Robos y asaltos

Señor director: Vemos con preocupación que día a día siguen ocurriendo delitos que afectan, centros de acopio de mercaderías y el transporte de distintos productos, especialmente tecnológicos, ejemplo de ello es el que afectó a una empresa y que terminó con el fallecimiento de una persona, mientras cumplía funciones de resguardo de transporte de mercadería.

Todos los días los centros de distribución, movilizan vehículos que transportan productos cuyo valor supera con creces al de un cajero automático, lo que evidencia la necesidad de normar este tipo de servicios. La legislación debe entregar medidas de seguridad y de protección a quienes ejercen este tipo de labores, las cuales permitan, por un lado, disminuir y mitigar la gran cantidad de delitos violentos con presencia de bandas armadas y que afectan el transporte de mercadería valiosa, y, por otra parte, equiparar las fuerzas entre victimarios y agentes de seguridad.

Aldo Vidal, Coordinador Técnico de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA)

Un nuevo paso hacia la inclusión financiera

Hace algunos días, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que crea un Registro de Deuda Consolidada, lo cual es una muy buena noticia debido que se demuestra el compromiso con la inclusión financiera y el endeudamiento responsable que tienen el gobierno y el parlamento.

La experiencia comparada y los incontables argumentos provistos por organismos como el Banco Mundial, la OCDE, la CMF y el Banco Central, muestran la urgencia de avanzar decididamente con esta política pública para generar mayor bienestar financiero a personas y empresas, por no dejar de mencionar que a la fecha somos el único país de Sudamérica que carece de un Registro de Deuda Consolidada.

Esperamos que la tramitación siga con la misma determinación y celeridad, para que podamos seguir forjando un sistema financiero sin asimetrías de información y competitivo, que permita a la ciudadanía satisfacer mejor aún sus necesidades de financiamiento en forma responsable.

Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile

Anomalía vital

Al ver una imagen recientemente publicada por la NASA de la región del universo más antigua a la que el ser humano le echa un vistazo por primera vez, no puedo más que sorprenderme y asombrarme de dos cosas: por un lado, reconocerme parte de una entidad biológica autoconsciente de su entorno y de sí misma con un extraordinario potencial para alterar en su beneficio, para bien o para mal, el espacio que la rodea. Y, por otra parte, darme cuenta de que quizás somos una anomalía del universo tan rara y ocasional que, quizás, haya más probabilidad que nuestra especie desaparezca producto de la extinción de nuestro sol, que la probabilidad que tendremos alguna vez la oportunidad de encontrarnos con otra especie autoconsciente y equivalentemente tecnológica procedente de alguna de esas galaxias que observo en esa imagen que bien la pudo haber pintado Roberto Matta en algún atelier de París.

Los patrones de consumo desbocado junto con una relación patológica de nuestra especie con los sistemas naturales que la cobijan, así como una concepción de "desarrollo" propia de mentes esquizoides que promueven modelos de negocios que emulan a la siniestra industria armamentista cuyos productos de uso único y efímero pero de jugosas ganancias, permea los sueños húmedos de legiones de empresarios fabriles y rentistas alrededor del planeta y también en nuestra estrecha franja vital al borde del océano. Con el agravante adicional que por estos pagos los empresarios fabriles son "ave raris" en vías de extinción en medio de especuladores, rentistas, extractivistas de poca imaginación y mercaderes de distinto pelaje.

Aberraciones como las zonas de sacrificio de Bahía Mejillones, Calama, Tocopilla, Chañaral, Huasco, Freirina, Quintero-Puchuncaví, Tiltil o Bahía Coronel podrán enfrentarse de una manera institucional integral orientada a la superación de la actual condición de "sacrificio" que padecen dichos territorios. Como botón de muestra, cuando la propuesta constitucional plantea el derecho de "niños, niñas y adolescentes a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad" (Art.26, Inciso 3) no solo ofrece una puerta de salida institucional a los niños y niñas de dichos territorios, sino que también se propone una alternativa de mejor futuro para nuestra maltrecha sociedad.

Cuando se establece "la relación indisoluble del ser humano con la naturaleza" (Art.1, inciso 2), se reconoce finalmente algo que las ciencias ecológicas pregonan desde hace décadas. Y si a este axioma natural se complementa con la idea institucional donde el Estado "reconozca y promueva el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad" (Art.8) estamos frente a una declaración de principios humanistas que sobrepasan largamente el párrafo retórico, pero vacío e institucionalizado a sangre y fuego, que reza que la constitución del dictador asegura el "derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y donde el Estado tiene el deber para que dicho derecho no sea afectado" (Art.8, Constitución 1980). Esta declaración vacua sobre el tema ambiental representa una de las dos únicas normas contenidas en TODA la Constitución actual donde se abordan temas vinculados a medio ambiente o naturaleza. En la segunda norma se delega en la Ley la potestad de restringir derechos específicos para proteger el medio ambiente (Art8, Constitución 1980). Así como en la actual Constitución estos temas representan palabras al viento, existen otros axiomas económicos constitucionales redactados con el patrocinio intelectual de la Escuela de Chicago, los cuales han gozado del beneplácito y promoción de viudos y viudas de la dictadura, así como insignes líderes de todo el espectro concertacionista, donde el Estado Militar y Neoliberal hizo vista gorda al Artículo 8 de la misma Constitución.

Tal es el caso del axioma neoliberal que establece "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales"(Art. 24, Constitución 1980), precisando expresamente y de manera taxativa que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la Ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos" (Art 24, Constitución 1980). Las consecuencias de este principio rector de la actual Constitución sobre esta materia se pueden encontrar en el interior de camiones aljibe que transportan agua para consumo humano en comunidades del valle central de la Región de Valparaíso que colindan con plantaciones de la agroindustria de paltas.

Marcelo Saavedra, biólogo