El Presidente Gabriel Boric llegará al mediodía de hoy a Chile después de asistir a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Bangkok, Tailandia, donde participó en diálogos sobre comercio, telecomunicaciones, intercambio cultural y del TPP11. Al finalizar la visita oficial, el Mandatario pidió que, ante el nuevo proceso constitucional, "no esperemos otra crisis para preguntarnos de nuevo cómo lo hacemos", ya que mientras estaba en Asia, el oficialismo entregó su propuesta de bases.

Los partidos políticos afines al Gobierno buscan que el nuevo órgano redactor, llamado "Cabildo Constituyente", esté formado por 99 personas, con nueve escaños reservados y un comité de expertos. La oposición coincide en este último aspecto, pero propone 50 miembros. En ambos casos serían elegidos por la ciudadanía.

El Presidente dijo ayer que "lo importante es que todos entendemos que Chile requiere una mejor cohesión social y, por lo tanto, necesitamos una nueva Constitución. Esto no quita, para los críticos de turno, que nos hagamos cargo de las urgencias del presente: el alza del costo de la vida y la seguridad, la seguridad ciudadana, económica y social. Estamos trabajando firme en eso".

Este fin de semana hay negociaciones entre las colectividades, ya que se ha planteado llegar a fin de mes con las bases del proceso resueltas. El martes se retomará el debate en el Legislativo porque, "de manera paralela, el Congreso está negociando los mecanismos para llegar a una nueva Constitución, que es un deseo mayoritario de Chile, que sigue siendo importante. Que lo urgente -que por supuesto es importante- no bloquee lo otro".

El Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019 luego de días de manifestaciones en todo el país, cumplió tres años, motivo por el cual el Presidente -quien lo signó siendo diputado- pidió que "no esperemos otra crisis para preguntarnos de nuevo cómo lo hacemos. Anticipémonos, adelantémonos. (...) Voy a respaldar el acuerdo al que llegue el Congreso, acompañándolo en su implementación".

"cerrar el capítulo"

El secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, señaló ayer que "sería interesante que nosotros lleguemos con una propuesta el día martes. Creo que el país necesita ir cerrando este capítulo de conversación" constitucional, ya que, establecidas las bases, en abril se elegirían a los miembros del órgano redactor para ratificar el nuevo texto en un plebiscito en noviembre de 2023.

"Soy de la idea de que la propuesta de Chile Vamos tiene ser más audaz de lo que fue el oficialismo" el viernes, reiteró el legislador, porque la oposición aboga desde hace semanas por la reducción de integrantes del órgano, junto con defender la comisión de expertos.

"Para nosotros no hay un plan B", aseguró Schalper, quien agregó que trabajarán para que Chile logre un acuerdo que avance hacia "un proceso concluyente más que constituyente, que concluya en una buena Constitución", cerró.

"Esto no quita, para los críticos de turno, que nos hagamos cargo de las urgencias del presente".

Gabriel Boric, Presidente

"Sería interesante que lleguemos con una propuesta el martes. El país necesita ir cerrando este capítulo".

Diego Schalper, Secretario general de RN

Diputados de RN aseguraron ayer que la Contraloría los respaldó en la idea de que el traslado y otros beneficios penitenciarios otorgados a presos mapuches durante el Gobierno anterior y el actual, serían ilegales.

Por ello, oficiaron a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, para que deje sin efecto estos beneficios. De otra manera, evaluarán una acusación constitucional en su contra.

El ente fiscalizador respondió un requerimiento enviado por Andrés Longton, Camila Flores, Miguel Mellado y Diego Schalper "en contra de la resolución exenta N° 3925 de 2020 que permitió al Gobierno anterior y al actual, entregar beneficios extra penitenciarios a presos mapuches", indicó la colectividad.

Por esto, enviaron un oficio a Ríos para que adopte medidas ante el dictamen de Contraloría. En caso de no hacerlo, "ejerceremos las acciones constitucionales para perseguir la responsabilidad jurídico-constitucional de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, considerando el agravante que, fueron reiteradas las ocasiones en que advertimos de esta ilegalidad", señalaron.

En el documento, los legisladores solicitaron que La Moneda pida a Gendarmería "la supresión o derogación de la resolución exenta N° 3925 de 2020". Esto se traduce en que deben eliminarse "todos los beneficios, permisos y traslados que se otorgaron en base a las normas prescritas por la citada resolución exenta".

El partido opositor, no obstante, reconoció que "si bien cabe responsabilidad de quienes ejercieron la jefatura del ministerio en el Gobierno anterior, el dictamen del órgano contralor cae en este Gobierno, y de ahí que sea esta ministra la llamada a adoptar medidas".

El jefe de la bancada RN en la Cámara Baja, Andrés Longton, explicó que "la resolución por la cual se basaron los beneficios penitenciarios contra reos condenados en Angol y otros beneficios entregados a reos mapuches, es ilegal", junto con destacar que en la misma respuesta de la Contraloría se consideró la huelga de hambre como una falta grave, algo que no se puede alterar una resolución exenta.

Los beneficios a los que apuntó RN fueron los traslados de reos mapuches "a un centro de educación y trabajo". Mellado, en tanto, reiteró que la Contraloría "nos ha dado la razón de lo que venimos diciendo desde 2020, que una resolución exenta de Gendarmería no podía pasar por el 518, que fija según el reglamento cuáles son los requisitos que tienen que cumplir cada uno de los presos para obtener beneficios, sobre todo las salidas dominicales o quincenales".

El legislador por La Araucanía recordó que "a Celestino Córdova, los primos (José y Luis) Tralcal y otros presos de Angol que efectivamente han sido condenados por la justicia, por ser mapuches, les están dando salida a través de una resolución exenta que está total y absolutamente reñida con la ley".

Longton concluyó que "utilizaremos las herramientas constitucionales que tenemos, precisamente, para hacer valer esa responsabilidad política".