La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar el equivalente a unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de unos 25 millones de dólares.
Una jueza acordó ayer la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada por seis delitos contra el Fisco en la Audiencia de Barcelona, donde residió cuando era pareja del futbolista Gerard Piqué.
Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía -más otros tres millones de euros en intereses-, lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo.
En mayo la Audiencia avaló enviar a la cantante a juicio ante los indicios de que residía en España "de manera habitual" entre 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una casa de una localidad cercana que compró con su expareja, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el Ministerio Público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo fueron por "motivos profesionales, con una duración muy corta", excepto la temporada en que participó en el programa estadounidense "The Voice" (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial" (renta y patrimonio).
Entramado societario
Para evitar pagar esos impuestos, según el Ministerio Público, Shakira "utilizó un entramado societario", con sede en Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
La Fiscalía sostiene que el "plan" de la cantante era que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba "en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales" a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante acordó con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, para "fijar condiciones específicas y privilegiadas de tributación", mantiene la Fiscalía.
Esos acuerdos dieron pie a una "mínima tributación fiscal", de tan solo el 2% de la renta bruta, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
La defensa de Shakira destacó ayer que la apertura de juicio oral es un "paso más" en este tipo de procesos y tiene 10 días para presentar descargos.
