumidos en un marasmo de situaciones contingentes de alta complejidad en materias como la economía y la seguridad que concentran de forma excluyente la atención y las energías de los decisores. De manera subyacente, se ha fraguado una crisis de magnitudes inconmensurables para el presente y el futuro en la Educación, la que intuíamos desde hace tiempo pero que fue siendo postergada en su análisis y su abordaje ante la premura de atender lo relacionado con la pandemia.

Esta semana conocimos el informe "Panorama social de América latina y el caribe" de la Cepal, la que advirtió que "la región atraviesa un complejo escenario con un impacto silencioso y devastador por la crisis educacional producto de la pandemia. El informe destaca que nuestra región sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional, en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo. En Chile, estudios indican que fuimos uno de los países del mundo que tuvo más tiempo cerradas sus escuelas. En promedio, se estima que perdimos un año escolar especialmente en la educación municipal.

Ante las urgencias, primero de la salud, hoy de la economía, la seguridad y al hecho de que no aparece como prioridad en ninguna encuesta, esta crisis educacional aparece como secundaria. Por tanto, para el mundo político que se afana en buscar acuerdos para una nueva constitución, y para distintas reformas, la Educación, salvo excepciones, no concita el interés para buscar un acuerdo social transversal como el que se necesita para hacerse cargo del daño presente y futuro que ya se evidencia para las nuevas generaciones. Carecemos de un diagnóstico que nos permita elaborar un plan que enfrente las consecuencias que ya se manifiestan en el aumento del ausentismo, las pérdidas de aprendizajes, la falta de habilidades para relacionarse socialmente, la disminución de la entrega de beneficios asistenciales como la alimentación y el aumento de la deserción, entre otras. Asimismo, se requiere que las familias asuman un rol preponderante tomando conciencia de la importancia de algo tan básico como llevar a sus hijos e hijas a los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media. De apoyarles en sus aprendizajes, de colaborar en recuperar la autoridad de los educadores, todo lo que debe complementar el aumento de recursos que se deberá proveer para la implementación de un plan de recuperación del sistema educacional como lo hizo Estados Unidos, que aumentó un 17% su presupuesto dedicado a la Educación.

Aumentar los recursos para la Educación es condición necesaria pero no suficiente. Se requiere el involucramiento de las familias, las instituciones públicas y privadas, los profesores y los propios estudiantes para recuperar, de manera sistémica y sistemática, el rol de la Educación como la columna vertebral de nuestra sociedad.

A inicios de noviembre el Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de reforma al sistema de pensiones. Una iniciativa robusta, que busca mejorar las pensiones actuales y futuras de las y los chilenos, dejando atrás el sistema que se ha mantenido en nuestro país durante más de 30 años y que ha generado una baja retribución para quienes han cumplido su periodo laboral en nuestro país, pese a que han contribuido toda su vida.

Hace unos años conocimos la historia de María Ojeda, profesora jubilada de Antofagasta, quien, a pesar de haber cotizado sin lagunas durante toda su vida laboral, obtuvo una jubilación que bordeaba los 185 mil pesos mensuales. Ese caso se ve reflejado en varios rostros en Chile. Y eso es algo que no queremos ni debemos tolerar, ya que no podemos permitir que la desigualdad siga ganando terreno. Es hora de nivelar hacia arriba.

Por eso, esta reforma contempla tres ejes claves: El fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que aumentaría a 250 mil pesos de forma inmediata; una nueva cotización de un 6% con cargo a los empleadores y la creación del Seguro Social y al fin del modelo de las AFP a través de la reorganización de la industria en el Pilar Contributivo.

Esto contribuiría a elevar las pensiones para todos, pero con especial énfasis en las jubilaciones de las mujeres quienes son las más afectadas con el actual sistema y cuyas pensiones podrían aumentar en más de un 50% en algunos casos, gracias a la compensación por la diferencia en la tabla de mortalidad, por el reconocimiento a las tareas de cuidado por cada periodo de inactividad por un tope de dos años y de la maternidad.

Ahora, me quiero detener en un punto para despejar cualquier duda: El proyecto plantea que los fondos son de las personas y, además, son heredables. Así que queremos darle garantía a las personas de que nadie va a tocar sus fondos de pensión, ya que todo este trabajo va encausado en una línea de acción que para el Gobierno es fundamental y que es la seguridad económica social, valorando por sobre todo el trabajo personas, fortaleciendo la libertad de elección de los afiliados y creando un sistema mixto, que incorpore un aporte de los empleadores y el ahorro individual para avanzar y tener, por fin, pensiones dignas.