Presentan requerimiento en Contraloría contra Hassler por no aplicar Aula Segura
EDUCACIÓN. Iniciativa busca acabar con destitución de la alcaldesa. Colegio de Profesores acusó que "no hay protocolos".
La alcaldesa de Santiago, PC Irací Hassler, fue acusada ante Contraloría por un grupo de diputados RN y concejales de no aplicar la Ley aula segura, destinada a sancionar hechos de violencia en colegios, incluidos los que exceden sus muros, como se han registrado en la capital, incluso ayer, cuando 12 estudiantes fueron detenidos. La jefa comunal respondió que "hay 577 procedimientos que se han abierto sólo este año".
El ex rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, señaló hace unos días que la nueva administración habría dado orden de no aplicar la Ley aula segura, cuestionada numerosas veces por el actual Gobierno y la jefa comunal. Frente a esto, el diputado Diego Schalper y su par Hugo Rey, acompañados por concejales de Santiago, presentaron una solicitud para que el "contralor constate que la alcaldesa de Santiago, a partir de una serie de antecedentes que hemos incorporado en el requerimiento, no está haciendo cumplir la ley".
Si el ente fiscalizador "estima que acá la ley no ha sido aplicada", explicó el legislador, "eso es un supuesto abandono de deberes, y por lo tanto un grupo de concejales podrían promover en el tribunal electoral regional una moción de destitución por notable abandono de deberes".
La directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent, señaló que "esta ley no se ha aplicado en el municipio. Los directores hemos sido amedrentados, desvinculados, en mi caso estoy suspendida desde marzo porque la sostenedora, Irací Hassler, me ha perseguido desde que era concejala, desde que erradiqué la violencia en el (Liceo) Barros Borgoño he sido perseguida".
La profesora explicó en Ex-Ante que "esta violencia ha ido en escalada y se ha radicalizado en estos últimos años, con hechos que antes no se registraban, como la quema de micros, la destrucción de los propios establecimientos. Esta falta de control ha llevado, además, a otras conductas asociadas como el porte de armas y tráfico de drogas, porque no se aplican medidas disciplinarias (...) Los alumnos ven que hay impunidad".
El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, sostuvo en Emol que "no hay claridad por parte del Ministerio (de Educación), medidas concretas que vayan en la dirección de resolver las problemáticas, no hay protocolos de qué hacer y no hay apoyo".
Los docentes "hemos estudiado durante años para ejercer nuestra labor, que es educar, formar, no repeler atentados ni apagar bombas molotov", afirmó Díaz, aunque "el tema no es sólo sancionar, Aula Segura tampoco resolvió el problema".
Hassler respondió que "hay 577 procedimientos que se han abierto sólo este año a propósito de faltas gravísimas. (...) Han derivado gran parte en sanciones, algunos incluso en expulsión, otras en cancelación de matrículas y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia".
La alcaldesa, asimismo, afirmó que "no hay instrucciones en torno a no aplicar la normativa vigente", junto con que políticos "de RN tuvieron años para hacer un trabajo, y lamentablemente no lograron abordarlo de buena manera".