"Lo conversamos con el delegado presidencial, quedó en la tarea de recabar antecedentes para en relación a la proporcionalidad de los eventos que ocurrieron en Inca de Oro, tomar las medidas más adecuadas".

conduzca y recupere aquellos espacios públicos que en esta región en particular no tiene un impacto tan ámplio, pero si en regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, es un problema muy presente.

Retiraron de Contraloría el decreto que establecía las subcategorías de migración para la obtención de visas ¿Cuál es el paso a seguir, modificarán las subcategorías o en qué quedará el decreto?

- Tenemos varias acciones que vienen a futuro, lo primero es que se incorpore propiamente tal el nuevo jefe del Servicio Nacional de Migraciones, él pretende muy prontamente llamar al consejo consultivo para empezar a delinear la política migratoria del país.

Hay una ley vigente, algunas acciones reglamentarias y de decreto que se han emitido a posterioridad en la administración anterior caían en faltas de forma y de fondo. Entre ellos está el decreto 125, el cual hoy día está en evaluación en el Tribunal Constitucional. Esperamos enmendar eso y seguir la lógica que el legislador dejó materializado en la ley de migración.

En el combate al narcotráfico ¿Cuál es el plan de acción?

- Necesitamos lograr dos aristas en materia de crimen organizado. El seguimiento de los capitales, para eso espero que tengamos la voluntad de cooperación del cuerpo legislador en materia de buscar beneficiarios finales y establecer el flujo del dinero en torno al narcotráfico, como del Servicio de Impuestos Internos, que nos permita clarificar y seguir el dinero para buscar la fuente primaria.

Vamos a seguir con el sistema de microtráfico cero que ha llevado la PDI. El rol en torno al ingreso de la droga al país por vía fronteriza. Tener estrategias de fiscalías supraterritoriales, hemos conversado con Fiscalía, PDI, Carabineros, para tener mesas en torno a trabajos interregionales. En el norte esperamos esto se desarrolle, por lo menos que Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Necesitamos colaboración de nuestros países vecinos, me reuní ayer (miércoles), con el embajador de Argentina. Esperamos que fuera del contexto del conflicto Silala, nuestra relación con Bolivia nos permita atacar el crimen en estas materias, como se ha hecho en Perú.

¿Qué protocolos van a implementar en marchas y disturbios, para impedir agresiones entre ciudadanos y Carabineros?

- Una cosa es iniciar, mientras se hacen estos procesos, el proceso de revisión y reforma a Carabineros, en eso hemos retomado algo del trabajo que se había hecho en el pasado y esperamos prontamente conformar un nuevo equipo coordinador que permita darle continuidad.

En protestas sociales esperamos que la ciudadanía comprenda los protocolos, comunicarlos mucho más claramente, hay muchos protocolos que han sufrido modificaciones que son desconocidas por parte de la ciudadanía. Queremos hacer una educación activa, que las personas sientan que hay libertad para organizarse, manifestarse. Este es un país democrático donde eso está permitido, pero no para quemar un local, no para dañar otro ciudadano.

El nivel de violencia no solo en el contexto de manifestaciones, lo que estamos viendo en los colegios, entre padres y apoderados; es un proceso delicado que le hace muy mal a nuestra sociedad. Eso requiere medidas en materia de salud mental sin duda, y acciones directas por parte de la comunicación de nuestro gobierno.

¿Qué va a pasar con el estado de excepción en la zona norte y la situación migratoria, se renovaría la medida?

- No, nos comprometimos a que esta era la última renovación, estamos hasta el 15 de abril, ya tenemos un plan listo. La próxima semana va parte de nuestro equipo junto a una avanzada para ver estas medidas en seguridad, evaluar el funcionamiento de un decreto que ya existe para la protección de fronteras, y planificar la apertura de fronteras junto a las normativas sanitarias.

Es más prudente la apertura fronteriza, la migración ordenada por pasos regulares, sabiendo quien ingresa y no ingresa a nuestro país. Acotar y ojalá minimizar los ingresos por pasos no habilitados.

El gobernador se refirió a la solicitud de estado de excepción para Inca de Oro ¿Declararán la medida, por qué no se ha adoptó en su momento?

- Lo conversamos con el delegado presidencial (Gerardo Tapia), él quedó en la tarea de recabar antecedentes para en relación a la proporcionalidad de los eventos que ocurrieron en Inca de Oro, tomar las medidas más adecuadas. El objetivo final es liberar recursos regionales que se pueden usar en contexto de emergencia, estamos llanos de hacerlo lo más factible.

Según los niveles de destrozos y daños que ocurran en las distintas emergencias, la Onemi categoriza si amerita una emergencia, una alerta, o consiguiente. No queremos perder esa coherencia, y el día de mañana si tenemos algún nuevo evento, existan recursos disponibles para enfrentar nuevas catástrofes.

Usted criticó el Sistema Judicial acusando segregación. Hoy día está en la palestra el caso de la exalcaldesa Karen Rojo, que se fugó del país para no ir a la cárcel ¿Qué piensa sobre este caso?

