La Asociación de Municipios de Chile (Amuch) y la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) anunciaron una alianza que brindará un 10% de descuento a los adultos mayores en la compra de pan. Este beneficio se aplicará en las panaderías asociadas al gremio y tendrá un tope de dos kilos durante los meses de agosto y septiembre del presente año.

Para solicitar el descuento, los vecinos deberán presentar su cédula de identidad para verificar la edad del beneficiario.

En el lanzamiento de este beneficio, el presidente de Fechipan, Marcelo Gálvez, dijo que "nosotros esperamos que durante el mes de agosto se sumen alrededor de 2.000 panaderías a lo largo de todo Chile".

"Llamamos a todos los panaderos de Chile a ponerse una mano en el corazón con la gente de la tercera edad, que es la más fiel a las panaderías tradicionales, porque ellos nacieron con un pan de muy buena calidad que solo se produce en las panaderías artesanales", expresó el dirigente, quien añadió que en el caso de que alguna panadería no asociada se quiera sumar a la campaña voluntariamente, puede descargar un sello distintivo a través de la página web de Fechipan.

Redacción

La ministra del Interior, Izkia Siches, rectificó la posición del Gobierno frente a los dichos de Héctor Llaitul y ayer en la noche anunció se ampliarán querellas relacionadas a violencia rural en la macrozona sur, para que el Ministerio Público investigue los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en los que reivindicó una serie de ataques ocurridos en las últimas semanas como actos para "vengar" la muerte del exintegrante de la CAM (en 2021), Pablo Marchant, y con los que también indicó que su organización debe "canalizar la violencia hacia el sabotaje bien dirigido, hacia insumos, maquinarias".

De esta forma, el Ejecutivo echó pie atrás a la posición defendida por sus ministros hasta ayer en la mañana, incluida la propia jefa de gabinete, quienes habían insistido en que no tomarían nuevas acciones contra el dirigente ya que había algunas ya presentadas , pese a que el fiscal nacional, Jorge Abbott, había dicho que sin querella del Gobierno no se podía investigar por Ley de Seguridad del Estado.

"Hemos querido evaluar el ampliar las querellas en torno a estos hechos, que nos parecen graves, como también solicitar una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público para demostrarle al país con claridad que el Gobierno está comprometido a resolver los conflictos en la zona, como también que no va limitarse a usar ningún instrumento de nuestro ordenamiento jurídico", afirmó la titular de Interior.

A juicio de Siches, los dichos de Llaitul "son constitutivos de delito", ya que "se atribuye participación" en distintos atentados ocurridos en el sur.

"Así, considerando lo que ha manifestado el fiscal nacional (Jorge Abbott), hemos optado por ampliar nuestra querella como también solicitar activamente a la Fiscalía acciones investigativas que creemos que resuelven esta polémica y nos permite avanzar", subrayó la ministra.

Aclaración de la suprema

El anuncio bien pudo ser una reacción a las declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien más temprano llamó ayer al Gobierno y al fiscal nacional, Jorge Abbott, a coordinarse para perseguir penalmente a Llaitul.

"Aquí no se trata de tener una pelota que se va tirando de unos a otros y decir, 'el que tiene que hacer esto es este y no el otro'. Es importante que todos aquellos encargados de la persecución penal se coordinen adecuadamente y que se haga uso de todas las herramientas legales que permitan que no vivamos en un clima de amenazas o de inminentes delitos", planteó la magistrada y describió que "la situación en la macrozona sur es extremadamente preocupante" para jueces y funcionarios judiciales que han sido amenazados.

Además fue enfática con las palabras de Llaitul: "Son cosas distintas las opiniones que las amenazas, sin duda. Cuando yo opino, estoy dando mi parecer sobre situaciones y estoy diciendo qué es lo que yo creo que es bueno, qué es malo, y estoy haciendo uso de una garantía constitucional. No existe ninguna garantía constitucional para amenazar ni a personas, ni a instituciones, ni al Estado de Derecho. Es importante que distingamos la libertad de expresión de otro tipo de conductas".

Finalmente, dijo que "nos inquieta mucho la situación, en que se empieza, ya no a considerar que hay focos, sino a comprometer la seguridad colectiva en regiones enteras".

"3.500 atentados"

También la nueva posición de La Moneda pudo estar influida por una serie de llamados de distintos actores políticos. El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, dijo más temprano que "es un error político" que no se presenten nuevas acciones contra Llaitul, y el de La Araucanía, Luciano Rivas, apuntaba que "el Gobierno dice que no persigue ideologías, pero esto que está detrás son atentados y personas que han sido asesinadas. Estos errores se terminan pagando caro, porque los atentados siguen ocurriendo. No sólo estoy hablando de este Gobierno, sino que el anterior también debería haberse querellado (...) Estas 'ideas' han traído 3.500 atentados".

La senadora Ximena Rincón (DC) aseguró antes que no se está frente a la persecución de ideas. "No entiendo qué tiene que ocurrir para que el Gobierno actúe. ¿Tiene que morir alguien?", reprochó, mientras que desde el oficialismo, el senador por el Biobío Gastón Saavedra (PS) sugirió la querella contra Llaitul "para dar cumplimiento, fehacientemente, a su apego a la ley y a la protección de las personas. Se debería solicitar y actualizar todo lo que hay para que el Ministerio Público avance en las investigaciones y en las sanciones que corresponden a la CAM y Llaitul".

"Nos inquieta mucho cuando se empieza a comprometer la seguridad colectiva en regiones enteras".

Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema

"El Gobierno no va a limitarse a usar ningún instrumento de nuestro ordenamiento jurídico".

Izkia Siches, ministra del Interior

El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, reveló ayer en entrevista con el Diario Financiero, que no habrá heredabilidad en la cotización adicional del 6% con cargo al empleador que contempla la reforma previsional que presentará en agosto el Gobierno para su trámite en el Congreso. La idea es que ese dinero mejore las jubilaciones actuales y también de quienes se sumen en un plazo de hasta 15 años.

Durante la jornada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió esta medida: "Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en un sistema de pensiones que tiene estos distintos componentes, que tiene el componente de esfuerzo, de ahorro individual, de propiedad de las personas, heredable y que tiene otros componentes que tienen que ver con la solidaridad, compartir riesgos".

Añadió que "por supuesto no podemos obligar a las personas a que integren todos estos elementos dentro de la manera que ven el sistema de pensiones, quienes tienen la obligación de hacerlo son quienes toman las decisiones de política pública: el Gobierno, los parlamentarios, los actores del sistema. Lo que plantea el subsecretario es un desafío para las personas que plantean otros principios".