Redacción

La directiva de la Democracia Cristiana llamó a una junta nacional extraordinaria para el 16 de julio, donde el objetivo será definir una postura de cara al Plebiscito del 4 de septiembre.

En la cita definirán su voto político para apoyar la opción de Apruebo o Rechazo, aunque hay voces del partido que piden libertad de acción.

En la minuta explicaron los motivos para que la decisión no se tome a través de una consulta general, como habían propuesto algunos directivos.

El diputado y segundo vicepresidente de la DC, Héctor Barría, apuntó a problemas de tiempo y escasez de recursos.

"Muchas voces estaban por la modalidad un militante un voto, pero dadas las circunstancias, el tiempo, la regulación a la cual nos regimos bajo la ley de partidos políticos, esa opción no es posible. Por lo tanto nos vamos a regir por la ley", señaló a radio Biobío.

En la junta nacional están citados los presidentes comunales, consejeros regionales y delegados.

Algunas personalidades de la falange, como la senadora Ximena Rincón, habían apuntado a la libertad de acción y que cada uno expresar "por qué sí y por qué no".

Además, dentro de la DC ya existían amplias diferencias en esta materia, las que quedaron a la luz cuando en el partido surgió la opción de rebajar a 4/7 los quórum de los artículos de la actual Constitución.

Por otro lado, desde la Juventud Demócrata Cristiana anunciaron el fin de semana que apoyarán la opción Apruebo para el 4 de septiembre.

La decisión la tomaron en el consejo nacional por unanimidad e hicieron un llamado al partido y militantes a "tomar la misma definición".

"La Democracia Cristiana siempre, tanto en sus resoluciones y acuerdos internos, como en la acción gubernamental y en el Congreso, ha promovido la redacción de una nueva Constitución política", apuntaron en ese entonces.

Para el Plebiscito anterior sobre la redacción de una nueva Constitución, la Democracia Cristiana hizo campaña por el Apruebo.

El presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Delpin, indicó en diálogo con CNN Chile que "lo peor que podemos hacer es dar libertad de acción, ese no es el camino, dejaría al partido con la imagen de que no puede tener posturas claras en la historia del país".

"Todos los partidos tienen militantes con opciones distintas, y se tiene que dar un debate para optar por una opción", concluyó.

La Policía de Investigaciones anunció ayer que se liberó al misionero chileno, Esteban Zambrano, que estaba secuestrado en Haití desde el 8 de junio.

El hombre de 32 años será trasladado a la embajada chilena luego de que el equipo negociador, encabezado por detectives de la institución, llegara a un acuerdo.

"Tras el trabajo del equipo negociador, compuesto por nuestros detectives, liberaron al secuestrado en Haití", indicó la PDI en redes sociales.

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores resaltaron en un comunicado que "gracias al trabajo del equipo de la Embajada y Consulado de Chile en Haití y del personal de la PDI y Carabineros asignados a Puerto Príncipe, el chileno fue liberado en buen estado de salud y ya se encuentra reunido con su familia".

La titular de la cartera, Antonia Urrejola, señaló que "desde la Cancillería de Chile estamos muy satisfechos por el tremendo trabajo de nuestra Embajada en Haití, en coordinación con las autoridades haitianas y también la PDI y Carabineros y, por supuesto, estamos muy satisfechos por Esteban Zambrano y por su familia".

Zambrano fue abordado el 8 de junio, cerca de las 14 horas de Chile, cuando estaba con su hija de 6 años, por al menos dos personas armadas, y luego de las súplicas del hombre al menos dejaron bajar a la menor para que volviera a su hogar.

Su esposa fue contactada por los captores de la víctima, quienes le pidieron 100 mil dólares (cerca de 83 millones de pesos chilenos) para su liberación. Además ella señaló que el misionero fue amenazado con armas de fuego.

La prefecta Catalina Barría, Jefa Nacional de Cooperación Internacional, informó en ese entonces que la PDI tomó conocimiento de lo ocurrido.

En ese momento, comentó que "se han realizado diversas diligencias para conectar nuestro agregado policial en Haití con las jefaturas de Investigaciones Especiales y el Instituto de Criminología para apoyar a la familia".