- Es una frase sacada un poco de contexto, estábamos hablando de la sensación y distancia que tiene la ciudadanía frente al Sistema Judicial, la capacidad de acceder a la justicia según el nivel de tu billetera no es homogénea, eso es un desafío para nuestro gobierno.

Mi ánimo no es enfrentar a los jueces ni hacer una crítica destemplada, es necesario mirar como está funcionando nuestro Sistema Judicial. Clarificar si esa sensación de la ciudadanía es real o no, como lo que pudo haber ocurrido en este caso, que es tener información privilegiada, y escapar del país.

En el caso de Karen Rojo se cuestiona que no tenía la cautelar de arraigo nacional ¿Cree que eso tiene que ver con el acceso de un abogado u otro?

- Una cosa es eso, otra entiendo que había salido de nuestro país en otros hechos previos. Me parece preocupante porque tenemos otras personas que han tenido importantes medidas cautelares en delitos quizás de menos gravedad. Ahí hay una falencia de nuestro sistema.

El viaje del subsecretario Monsalve a Cañete fracasó, y él dijo que se pudo haber tomado medidas adicionales pero optaron por no hacerlo. Considerando que los líderes del Wallmapu han dicho que no confían en este gobierno ¿Piensan seguir con la misma estrategia, cómo se ganarán su confianza?

- No diría que fracasó la visita, se pudo materializar, solo se dispuso de otra locación. Este es un desafío y un conflicto centenario, tenemos cinco medidas pensadas para abordar el territorio, y necesitamos la colaboración de todos y todas.

Si este conflicto no se empieza a resolver en este ciclo político, lo más probable es que se siga agudizando. Estamos en un momento precioso que nos da la nueva Constitución, tener una nueva relación con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. Planteamos una comisión de verdad, diálogos y acuerdos territoriales, tener una nueva política de tierras. Abordar seguridad, sabemos que hay crimen organizado. Tener diálogo político y mostrar que hay disposición de este gobierno por avanzar en demandas históricas.

El proyecto de indulto a los "presos de la revuelta" ha generado bastante rechazo en la población ¿Cómo ejecutarán esta iniciativa sin generan más rechazo?

- El compromiso del Presidente ha sido tener medidas que permitan reencontrarnos como país después del estallido social.No hay chipe libre, aquellas acciones no han sido para personas que hayan dañado a Carabineros, quemado inmuebles de particulares, ni que hayan dañado a personas, para nada.

15 de abril termina el estado de excepción en la zona norte, una medida que el gobierno no tiene contemplado extender.

5 medidas tienen pensadas desde el gobierno para abordar la situación en la zona sur, y lograr acercamientos con el pueblo mapuche.

Ayer, la ministra del Interior, Izkia Siches, hizo entrega de 17 vehículos policiales a Carabineros en Atacama, los cuales serán distribuidos en diversos establecimientos policiales de la región, como Diego de Almagro, Alto del Carmen, Vallenar y Copiapó.

La entrega que tuvo una inversión que supera los mil millones de pesos, es parte del objetivo de brindar las herramientas necesarias al personal policial, para avanzar en una mayor seguridad para los habitantes de Atacama.

Al respecto, la secretaria de Estado expresó que "quiero agradecer a todo el Consejo Regional y en particular a su gobernador, por hacer todas las gestiones para resolver los problemas reales de los vecinos y vecinas de la región, hacerse cargo de este proyecto que permite tener más instrumentos para las labores preventivas de nuestras policías y poder seguir colaborando en las preocupaciones de quienes habitan la región".

Mientras que el gobernador regional, Miguel Vargas, agregó que su compromiso es "trabajar de manera colectiva en las soluciones que afectan a las familias atacameñas. Hemos hecho un repaso de las principales necesidades que tiene la región. Los problemas sólo se resuelven si ponemos siempre por delante los intereses comunes, y si trabajamos de manera colectiva".

Ayer, el municipio de Copiapó informó a la ciudadanía que el Estadio Techado Polideportivo Karen Gallardo Pinto, ubicado en calle Luis Flores 199, deja de funcionar desde hoy como punto de vacunación para el covid-19, como para la influenza.

Lo anterior, debido a que el espacio nombrado así en honor a la atleta copiapina especialista en lanzamiento de disco, medallista en distintas competencias internacionales, con participación en Juegos Olímpicos retomó sus funciones deportivas, según indicaron desde la casa consistorial.

Sin embargo, desde el municipio de la capital regional agregaron que se mantiene como punto de vacunación el Centro Cultural Atacama, emplazado en la Alameda Manuel Antonio Matta 260, con horario de atención desde las 09:00 hasta las 16:00 horas.

Asimismo, cabe señalar que los ocho Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Copiapó, siguen funcionando para aplicar vacunas rezagadas y dosis de refuerzo contra el covid-19, así como las inoculaciones correspondientes a la campaña contra la influenza.