Redacción

En una jornada clave para las comunas, el Pleno de la Convención Constitucional votó un nuevo informe de reemplazo de la comisión de Forma de Estado.

En la instancia se revisaron las atribuciones que podrían tener los municipios, las autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

Entre los artículos que fueron aprobados destaca, por ejemplo, las nuevas facultades que tendrá la comuna autónoma, como la que les permite "establecer empresas, o participar en ellas, ya sea individualmente o asociadas con otras entidades públicas o privadas, a fin de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones que les asignan la Constitución y las leyes".

Otras facultades establecidas en el artículo 14 señalan las responsabilidades de aseo y ornato, la promoción de la seguridad indígena y gestionar la reducción de riesgos frente a desastres.

Por otro lado, se visó también el párrafo que faculta a las comunas tener un estatuto comunal que será discutido y llevado a cabo por el Concejo Municipal, en el que estarán la organización administrativa, los mecanismos de participación vecinal y las normas para la elaboración de ordenanzas municipales.

Comunas fortalecidas

Otro punto que entró al borrador constitucional al lograr los dos tercios es que las comunas "tendrán competencias preeminentes sobre las regiones autónomas y el Estado, en relación a las funciones de gobierno local que puedan ser cumplidas de modo adecuado y eficaz, sin perjuicio de una necesaria coordinación para su ejercicio y la distribución de competencias establecida en la Constitución".

Además, la comuna autónoma tendrá entre sus competencias el fomento de la reintegración y reinserción de personas en situación de calle que así lo requieran mediante programas; ejercer acciones pertinentes con el resguardo de la naturaleza y sus derechos reconocidos por la Constitución y ley; la promoción de la seguridad ciudadana.

Territorio indígena

El Pleno también votó por las regulaciones que tendrán las "autonomías territoriales indígenas" (ATI), que aunque ya habían sido aprobadas no había mayor detalles de estas.

En definitiva, se consagró en el borrador de nueva Constitución que son "entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía, en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado Regional de conformidad a la Constitución y la ley".

"Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas, para el cumplimiento de sus propios fines", está escrito en el primer artículo, que fue aprobado.

Sobre la forma de constituir estas figuras quedó establecido que "la ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas" y además "las autonomías territoriales indígenas deberán tener las competencias y el financiamiento necesario para el adecuado ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas".

Territorios especiales

Tras los reclamos sobre la ausencia de las provincias en el ordenamiento territorial del Estado regional, ahora se aprobó que "la provincia es una división territorial establecida con fines administrativos y está compuesta por una agrupación de comunas autónomas, conforme a lo establecido en la Constitución".

Además, llegó al borrador el artículo que señala que "el Estado de Chile reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica".

Por otro lado, se estableció como territorios especiales a Rapa Nui y el Archipiélago de Juan Fernández, que estarán regidos por sus propios estatutos y la ley podrá establecer regímenes económicos y administrativos diferenciados.

"Las comunas previa autorización por ley general o especial, podrán establecer empresas, o participar en ellas"

Artículo 17, Aprobado por el Pleno

"ATI son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio"

Inciso primero del artículo 19 Aprobado por el Pleno

89 sesiones de Pleno cumplió ayer la Convención Constitucional.

El presidente Boric ha sostenido que ni él ni el gobierno que preside son neutrales en la cuestión constitucional. Ha comunicado así -sin mayores precisiones- su apoyo al trabajo que la Convención comunicará a la ciudadanía y que se someterá a plebiscito.

La decisión presidencial no parece sorprendente; aunque su sentido o significado no es del todo claro.

Veamos.

El presidente es uno de quienes promovió el acuerdo constitucional y es natural entonces que espere que el trabajo de la Convención tenga éxito. Desde ese punto de vista el presidente no debe ser neutral, como nadie debe serlo: todos debemos abrigar esperanzas en el resultado de la Convención.

El problema surge, sin embargo, a la hora de saber qué ha de entenderse precisamente por éxito de la Convención. Como es obvio, sería absurdo sostener que cualquier texto con cualquier contenido equivale a un éxito. Por éxito de la Convención no puede entenderse el simple hecho de entregar un texto -cualquiera sea su contenido- a la ciudadanía. En ese caso el éxito estaría garantizado -porque texto habrá de todas maneras- pero esa forma de apreciar el éxito sería simplemente estúpida. Si el texto que la Convención confecciona fuera, por hipótesis, descabellado, o tonto, o absurdo o fantasioso, decir que por el hecho que se logró terminarlo se trata de un éxito y que hay que apoyarlo, es un perfecto sinsentido.

Así entonces habrá que descartar que cuando el presidente dice que es no neutral, se está refiriendo a su simple anhelo de que la Convención concluya su trabajo. Algo así sería subestimar el talento presidencial.

Tiene que haber otra mejor interpretación de sus palabras.

Lo que el presidente debe querer decir cuando afirma que no es neutral frente a la Convención, es que el confía que esta última compondrá un texto a la altura de los desafíos que la sociedad chilena y el país experimenta; pero en tal caso el deber presidencial es explicitar qué texto sería ese, qué principios habrá de respetar o formular, qué contenido mínimo debería, a su juicio, poseer, principios que si el texto respeta, formula o posee, permitiría decir que el trabajo de la Convención fue un éxito.

Esa es la única forma de dar sentido a la declaración del presidente: él no es neutral y apoya el trabajo de la Convención porque abriga la confianza que el texto que se someterá a la ciudadanía será un buen texto, un texto que reflejará las ideas y principios que él, el presidente, juzga mejor.

Pero en ese caso ¿no será mejor esperar a saber qué texto es el que finalmente se someterá a consideración de la ciudadanía antes de manifestarle un apoyo irrestricto? ¿cómo se podría ser no neutral, o tomar partido, ante un texto aún no acabado? Solo la fe puede ser ciega; pero ¿ceguera en política?

Y lo que vale para el presidente, vale también para quienes se apresuran a rechazar el texto sin conocer todavía la totalidad de su contenido. Sin perjuicio de asistir al debate que se está llevando adelante y sin perjuicio de discutir los contenidos conforme se vayan conociendo, lo correcto y lo racional es esperar que el texto esté concluido antes de decir si se lo aprueba o se lo rechaza.

Ningún texto, es obvio, reflejará la totalidad de las propias preferencias: satisfará algunas, sacrificará otras y será indiferente en muchos aspectos, de manera que un balance y una ponderación respecto de la totalidad es racionalmente imprescindible.

Por eso cualquier decisión formulada antes que el texto esté concluido (sea el entusiasmo no neutral del presidente por aprobarlo, o el entusiasmo opuesto por rechazarlo) no está a la altura del desafío que exige de los ciudadanos un discernimiento frente al texto en vez de una confianza ciega o una desconfianza igualmente ciega en lo que los convencionales o convencionistas (esta última forma es la correcta, dicho sea de paso) serán capaces de escribir.

Parte de los convencionales de izquierda de la Comisión de Sistema Político firmaron las indicaciones que votarán este jueves para enviar la última propuesta posible al Pleno sobre el diseño del Poder Legislativo, parte del Ejecutivo y la regulación de organizaciones políticas. Los representantes del PC, FA, MSC, Colectivo Socialista e Independientes no Neutrales se adhirieron para proponer a grandes rasgos una Cámara de las Regiones que sigue teniendo asimetría con el Congreso de Diputadas y Diputados. Además, se mantiene que la ley definirá el número de integrantes para la Cámara de las Regiones y los representantes se elegirán en conjunto con las autoridades comunales y regionales.