"Migrantes pendulares" agradecen la reapertura.

zolanos por el inhóspito "Tapón del Darién", en la frontera colombopanameña, en su camino hacia EE.UU.

Por otro lado, los habitantes de la frontera sentirán el alivio, ya que son los que transitan entre ambos países y que desde el cierre de los pasos se vieron enfrentados a un problema al que tuvieron que adaptarse. "Esperamos que sea una realidad, hemos esperado tanto que ya esperaremos muy poco", dijo a Agencia Efe Eduardo Casanova, quien debe cruzar la frontera a pie, de Cúcuta a San Antonio del Táchira, y de ahí buscar un transporte que lo lleve a Rubio, a 30 kilómetros de la ciudad fronteriza.

Casanova no oculta su ilusión y vislumbra con optimismo las decisiones tomadas por Maduro y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de reabrir la frontera "para el bien de todos". "Nosotros vivimos en Cúcuta, pero vamos a Rubio constantemente y nos parecería muy bien el libre paso, sin obstáculo alguno, tranquilamente, con confianza, que sería lo mejor para todos", agregó.

No obstante, muchos se preguntan qué pasará con los migrantes venezolanos que ya se establecieron en Colombia.

Las cifras más recientes de Migración Colombia, con corte en junio pasado, señalan que en el país hay 2.477.588 venezolanos, de los cuales 333.806 están regularizados; 617.069, autorizados a permanecer; 1.231.675, en proceso de acogerse al Estatuto Temporal de Protección y 295.038 en estado irregular.

El Estatuto permite a los venezolanos que lo suscriben acceder a beneficios sociales del país vecino, entre ellos la vacunación contra el covid-19, sacar una licencia de conducir o mayor facilidad para obtener contratos laborales y servicios bancarios, entre otros.

Para Donna Cabrera, especialista en migración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia cuenta "con cuerpo para que las personas que han accedido al Estatuto de Protección Temporal puedan desarrollar su proyecto de vida en el país superando las barreras que existen de acceso a servicios".

La experta recuerda que el presidente Petro dijo que va a mantener la política de integración migratoria y que su Gobierno flexibilizará algunos procesos, como la convalidación de títulos universitarios para facilitar su entrada al mercado laboral.

Del Darién A Norteamérica

Según la Defensoría del Pueblo colombiana, durante los primeros ocho meses del año, 102.067 personas atravesaron la Selva del Darién rumbo a Norteamérica, de las cuales 68.575, el 67%, fueron venezolanos.

La especialista en migración cree Colombia y Venezuela deben unirse para enfrentar este problema como un asunto regional, pues ahora "el flujo migratorio de venezolanos se redefine a partir de las condiciones sociales, económicas, políticas y de regularización migratoria en los países de la región".

"La normalización de las relaciones de Colombia y Venezuela puede tener un impacto en garantizar que quienes están aquí avancen en sus procesos de integración (...) pero la percepción que hay con el Gobierno de Joe Biden, con medidas más abiertas a la migración de Venezuela (...), ha incrementado su cruce por el Darién", explica Cabrera.

Asimismo, la experta considera que la normalización de relaciones "puede tener un impacto en el aumento de este tránsito", pero aclara que no es el único factor, ni el más determinante.

De esta forma, la reapertura total de la frontera y la eventual normalización del tránsito en los próximos meses facilitará la vida principalmente a los "migrantes pendulares", por ejemplo los que se trasladan diariamente por motivos de trabajo, educación o abastecimiento. Además pondrá a prueba la cooperación entre los dos países en materia de respeto de los derechos humanos de quienes crucen los pasos fronterizos y de aquellos que pasan por Colombia en su camino hacia Norteamérica.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sur de México, cumple mañana ocho años en un panorama de reclamos de los padres de los jóvenes y sus compañeros estudiantes, pero con algunos avances del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió al llegar al poder que el caso se esclarecería.

Estas son algunas claves de la mayor desaparición masiva de la historia reciente de México, que llega a su octavo aniversario siendo reconocida por el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia como "crimen de Estado", con nuevas detenciones y la confirmación explícita de la participación en los hechos de autoridades de todos los niveles.

Las dos verdades

Según el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, policías corruptos de Iguala, en el estado de Guerrero, detuvieron a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron buses para ir a una manifestación el 2 de octubre en la capital.

La versión de la administración de Peña Nieto, bautizada como "verdad histórica", indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basural del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos además de los 43 desaparecidos.

Pero el Gobierno de López Obrador coincidió con los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que rechazaron esta "verdad histórica" al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.

Estudiantes identificados

Posteriormente, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente López Obrador tras asumir el cargo en 2018, identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio los de Jhosivani Guerrero en la Quebrada de la Carnicería, a un kilómetro del basural y sin marcas de fuego.

Por ello, el Gobierno de López Obrador considera que este hallazgo "derrumba" la "verdad histórica" de Peña Nieto.

Previamente, las autoridades habían identificado los restos de Alexander Mora en 2014.

Un "crimen de estado"

El informe de la Comisión para la Verdad, presentado el 18 de agosto pasado, concluyó que la desaparición de los 43 de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.

Pocos días después, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas "objetivas, científicas e indubitables" de que están muertos.

Aun así, reconocieron la importancia de que el Gobierno establezca con claridad la participación de las Fuerzas Armadas y otras autoridades, algo que venían denunciando desde hace años.

Implicados y detenidos

El presidente López Obrador declaró el 22 de agosto que no habrá impunidad para quienes participaron en la desaparición de los estudiantes y "aseveró que están siendo juzgados", tras la detención de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República de 2012 a 2015.

Murillo Karam, detenido el 19 de agosto, está acusado por la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación al caso.

Las autoridades mexicanas también buscan extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, considerado uno de los autores clave de la "verdad histórica".

En la últimas semanas se ha emitido orden de detención contra 83 personas, entre ellas 20 mandos militares y otros cargos de los batallones de la ciudad de Iguala.

Han sido arrestados el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente FabiÁn Alejandro Pirita Ochoa.

Anteriormente ya habían sido detenidas más de 100 personas -entre ellas integrantes del cartel de Guerreros Unidos, policías federales y municipales- pero algunos de ellos fueron liberados.

Las lagunas del caso

La gran incógnita, ocho años después, continúa siendo dónde están los 43 estudiantes, aunque se encontraron restos de tres de ellos.

Pero también se desconoce, en caso de que hubiesen sido ejecutados, quién dio la orden y cuál fue el motivo, puesto que todavía hay varias teorías.

Tampoco se sabe con precisión si había algún vínculo entre autoridades de diferentes niveles con el narcotráfico.

Por último, se ignora por qué el Gobierno de Peña Nieto creó la "verdad histórica".

Las escuelas rurales como la de Ayotzinapa fueron creadas en 1922 en México para formar a hijos de campesinos como profesores para que llevaran la educación al campo.

El 2 de octubre de 1968 el Gobierno aplastó militarmente una de las tantas manifestaciones del movimiento estudiantil, concentrado esa vez en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad de México, con una cifra desconocida de muertos. A esa conmemoración se dirigían "los 43" cuando fueron interceptados por policías y militares antes de desaparecer.

sillas con fotos de los 43 desaparecidos en la cancha de la escuela normal de Ayotzinapa.

26 de septiembre de 2014 fueron detenidos en un terminal de buses los 43 estudiantes.