El proyecto de reforma tributaria presentado ayer por el Gobierno termina con la exención tributaria a los arriendos con DFL2, ya que en numerosos casos la vivienda se ve como una inversión y no una necesidad básica, propósito con el que fue creado este beneficio. La iniciativa sembró dudas sobre qué pasará, por ejemplo, con los adultos mayores que viven de esa renta.

El Decreto con Fuerza de Ley 2 fue promulgado en 1959 y establece que las "viviendas económicas" son aquellas que se poseen una superficie edificada y útil de 140 metros cuadrados o menos, y la iniciativa del Ejecutivo señala que "todos los ingresos generados por arriendos de inmuebles estarán gravados con impuestos, eliminando la exención otorgada a los DFL2".

"Existe a nivel mundial el desafío de gravar las utilidades que se acumulan en sociedades no operativas, postergando el pago de impuestos personales de sus socios. Para avanzar en esta dirección se establece una tasa de 1,8% al diferimiento del pago de impuestos personales, similar a una tasa de interés por la postergación del pago del impuesto a las rentas del capital a través de sociedades de inversión u otros vehículos similares. Esta tasa solamente será aplicable a empresas cuyos ingresos provienen en más de un 50% de rentas pasivas, tales como dividendos, intereses (salvo instituciones financieras), o arriendos de inmuebles", sostiene el proyecto.

Solo en dos casos las personas naturales podrán efectuar deducciones de su base imponible de impuesto personal, indica la iniciativa: en el gasto por arriendo con un tope de $450.000 al mes; y el gasto asociado al cuidado de menores de dos años y personas con grados de dependencia severa, con un tope de $550.000.

El diputado RN Miguel Mellado señaló al respecto que "hay mucho jubilado en este país que han comprado una vivienda para arrendar, y ahora van a tener que pagar impuesto por ese arriendo, eso no me parece, porque creo que hay que dejar libre de impuesto y contribuciones a aquellos que han cumplido toda su vida con el país y que tienen arriba de 60 años".

Sus pares UDI Henry Leal y Flor Weisse enviaron una carta a La Moneda donde indicaron que "nos parece del todo lógico que una persona que durante 25 o 30 años estuvo pagando sagradamente su casa, hoy el Estado no les esté cobrando otro impuesto que muchas veces, incluso, es imposible de pagar debido a las bajas pensiones que existen en nuestro país".

La misiva también agrega la idea de eximir de impuestos a quienes viven en la "zona cero" de Santiago -alrededores de Plaza Baquedano -y en terrenos tomados de la Macrozona Sur: "El Gobierno tiene una oportunidad tremenda de ayudar a todas las víctimas de las violentas movilizaciones de octubre y de los grupos terroristas que operan en La Araucanía y Arauco".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó ayer, por primera vez en forma ampliada, en qué consiste la reforma tributaria que el Gobierno enviará al Congreso y con la cual se espera recaudar adicionalmente un 4,1% del PIB anual. Con énfasis en las pymes y la clase media, el empresariado espera conocer las medidas microecónomicas o "letra chica", mientras que la academia advirtió la incertidumbre que atraviesa la economía mundial.

"Vamos a buscar financiar la ampliación de derechos sociales en temas como salud, fortalecimiento de la PGU (Pensión Garantizada Universal) y fortalecimiento del sistema de cuidados", dijo Marcel al comienzo de su presentación en La Moneda.

Si el Congreso aprueba el proyecto del Gobierno, el próximo año la recaudación fiscal llegará a un 0,6% del PIB, para luego ir aumentando progresivamente a 1,8% en 2024, a 3,1% en 2025, y 4,1% al fin del mandato del Presidente Gabriel Boric.

"Para avanzar en justicia tributaria", dice el proyecto, "aumentarán las tasas marginales de las personas que obtienen ingresos mensuales de más $4 millones", con un tope impositivo de 43%, donde el primer tramo, de entre $4 y $5,2 millones, deberá pagar un 26%.

En materia empresarial, el impuesto de primera categoría bajará de 27% a 25%, y se establece una tasa de desarrollo, del 2% de las utilidades, la cual "podrá pagarse en forma de impuesto o ser destinada a gastos que aumentan la productividad de la empresa y de la economía", como innovación y desarrollo, "triplicando el monto máximo de crédito tributario entregado (aumenta de $800 a $2.500 millones), incorporando a las pymes y flexibilizando los requisitos".

El impuesto a la riqueza se aplicará a quienes tengan más de US$5 millones, quienes pagarán un 1%, y sobre US$15 millones, 1,8%. En el país "solo 6.300 personas se encontrarán gravadas con este impuesto".

Controversia

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó que "lo importante es conocer esta reforma en detalle, (...) cómo se va a tomar los valores de los activos, qué es lo que va a suceder, cómo afecta, cuáles son las tasas, cuál es cada uno de los detalles que está detrás de cada uno de los grandes principios o lineamientos o tasas que se estarían proponiendo".

No obstante, destacó el líder del empresariado, "la incerteza disminuye, porque por lo menos ya sabes cuál es la propuesta que el Gobierno está haciendo", pero "no se nos olvide que tiene que ir al Congreso, va a haber un periodo de a lo menos seis meses", donde "creo que habrá un trabajo colaborativo de todos los sectores y la sociedad para que esto sea lo mejor para Chile".

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, agregó que "nos gustaría que la tramitación del proyecto en el Congreso considere mayores incentivos a la inversión y productividad. Una reforma de este tipo, con un escenario económico desafiante y el temor de una eventual recesión, debe ser muy bien implementada ya que puede generar más perjuicios que beneficios", cuando "más del 90% los agricultores" es pyme.

El dólar ayer cerró en $931 debido a la inflación en Estados Unidos, la guerra en Ucrania y el temor a una recesión mundial. Además, el cobre cayó por tercera jornada consecutiva a US$3,61 la libra grado A.

El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, cuestionó "¿es este el mejor momento para avanzar en una reforma tributaria? Creo que no. (...) Es demasiada la incertidumbre que hay en el ambiente que, siendo rigurosos, no afecta de forma inmediata al gran inversionista, sino que va directamente contra la clase media y los más vulnerables. (... Recaudar cuatro puntos del PIB) es muy probable que no se logre si no somos capaces de generar medidas proinversión y pro crecimiento. Esta reforma carece de estas últimas, por lo que podría repercutir en que haya menos empleo".

El director del magíster en Planificación y gestión tributaria de la Universidad de Santiago (Usach), Germán Pinto, dijo que 4 puntos del PIB al año "representan entre US$10.000 y US$12.000 millones al final de su periodo, pero también hay que pensar que se ha calculado en US$30.000 millones el presupuesto para financiar todas las demandas" sociales, lo cual "se debe lograr sin ahogar al emprendimiento privado y a la inversión extranjera".