Pía Torres Cisternas

A solo un día de que se cumplan tres meses desde que entró en vigencia la Ley del Orden de los Apellidos, la cual permite a las personas solicitar a través del Registro Civil el cambio en el orden de sus apellidos, poniendo el materno como prioridad, se han registrado un total de 186 personas en toda la Región de Atacama que han realizado el trámite.

Por otro lado, coordinadoras feministas mencionaron que desde su entorno se ha conversado sobre lo que significa esta Ley.

Ley y cifras

La Ley establece que mayores de edad pueden solicitar el cambio de orden de apellido, así también con menores de edad, donde los padres deberán solicitar el cambio de orden de apellido.

Esta ley además entrega la responsabilidad a las madres y madres de establecer el orden de los apellidos de sus hijos e hijas, escogiendo si va primero el materno o el paterno y si es que este no se presenta, la oficial civil deberá efectuar un sorteo para establecer el orden de los apellidos.

Es por esto que en la Región de Atacama se han efectuado un total de 186 cambios de orden de apellido, donde Vallenar cuenta con nueve personas que realizaron el trámite, en Chañaral hay ocho, mientras que en Caldera hasta el momento son 57 las personas.

Así en Huasco, donde hay 13 personas, en El Salvador tres, Freirina seis, Tierra Amarilla siete personas; en Diego de Almagro son nueve y en Copiapó hay 74 personas.

Colectivas feministas

Al respecto, Priscila Cárdenas, parte de la Colectiva Feminista Mujeres Renacientes, quien quiere cambiar su apellido a Aguilera, por motivos de abandono paterno, contó que se encuentra en el proceso de que le entreguen la hora desde el Registro Civil para realizar el trámite, "Estoy en el proceso de espera virtual del Registro Civil para mi hora, para ya hacerlo este mes", expresó.

Indicó además que se encuentra desde febrero esperando esta hora, "porque hay muchas personas que también están en ese mismo proceso", indicó la joven.

Así también señaló que desde la Colectiva a la que es parte se han informado sobre esta ley, pero que hasta el momento ella es la única que ha dado un paso más adelante.

"Porque igual este es un tema súper personal, no es tan comentado porque igual no ha muchas mujeres hijas les pasa, entonces desde mi colectiva no muchas tienen esta situación, entonces hasta el momento soy yo la única", indicó Priscila.

Además, exteriorizó el hecho que se encuentra con muchas ansias, "he querido hacerlo desde hace mucho tiempo, de antes que saliera la ley, de muchos años. Así que quiero que sólo llegue luego el momento", dijo.

Por su parte, Lilian Vilches, parte de la Coordinadora Feminista Atacama, valoró el hecho que esta es una ley que, "en el fondo para determinar el orden de los apellidos, porque siempre en una sociedad patriarcal como la que nos rige desde siempre, siempre ha sido el apellido del padre que está primero (…) y que se de la posibilidad de que den a escoger a las personas el orden de sus apellidos es importante y es un paso a la libertad de elección de cada ser humano".

Así también relató que desde la Coordinadora se ha discutido el tema en más de alguna oportunidad, " no en conversatorios, por si de manera interna en la Coordinadora y existen también voces dentro de nuestros espacios que están dispuestas a cambiar sus propios apellidos".

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Marcela Araya Novoa, sostuvo un encuentro protocolar con el nuevo secretario regional ministerial de Justicia de Atacama, Tomás Garay Pérez, oportunidad en la que le planteó la posibilidad de reimpulsar el proyecto para contar con un nuevo complejo penitenciario para la región.

En la cita, junto con expresar a la autoridad gubernamental sus deseos de éxito en su gestión y ofrecer toda la colaboración posible desde la corte y los tribunales, la ministra Araya recordó la necesidad de contar con centros penitenciarios acordes a las necesidades de la jurisdicción, considerando la antigüedad de los centros de Copiapó y Vallenar y la ubicación bajo la cota de inundación del CCP de Chañaral.

Del mismo modo, la ministra Araya comentó al seremi Garay Pérez que tuvo la oportunidad de conocer el centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó y expresó su deseo de, en conjunto, visitar el mencionado recinto penal, el CIP-CRC de Paipote, el Centro de Detención Preventiva de Vallenar y el recinto penal chañaralino, a fin de evaluar las condiciones de habitabilidad y reinserción de la población penal adulta.

La presidenta de la corte copiapina valoró la experiencia de Tomás Garay como encargado de Unidad Jurídica del Servicio Nacional de Menores de la región de Atacama y, en particular, por su trabajo en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Paipote (CIP-CRC), dados los cambios en la institucionalidad relativa a los niños, niñas y adolescentes.