El Congreso Nacional volvió a aprobar una prórroga del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur tras la votación a favor en ambas cámaras durante la jornada de ayer.

El período actual de 15 días que fue visado la semana pasada regirá hasta el 29 de agosto, pero el Gobierno decidió anticiparse, ya que la próxima semana es distrital en el Congreso. Por lo tanto, esta extensión comenzará a regir a contar del 30 de agosto y tendrá una duración de dos semanas, es decir, hasta el 13 de septiembre.

En primera instancia, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la extensión con 107 votos a favor, 18 en contra y 4 abstensiones.

En ese momento la bancada transversal por la Macrozona Norte cumplió lo que prometió y los parlamentarios votaron en contra o se abstuvieron a esta nueva prórroga, ya que reclaman esta misma medida en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta ante la crisis de seguridad y migratoria.

Lo mismo ocurrió en el Senado, que pasadas las 20:00 horas votó la solicitud del Ejecutivo también con una mayoría abrumadora: 33 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Con ello se dio por cerrado este debate que recién podría volver a darse en la semana de Fiestas Patrias, si el Gobierno pide una nueva prórroga.

Argumentos y críticas

En la argumentación de esta nueva petición de prórroga, la ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que actualmente "existen 811 causas vigentes, 400 en La Araucanía, 339 en Biobío y 72 en Los Ríos, como también nuevas acciones en materia de persecución penal: 47 nuevas querellas, entre ellas, 24 en La Araucanía, una denuncia y una ampliación de querella -la públicamente conocida contra Héctor Llaitul-, como también en la Región del Biobío (16) y en Los Ríos (9)".

"Nos hemos propuesto con el equipo jurídico del ministerio del Interior, darle seguimiento y solicitar distintas diligencias al Ministerio Público y no solamente hacer la presentación de la querella inicial, porque podemos tener una gran cantidad de querellas que se van acumulando, pero las investigaciones no logra muchos resultados", indicó la secretaria de Estado.

Sin embargo, hubo críticas desde la oposición.

Una de ellas provino desde el diputado de Evópoli Francisco Undurraga, quien afirmó que "vamos a aprobar, una vez más, el estado de excepción. Lo que no entendemos es que este estado de excepción lo aprobamos la semana pasada, todavía faltan 10 días para que se tenga que renovar".

"Usted cuando está enfermo. ¿El doctor a los dos días le renueva una licencia médica o le da una nueva receta, o espera que pasen los días prudentes para así poder realizarlo? Nosotros no tenemos ningún problema en concurrir el próximo jueves o viernes a renovar el estado de excepción, como por lo demás lo hicimos en enero y febrero", cuestionó el parlamentario.

Un nuevo flanco de críticas hacia la ministra Siches luego de que afirmara durante una entrevista con Canal 13 que "en la actualidad Carabineros es una entidad autónoma y lo que esperamos es avanzar en mayor poder civil sobre las policías".

La frase llamó especialmente la atención, ya que de acuerdo con la institucionalidad del país las policías dependen directamente del ministerio que encabeza la propia jefa de gabinete, algo que le recordó el diputado Jorge Alessandri (UDI).

"Cinco meses después de asumir no sabe que los carabineros dependen de ella, que ella es la jefa. No se acuerda de que en la legislatura anterior se acusó constitucionalmente a un intendente de la Región Metropolitana (Felipe Guevara) por el copamiento que había hecho Carabineros; no se acuerda de que también se acusó constitucionalmente a (Andrés) Chadwick por el caso Catrillanca", cuestionó el parlamentario gremialista.

Al legislador se sumaron voces de exministros del Interior. Jorge Burgos, quien ocupó el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, dijo a La Tercera que "es una declaración errónea, Carabineros no es autónomo, es una institución que no corresponde a ninguna de las características de la autonomía (...) Los nombramientos en Carabineros todos dependen del Presidente de la República, son a través de decretos, no se autogenera su conducción, presupuestariamente depende de Interior. (...) El error lo puede cometer cualquiera, pero es más complejo cuando lo emiten las personas de la cual Carabineros se relaciona y del cual dependen. Es complejo. Este es un grave error".

Rodrigo Delgado, jefe de gabinete durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, coincidió en que "Carabineros no es una institución autónoma por varios motivos, pero los más importantes tal vez es que depende del Presupuesto de la nación, no tiene patrimonio propio, su alto mando puede ser designado o removido por la autoridad civil. Y lo más importante es que depende del ministerio del Interior y se relaciona a través de la subsecretaría del Interior".

Querella a llaitul

En cuanto al conflicto en la Macrozona Sur, Interior emitió ayer un documento en respuesta a cuestionamientos de legisladores por no asumir nuevas acciones legales contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras sus recientes declaraciones en que reconoció el robo de madera.

En el texto el Ejecutivo afirmó que la ampliación de la querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que presentó el pasado 28 de julio contra el cabecilla de la agrupación sí permite perseguirlo por esos dichos.

La querella de Interior "habilita al Ministerio Público para investigar, en el contexto de la LSE al señor Llaitull, por cualquier hecho que se asocie con sus declaraciones, pasadas, presentes y futuras", aseguró la División Jurídica de la cartera.

La página 4 del escrito señala además que "al deducir este Ministerio del Interior la facultad del artículo 26 de la LSE, entiende que al dirigirla 'en contra de quienes resulten responsables' y respecto de 'todo nuevo hecho que se determinen durante el transcurso de la investigación que desarrolle a efecto el Ministerio Público', el ente persecutor queda facultado para desarrollar la actividad investigativa respecto de todo hecho que se relacione, como en este caso, directamente con el objeto de la persecución penal vigente en la presente investigación".

El texto añade que es "indudable que las declaraciones que ahora se difunden están en la misma línea de las anteriores que llevaron a la ampliación de la querella del Gobierno, indicando la realización de hechos precisos que podrían ser constitutivos de delito. Pero, además, estos hechos se enmarcan en delitos comunes que, conforme las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público para investigar, puede hacerlo de oficio sin necesidad de una querella de esta parte".