El día de los pueblos originarios -fue ayer- plantea importantes problemas que están en el centro del debate público.

Y por eso vale la pena repasarlos siquiera brevemente.

Ante todo, ese día recuerda que las sociedades humanas, la mayoría de ellas, son una amalgama de culturas. No hay ninguna de ellas, no desde luego la chilena, que se haya erigido prístina e incólume sobre una sola forma de estar en el mundo. Todas ellas surgen de una amalgama de modos de estar en el mundo y de sentir. Todas las sociedades humanas albergan en su seno muchos pueblos. Basta reparar en las convicciones religiosas -la dominante habría nacido en Egipto, con Moisés- para caer en la cuenta de que la idea de una cultura o un pueblo únicos, asentados sobre un territorio, es absurda.

La pregunta entonces que cabe plantear no es si la sociedad de que se trata -en nuestro caso la chilena- está constituida por uno o varios pueblos, una o varias culturas, sino que la pregunta de veras relevante es si acaso esas varias culturas acabaron o no conformando un solo pueblo, una unidad en la que todos se reconocen.

En el caso de Chile, la convicción predominante, y que se comenzó a conformar hacia fines del siglo diecinueve, en la historiografía, fue que Chile era una realidad nueva surgida de la mezcla o la amalgama de muchas culturas. Esa imagen de la sociedad chilena como una realidad cultural que subsumía, hasta incorporarlas en una nueva identidad, a otras sociedades hasta conformar una realidad homogénea -la nación chilena, que habría sido una excepción cuando se la comparaba con otras sociedades de la región- fue dominante durante el siglo XX y se esparció gracias al sistema educacional y la labor de la Iglesia. Esa fue la auto imagen de la sociedad chilena tanto para la izquierda como para la derecha. Para una y otra los pueblos originarios no existían como tales, eran parte del proletariado o el campesinado, pensó la izquierda, o estaban incorporados a la hacienda, subsumidos en la figura del huaso o el inquilino, para la derecha.

Esa imagen, esa auto comprensión de la sociedad chilena, ha cambiado hoy día muy radicalmente.

Y ese es quizá uno de los fenómenos claves del Chile contemporáneo.

Hoy día Chile no parece reconocerse en esa imagen o, si se prefiere, esa imagen de una sociedad homogénea unida por la memoria es un espejo trizado en el que se reconocen apenas retazos de lo que somos; pero no la imagen completa.

La declaración de que Chile es una sociedad plurinacional que se contiene en el proyecto de carta constitucional que será sometido a plebiscito, es el fruto de ese cambio en la forma de comprenderse la sociedad chilena a si misma.

No cabe discutir ese cambio en la auto comprensión; pero sí es necesario revisar críticamente las consecuencias que se pretende obtener de ella.

Porque una cosa es reconocer la existencia de otras culturas y otra cosa pretender que las generaciones actuales son, sin más deudoras y esos pueblos acreedores, como sugirió sin mayor reflexión el presidente Gabriel Boric en su declaración de ayer. Concebir a una sociedad, en este caso la chilena, bajo la forma de una relación obligacional en que una parte es acreedora y la otra deudora, concebirla, en suma, como atravesada por una deuda insoluta, puede ser un severo error desde el punto de vista político e histórico. Y ello porque una sociedad política, o una comunidad política, exige una relación entre iguales, algo que se socava cuando se instituye a una parte de la sociedad como acreedora de la otra.

Nada de lo anterior se opone, desde luego, a la cuestión de cómo organizar la sociedad de manera justa. Pero esto es distinto a pensarla en términos de deuda. Al pensarla ante todo en términos de deuda se incurre en una petición de principio puesto que se da por resuelto el problema de qué se debe y quién debe a quién.

Por eso en el caso del debate en Chile quizá sería útil evitar el uso de la relación obligacional y de la culpa para tratar la cuestión de los pueblos originarios y recuperar una pregunta política que nos atinge a todos: ¿qué es lo justo a la hora de organizar la vida en común?