Para que nunca más en Chile

Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Detenida y el Detenido Desaparecido y como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reiteramos nuestro compromiso con la lucha histórica e inagotable que han realizado los familiares de las personas ejecutadas, detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar.

Esta conmemoración ha tenido un tremendo simbolismo, ya que nuestras autoridades encabezadas por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos junto a la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter; el Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo y dirigentas de Agrupaciones de Derechos Humanos y sitios de memoria, presentaron 17 querellas por casos de víctimas de la dictadura cívico-militar en los cuales hasta la fecha no se habían logrado realizar acciones judiciales.

Estas querellas fueron presentadas en coordinación con el Programa de Derechos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, continuadora legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

En este contexto, reiteramos como gobierno nuestro compromiso irrestricto con el respeto de los derechos humanos, la verdad, justicia y buscar mecanismos que nos permitan dar garantías de no repetición para el futuro. No podemos olvidar que Chile ha suscrito diversos compromisos internacionales por el reconocimiento de los derechos humanos esenciales, así como también en disponer de medidas que permitan la promoción, resguardo, protección y defensa de éstos, que garanticen tanto a nivel individual como institucional el reconocimiento de todas las libertades fundamentales del ser humano. Estamos conscientes de los desafíos que tiene pendientes el Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Hoy a casi 50 años del Golpe Militar, aún las familias buscan a sus seres queridos, hay restos sin identificar, no sabemos la verdad en numerosas causas de ejecuciones y desapariciones forzadas, y no se ha logrado condenar a los perpetradores de graves crímenes de lesa humanidad. Por estos motivos, nuestro Presidente Gabriel Boric ha encomendado a nuestro ministerio una importante tarea para dar respuesta a tantas familias que no tienen un lugar donde despedir a sus seres queridos y así empezar a sanar y reparar el daño sufrido por décadas.

A nivel regional durante las últimas semanas nos hemos reunido con la Agrupación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Atacama, y también con las víctimas del estallido social, con el objeto de avanzar en el trabajo colaborativo que nos permita desarrollar los diversos compromisos establecidos en la Agenda Integral de Derechos Humanos, impulsada por nuestro Gobierno para que nunca más en Chile se cometan horrores como los que hemos heredado por el accionar impune de quienes no toleraron la libertad, democracia y no respetaron derechos fundamentales.

Tomás Garay Pérez, seremi de Justicia y DD.HH.

Proyecto 40 horas

El proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales es, sin duda, un importante paso que estamos dando como sociedad. Esta disminución permitirá, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida de los trabajadores al permitirles un poco más de tiempo para estar en casa y compartir con su familia.

Sin embargo, lo anterior impone una serie de interrogantes y/o retos como, por ejemplo, de qué manera esta medida impactará la contratación de personal o cómo las empresas podrán mantener o mejorar sus actuales niveles de productividad.

En relación a este último punto, resulta clave que los trabajadores se comprometan a aprovechar a conciencia su tiempo en el lugar de trabajo y evitar comportamientos que los distraigan de sus tareas y funciones diarias. Por el lado de las empresas, en tanto, es crucial que éstas fijen métricas de productividad, revisen los procesos internos, fomenten un buen ambiente de trabajo, establezcan metas y objetivos claros, impulsen la proactividad entre los colaboradores, entre otras.

Francisco González, gerente general de Vertical Hun

Destrucción

Como Directorio de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, hemos sido nuevamente tristes testigos de la destrucción de nuestro patrimonio material, de nuestro pasado, de la quema de edificios, del rayado de sus fachadas, de la constante vulneración del Artículo 38 de la Ley 17.288, actual Ley de Monumentos Nacionales.

Por otra parte, hemos colaborado activamente en la redacción de la nueva Legislación y su tramitación, la que protege de mejor manera nuestro patrimonio, hemos también escrito y protestado en contra de estos hechos. Sin embargo, estas acciones se siguen repitiendo todas las semanas en nuestras ciudades y en Arauco, con la última quema del Molino Grollmus ubicado en Contulmo, pieza fundamental de la economía local, la que dejó dos heridos graves y terminó en la destrucción de un edificio patrimonial.

Pablo Jordán, presidente Marisol Rojas, vicepresidenta Mónica Álvarez de Oro, past president Alberto Texido, director Ana María Dávila, directora Cristian Undurraga, director Germán Squella, director María Inés Buzzoni, directora Pablo Altikes, director; Asociación de Oficinas de Arquitectos

Investigación a casinos

La investigación de la FNE en contra de los principales participantes del rubro de los casinos de juego por una posible colusión, lleva a preguntarse cómo influye dicha acción en el análisis de la operación de concentración entre Dreams y Enjoy que conoce esa misma entidad fiscalizadora.

Si bien el análisis sobre la colusión es distinto al estudio de una operación de concentración, la Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales de la FNE, deja en evidencia que existe cierta relación entre estos dos asuntos. Si en este caso en particular la colusión supuestamente se habría producido entre dos de los principales actores del rubro, que en conjunto concentran la operación de una parte mayoritaria de los casinos de juego y considerando que deberían existir antecedentes precisos y graves al respecto -solo así se habrían podido decretar medidas como el allanamiento o la incautación-, efectivamente una investigación de estas características podría dar cuenta de un riesgo anticompetitivo. Si se toma en cuenta lo anterior, aunque se desestime un caso de colusión, no sería descartable que la FNE concluyera que existen riesgos para la competencia si se verifica la fusión en estudio.

Ricardo Ihle, abogado de Dalgalarrando y Cía