Ayer, autoridades de gobierno hicieron la entrega de la "pensión de gracia" a modo de reparación, a las víctimas del estallido social en la Región de Atacama.

Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto al panorama general de las acciones judiciales en el contexto de la crisis social, en la región de Atacama, el organismo interpuso 78 querellas ante el tribunal de justicia, de las cuales solo 3 lograron concluir con la formalización de los responsables, las que se asocian a la entidad pública de Carabineros.

El INDH ha trabajado en la recolección de casos y testimonios de víctimas del estallido social del año 2019 con el fin de acreditar vulneraciones en los DD.HH. y, de esta manera, conceder una pensión de gracia y de carácter vitalicio que repare, en parte, lo vivido a mano de agentes del estado.

A nivel nacional, según el Ministerio del Interior, a través del Departamento de Acción Social, son cerca de 367 las personas que reciben pensiones de gracia por violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.

En Atacama, fueron 16 personas las que comenzarán a recibir el beneficio económico de carácter vitalicio, avaluado en $257.836.

Opiniones

Respecto a la entrega de esta "pensión de gracia", el senador Rafael Prohens, sostuvo que "esta es una facultad del Presidente, y puede determinar hacerlo en las circunstancias que sea; creo que el momento que vive el país no es el más adecuado, uno dice es 'x plata' pero hay que multiplicarlo por un número importante de gente que lo está recibiendo, y creo que la situación del país amerita estar ayudando a otra gente, como por ejemplo haber aumentado la ayuda del PGU y haber postergado esta entrega".

"Yo no digo que no corresponda, pero creo que los tiempos no son los adecuados. Hoy se hace conocido, pero el Presidente nunca lo anunció, cuando estaba en la Intendencia, se peleó por la pensión de gracia para los 33 mineros, y esa pensión se hizo bajo un objetivo y bajo un criterio, y ese criterio hoy día es ideológico, y más allá que uno no comparta los atropellos de los derechos humanos que hubo en ese entonces, creo que el criterio no es el adecuado porque abre una puerta muy importante para estar entregando algo que es excepcional a personas en momento de necesidad", indicó el senador.

Por otra parte, el vocero de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama Rodolfo Villarroel, indicó que "solamente el estado chileno, hoy día, se pone a la altura de los organismos internacionales, de lo que dicen nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos y reparación a las víctimas de derechos humanos, por supuesto que estamos contentos, porque significa un avance en esta materia".

Villarroel, también se refirió a los últimos acontecimientos ocurridos en torno al financiamiento para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Al respecto, dijo que "siempre vamos a respaldar a las autoridades que estén intentando reparar y cerrar una herida que está abierta hace 50 años. En ese sentido, siempre vamos a estar de lado de quien tenga esa mirada reparatoria, principalmente en la búsqueda de la justicia integrada. Para los que se oponen a esto, específicamente a las autoridades locales, solamente recordarle que en la región hay 14 personas desaparecidas, y que negarse o presentar requerimiento en el parlamento para otorgar $1 peso al plan nacional de búsqueda, es simplemente negar la historia regional, por lo tanto, esa autoridad no es representativa para nosotros en nuestra región, no sé a quién protege con esto", puntualizó.

Parámetros

El delegado Jorge Fernández indicó que "desde el Ministerio del Interior se han generado los criterios para entregar esta pensión, que consideran tres categorías: víctimas de agresiones físicas, víctimas de lesiones graves con afectación psicológica ,y la tercera, comprende a afectados por 'trauma ocular irreversible' o lesiones 'gravísimas no oculares'. Tras el análisis de los casos, se concedieron 16 pensiones a las y los damnificados, en una jornada que sirvió para el diálogo, la reflexión y los acuerdos entre autoridades y los beneficiarios de esta retribución".

Beneficiarios

Una de las víctimas fue Maiten Vega, trabajadora ambulante del centro de Copiapó, quien comentó que "(El proceso judicial) fue muy largo, pensé que no me iban a tomar en cuenta, me atendieron después de un año y medio. En cierta forma, siento que mis denuncias han sido escuchadas, creo que con las mesas de reparación que hemos tenido es que el Gobierno está dispuesto a escuchar a la gente".