Redacción

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, con la que se buscaba modificar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre él por los delitos de hurto de madera, atentado contra la autoridad, usurpación e infracciones a la Ley de Seguridad del Estado. Tampoco acogió la petición para que fuera trasladado a la cárcel de la capital de La Araucanía.

Estas solicitudes fueron interpuestas por Rodrigo Román, abogado de Llaitul, quien pidió declarar ilegal su detención efectuada el miércoles 24 de agosto pasado mientras almorzaba en un restaurante de Cañete. En caso de que la justicia mantuviera la cautelar, pidió también su traslado a Temuco, ya que en ese recinto penal hay un módulo especial para detenidos mapuche.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la acción de la defensa al considerar que la resolución recurrida, decretada el jueves 25 de agosto (al día siguiente del arresto) se adoptó con sujeción a la normativa legal vigente.

Respecto de la legalidad de la detención, la Corte expuso que "el mismo Juez que ha decretado la detención del imputado puede controlar su legalidad, al señalar que la orden se emite 'para ser llevado a su presencia' y que 'conducirán inmediatamente al detenido a presencia del Juez que hubiere expedido la orden'. (…) Cabe asentar que no ha existido afectación al principio de imparcialidad por parte de la sentenciadora de base".

Ante la medida cautelar explica que "el número de delitos que se le imputan, el carácter de los mismos, el que los hechos 3 y 4 fueron cometidos en grupo o pandilla e (...) incluso desatendiendo aquellas que tienen pena alternativa de multa, no es posible arribar a una pena menor que la de presidio mayor en su grado mínimo, que le impediría el cumplimiento de la misma en libertad".

Además, "la alegación efectuada por el representante de la víctima sumado a las consecuencias de conocimiento público que estos hechos ocasionan en la comunidad, es posible desprender que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro de fuga".

Respecto del lugar de cumplimiento de la prisión preventiva, se rechazó el traslado, ya que "el CCP de Temuco es de mediana seguridad y el CDP de Angol está sobrepoblado. El CCP de Biobío cuenta con mayor seguridad, hospital penal y está en la región donde el imputado mantiene su familia".

La red pública de hospitales cuenta con un stock de 659 pabellones quirúrgicos al primer semestre de 2022. Sin embargo, de este total sólo el 83% (550) se encuentra efectivamente disponible, es decir, cuentan con el equipamiento y el personal necesario para hacerlos funcionar.

Así lo señala un nuevo análisis elaborado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, que analizó la oferta de los pabellones quirúrgicos en los 29 Servicios de Salud del país, comparando los resultados del primer trimestre de 2017 al mismo periodo de 2022.

De acuerdo con el análisis, elaborado por los investigadores Raúl Aguilar y Carolina Velasco, "la capacidad de los pabellones quirúrgicos de la red pública aún no recupera los niveles de disponibilidad que presentaba antes de la pandemia de covid-19.

En el primer semestre de 2019 el 91% de los pabellones estaba efectivamente en uso, mientras en el mismo periodo de 2022 esta cifra es de 83%".

Los Servicios de Salud que presentan el menor porcentaje de pabellones efectivamente disponibles son: Iquique (60%), Atacama (61%), del Reloncaví y Magallanes (67%), Viña del Mar (69%) y Valparaíso (73%).

"Lo anterior es sumamente relevante, ya que según la última información publicada por el Ministerio de Salud el número de cirugías en lista de espera llegó a 332.523, que corresponden a 294.632 personas que en promedio esperan 600 días (con un máximo de 950 días de espera en el Servicio de Salud de Valdivia)", sostiene el análisis.

No cabe duda: el país experimenta un tipo de polarización comparable a los momentos más aciagos de nuestra historia. El diálogo va a la baja, los consensos parecen cosa del pasado, los acuerdos son mal mirados. Todo responde a una "cocina" acometida por partidos desprestigiados que no entienden cómo funciona la política actual. Una política que, como vimos en la Convención, está más interesada en los particularismos identitarios que en la universalidad de los derechos.

A primera vista, dicho diagnóstico es correcto. Me pregunto, no obstante, si el ambiente en la franja televisiva y en las redes sociales resume de manera fidedigna lo que nos pasa. ¿Estamos realmente al borde de la cornisa, casi a punto de caer? Los documentos que han visto la luz en las últimas semanas -y que abarcan desde la centroderecha a la centroizquierda- plantean algunos mínimos comunes que, creo, ponen en entredicho el pesimismo de Twitter y otros portales similares. Esos mínimos son tanto procedimentales como normativos.

En efecto, los partidos de Chile Vamos han coincidido con sectores de centro y centroizquierda en la necesidad procedimental de continuar el proceso constituyente más allá del plebiscito de este domingo. Y ello tanto si gana el Apruebo como si lo hace el Rechazo. En el primer caso, es claro que deberían consensuarse reformas profundas para adecuar el texto de la Convención a las demandas de la ciudadanía (las cuales tienen menos que ver con temas como la plurinacionalidad que con cuestiones materiales referidas, por ejemplo, al correcto funcionamiento de la descentralización).

En caso de que gane el Rechazo (opción que me parece más razonable para realizar los cambios), se debe volver a explicitar la continuidad del cambio constitucional. Como van las cosas, tendríamos probablemente una Convención 2.0, menos "partisana" (para usar el término del expresidente Lagos) y más representativa de las fuerzas políticas que coexisten en el país. Si así fuera, los futuros convencionales deberán tener en mente una de las principales enseñanzas que hemos aprendido este último año: las constituciones no pueden ser programas de gobierno, sino que deben aspirar a ser pactos intergeneracionales.

Ahora bien, más relevantes que los acuerdos procedimentales son los consensos que se han alcanzado en materia de principios constitucionales. La idea de que exista en Chile un Estado social y democrático de derecho es transversalmente aceptada por el espectro político, si bien todavía falta una bajada más concreta para conocer sus alcances y límites. Lo mismo puede decirse del reconocimiento de los pueblos originarios: el objetivo común es que estén presentes en la Constitución (incluso otorgándoles escaños reservados de forma proporcional a su grado de representatividad electoral), pero sin que ello signifique romper el viejo binomio de "un ciudadano, un voto".

Por otro lado, no todos los involucrados en la definición de estos principios piensan lo mismo respecto al sistema político que debería implementarse en la nueva Constitución, pero sí son todos conscientes de cuán importante son los equilibrios y contrapesos para lograr una administración que posea eficacia y gobernabilidad. Para ello, es indispensable vincular esta discusión con el régimen electoral y la regulación de los partidos pues, parafraseando a Andrés Bello, en esta materia "todas las verdades se tocan".

En definitiva, hay un amplio grupo de personas que comparte principios clave para salir del atolladero. Durante mucho tiempo hemos caminado por la cornisa; está en nosotros no caer de ella.

"Los partidos de Chile Vamos han coincidido con sectores de centro y centroizquierda en la necesidad procedimental de continuar el proceso constituyente más allá del plebiscito de este domingo. Y ello tanto si gana el Apruebo como si lo hace el Rechazo".

" La idea de que exista en Chile un Estado social y democrático de derecho es transversalmente aceptada por el espectro político, si bien todavía falta una bajada más concreta para conocer sus alcances y límites".

* Investigador del Centro de Estudios Público (CEP)