Japón ejecutó al autor de la "masacre de Akihabara", uno de los sucesos más mortíferos de los últimos años en el país, en el que siete personas murieron y diez resultaron heridas en 2008 en el concurrido núcleo comercial de la electrónica en Tokio.

Tomohiro Kato, también conocido como el "asesino de Akihabara", fue ajusticiado a los 39 años en la horca, como establece la ley japonesa, en el centro de detención capitalino donde se encontraba preso, informó el ministro nipón de Justicia, Yoshihisa Furukawa.

Kato fue condenado a la pena capital en 2011 por atropellar mortalmente a tres personas con un camión y matar a otras cuatro a cuchilladas.

El ministro Furukawa dijo que Kato embistió "indiscriminadamente, dejando siete muertos tras una exhaustiva preparación", en un caso "cruel" que "influyó significativamente en la sociedad" japonesa y explicó que firmó la orden de ejecución "tras considerarlo cuidadosamente".

El suceso tuvo lugar el domingo 8 de junio de 2008. Kato irrumpió pasado el mediodía con un camión en Akihabara, zona muy concurrida de la metrópolis especializada en tecnología, videojuegos y manga, y embistió a la multitud en su calle principal, que ese día estaba cortada al tráfico.

Tras atropellar a cinco personas, de las que tres murieron, Kato se bajó del camión y apuñaló a una docena de paseantes, de los que cuatro perdieron la vida.

Japón prohibió hasta 2011 que ese área volviera a ser peatonal los domingos.

Kato fue condenado a muerte en 2011 y en 2015 la sentencia se hizo firme tras el rechazo por parte de la Suprema de la última apelación posible de la defensa, que argumentaba que el reo no estaba en pleno control de sus facultades mentales en el momento de los hechos a causa de estrés psicológico severo.

La ejecución fue la segunda en siete meses realizada en el país tras las acometidas en diciembre, cuando tres reos fueron ajusticiados por múltiples asesinatos, y es la segunda desde que asumió el primer ministro Fumio Kishida.

El exsecretario del presidente de Perú, Pedro Castillo, Bruno Pacheco se entregó a la Justicia tras más de 100 días prófugo y permanecerá bajo custodia mientras es investigado por corrupción en un caso en el que también está presuntamente implicado el mandatario, confirmó este martes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

"Quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la Justicia", declaró durante una ceremonia de conmemoración de las Fiestas Patrias.

La fiscal agregó que la entrega del exfuncionario de confianza de Castillo fue posible gracias al "esfuerzo y profesionalismo" del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, y del equipo especial de la Policía.

Pacheco estuvo más de tres meses en la clandestinidad, luego de que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata, un obra vial sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.

El exfuncionario renunció a su cargo de secretario general del despacho presidencial en noviembre del año pasado, luego de que se encontraran 20.000 dólares en efectivo en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno.

Por el caso del puente Tarata, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Castillo por supuestamente liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo para obtener beneficios ilícitos de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Pese a la inmunidad de la que goza el jefe de Estado, la Fiscalía dispuso investigar al mandatario por presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en prejuicio del Estado a raíz de esta presunta trama de corrupción, en la que estarían implicados el exministro de Transportes Juan Silva y un sobrino de Castillo, Fray Vásquez, quienes se encuentran prófugos de la Justicia.

Castillo reaccionó a través de redes sociales y señaló que "para mi Gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la Justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo, esperamos que se imponga la verdad".

La Unión Europea (UE) mostró ayer su unidad frente al "chantaje energético" por parte de Rusia con un plan que pretende reducir un 15% la demanda de gas pero que contempla derogaciones para responder a la situación de cada país, como pedían España y otras naciones.

Los ministros de Energía de la UE, reunidos en un Consejo extraordinario, cerraron un acuerdo político sobre una propuesta presentada el 20 de julio por la Comisión Europea y adaptada tras intensas negociaciones a las peticiones de los Estados miembros, luego de una fría acogida inicial de la mayoría de delegaciones.

"La decisión de hoy (ayer) demostró claramente que los Estados miembros se mantendrán firmes contra cualquier intento ruso de dividir la UE utilizando los suministros de energía como arma", dijo el ministro checo de Industria y Comercio, Jozef Síkela, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, consideró "importante" el acuerdo logrado "por el mensaje que se traslada hacia fuera: no aceptamos el chantaje de (el presidente ruso, Vladimir) Putin", señaló e indicó que para que el acuerdo sea eficaz "requiere poder incorporar de manera flexible la manera en la que cada uno de nosotros puede contribuir a respaldar a nuestros vecinos".

Robert Habeck, ministro de Energía de Alemania, el país que más expuesto está a un corte de suministro ruso, valoró en el debate público celebrado en el Consejo que "en cinco días se haya conseguido" un acuerdo que "envía una fuerte señal" y hace que la UE esté preparada "para ayudar de manera solidaria".

"farsa de la turbina"

El titular alemán denunció la "estrategia clara del Kremlin" para "romper la solidaridad en la UE y con Ucrania" e incluso criticó al gigante del gas ruso Gazprom, que "no parece dominar sus propias decisiones".

"La farsa sobre la turbina canadiense lo dice todo", señaló sobre un elemento del gasoducto Nord Stream 1 que había quedado bloqueado en Canadá.

Los Estados miembros acordaron en particular reducir la demanda de gas en un 15% entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 -en comparación con su consumo medio de los últimos cinco años- de manera voluntaria primero y, en caso de que se declare el estado de alerta en la UE, como por ejemplo si hay un corte total del suministro ruso, de forma obligatoria.

Frente a la propuesta inicial de Bruselas, que planteaba un recorte del 15% por igual para todos, se admitieron posibles derogaciones en determinados casos.

En el caso de los países que son islas (Malta, Chipre e Irlanda), el Consejo decidió que se les aplicarán excepciones de manera automática.

Los Estados miembros cuyas redes eléctricas no están sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependen en gran medida del gas para la producción de electricidad (los países bálticos) también podrán pedir una exención, a fin de evitar el riesgo de una crisis de suministro eléctrico.

Los países que tengan "interconexiones limitadas" con otros (como España y Portugal) y puedan demostrar que están utilizando al máximo sus capacidades de exportación de interconectores o su estructura nacional de gas natural licuado para redirigir gas a otros, podrán solicitar una excepción.

Para beneficiarse de esa derogación, que puede llevarles a reducir el ahorro de gas del 15% inicial a un 7%, tendrán que demostrar que están haciendo lo que pueden para cumplir solidariamente con la demanda de otros Estados miembros.