Nacionalización de recursos estratégicos
La Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional avanzó en una de las demandas que buscan propiedad y explotación a manos del Estado. Chile no tenía recursos para explotar sus minerales y abrió la opción para que capitales extranjeros realizaran exploración y explotación.
Una de las demandas que surgieron durante el fragor del estallido social fue la necesidad que el Estado recuperara la propiedad de los recursos naturales que son explotados en el territorio. La sensación ciudadana era que los ingresos provenientes de esos negocios son necesarios para ayudar a disminuir la desigualdad existente en el país en temas tan sensibles como la salud y la educación.
La idea no es nueva y la discusión ha estado abierta cada vez que en el Congreso surgen iniciativas de nuevas imposiciones o royalties a la minería. Los impulsores fundamentan en que esos negocios son excesivamente rentables y que su aporte al erario del país no se condice con las ganancias.
Durante el debate de en las últimas elecciones los representantes de los partidos nuevos y que se ubican fuera de los conglomerados tradicionales lo incluyeron entre sus propuestas. Incluso explicaban que al hablar de indemnizaciones a las empresas o grupos transnacionales que operan, principalmente en minería, no las merecían por los años de explotación con impuestos menores y casi nulos aportes al crecimiento del país.
Los fundamentos no eran tan sólidos y parecían desvanecerse, pero con la decisión aprobada en general en la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional se dio un paso inesperado y que hoy reinstala el debate sobre la justicia de la nacionalización de los denominados "recursos estratégicos". Porque ya es algo concreto y puede seguir con los avances al interior de este órgano encargado de redactar la Constitución chilena.
No hay que olvidar que las empresas transnacionales en su momento fueron invitadas a invertir en el país. Chile no tenía recursos para explotar sus minerales y necesitaba iniciar su producción y se abrió la opción para que capitales extranjeros realizaran exploración y explotación, todo bajo una normativa legal que definía deberes y obligaciones.
Eso fue hace más de 30 años y en el camino ha habido modificaciones tibias para algunos y responsables para otros.
Si hoy vuelve a todo a fojas cero existirá un daño a la imagen internacional de Chile, porque de aplicarse no habrá dinero para indemnizaciones y lo más probable es que se diga que con las ganancias logradas en el tiempo todo pago está saldado.
Faltan trámites para que sea una norma y habrá tiempo para un amplio debate que analice costos y beneficios. Si la idea es apoyar las finanzas del país hay fórmulas que parten de lo construido y no de cero y pueden ser mucho más viables y con menos impacto a nivel global.