Al menos 68 reos fallecieron tras enfrentamientos registrados en la principal cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde en septiembre murieron otros 118 presos en una masacre, atribuida por las autoridades a luchas de poder entre bandas relacionadas con el narcotráfico.

"Según información preliminar, alrededor de 68 privados de libertad fueron asesinados y otros 25 heridos", dijo la Fiscalía.

El organismo indicó que abrió una investigación por "los hechos violentos y asesinatos registrados la noche del viernes y madrugada del sábado al interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil".

Pablo Arosemena, gobernador de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, explicó que los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de reos buscó acorralar a los recluidos en el pabellón 2, que se quedó sin su cabecilla luego de que la Justicia lo dejó en libertad al haber cumplido el 60% de su condena.

"Al estar ese pabellón sin cabecilla, otros pabellones, con otras bandas, pretendían doblegarlos, entrar a hacer una masacre total", señaló Arosemena al detallar que en el pabellón 2 están recluidas unas 700 personas.

Durante la madrugada del sábado hubo una transmisión en vivo por Facebook en la que un hombre, que decía estar dentro del pabellón 2, pedía, con el sonido de las balas de fondo, que la policía y militares controlaran la situación.

La policía usó gases lacrimógenos en su ingreso, sostuvo Arosemena al apuntar que los reos que intentaban entrar al pabellón 2 no solo disparaban "y hacían detonaciones, sino que estaban tratando de hacer un hueco en la pared" para ingresar.

"Al mismo tiempo quemaban colchones, generando humo tóxico", dijo el gobernador al asegurar que el ingreso de la policía "permitió salvar vidas".

Tras los hechos, cientos de personas se volcaron al Centro de Privación de Libertad Guayas No.1, más conocido como la Penitenciaría del Litoral, para clamar por noticias de sus familiares presos, mientras se comenzó a difundir una lista preliminar de los muertos.

700 personas estaban recluidas en el pabellón 2, que fue el centro de la disputa entre narcotraficantes.

Las naciones que conforman la OEA aprobaron además una resolución sobre "La situación de Haití", que vive una crisis política y social tras el magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse, en julio. El canciller de Haití, Claude Joseph pidió una "cooperación multilateral" y remarcó que su país busca una "democracia". Además, el organismo apoyó otra resolución presentada por Argentina para reanudar el diálogo con el Reino Unido sobre las islas Malvinas, archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama el país vecino. El documento busca "una solución pacífica a esta prolongada controversia".

Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) descalificaron las elecciones del domingo pasado en Nicaragua, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega, al declarar que "no tienen legitimidad democrática".

Con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia, las 34 delegaciones que participaron en la 51 Asamblea General del organismo interamericano aprobaron una resolución sobre "La situación en Nicaragua", que se sumó a las expresiones de condena de gran parte de la comunidad internacional.

"Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática", estableció el pronunciamiento promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.

Estados Unidos y Canadá encabezaron la votación a favor, grupo al que se sumó Argentina, mientras que México se abstuvo junto a varios países caribeños. Nicaragua fue el único que votó en contra.

Resuelta declaración

En concreto, la resolución instruyó al Consejo Permanente de la OEA a realizar una "evaluación colectiva inmediata" de la situación en el país centroamericano, en conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que deberá completarse "a más tardar el 30 de noviembre".

Tras ese periodo, esa instancia deberá tomar las "acciones apropiadas".

Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que la evaluación colectiva "es esencialmente el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana".

Ese artículo prevé que, "en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional", cualquier país miembro o el propio secretario general pueden solicitar "la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente".

Aunque no se habló de una posible suspensión de Nicaragua, la Carta Democrática sí contempla esa posibilidad en caso de que se "constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas".

Almagro aclaró que no corresponde a la secretaría que dirige "prejuzgar cuál será la decisión que tomará el Consejo Permanente en esa evaluación colectiva".

De todas maneras, Almagro destacó que esta resolución demuestra la "voluntad" de la OEA de "trabajar con Nicaragua y lograr una solución para el tema institucional" que aflige a ese país.

"Nuestra voluntad es acompañar los trabajos", puntualizó el secretario general.

GOBIERNO se defiende

Previo a la votación de la iniciativa, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, rechazó "de la manera más categórica el proyecto de resolución" que, aseguró, "se quiere imponer" en contra de su país en esta Asamblea General.

Además, denunció que entre sus proponentes se encontraba "un impostor, que usurpa el lugar de Venezuela", en alusión a la delegación del líder opositor Juan Guaidó, y advirtió que ello se suma la "ilegalidad y nulidad" de la resolución.

Hace una semana, Ortega, líder sandinista, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en unos comicios generales que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.

Oposición celebra

La opositora Unidad Nacional, que pertenece a uno de los partidos que fue ilegalizado antes de los comicios, "celebró" que la OEA haya declarado que las elecciones "no fueron libres",

La resolución expresa de "forma contundente que el régimen de Ortega se encuentra de forma efectiva al margen de la legitimidad democrática, misma que solo puede emanar de la voluntad popular ejercida en libertad".

75% de los votos obtuvo el reelecto presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las elecciones.

25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia, marcaron la votación de la OEA.