Vanessa Carrasco

La crisis migratoria en Chile está pasando por un momento dramático. En ese contexto, el abogado experto en migración, Verardo Rojas, expicó que de 1.800 solicitudes de refugio 7 fueron acogidas y hay 16 mil órdenes de expulsión pendientes.

Además, Rojas explicó el proceso que enfrentan miles de personas de ese país que ingresan a Chile y advierte que "se les niega a los venezolanos su estatuto de refugiados". Su colega Tomás Pascual adviertió también que "quedamos como un país que no cumple sus obligaciones internacionales". De hecho, en Atacama, más de 1.000 órdenes de expulsión están pendientes.

Rojas ha interpuesto 140 recursos de amparo por extranjeros que fueron expulsados y la totalidad han sido acogidos por la Corte de Apelaciones, pudiendo quedarse en el país.

Expertos

A respecto, Tomas Pascual, abogado y docente con vasta trayectoria en Derechos Humanos e inmigración y Verardo Rojas, abogado experto en migración, quien se desempeña en Atacama, explican, en particular, la situación de venezolanos y haitianos, quienes podrían, debido a los contextos de sus países, ser recibidos como refugiados, vale decir, el gobierno no podría exigir que ingresaran "legalmente", pues la situación en sus países de origen es de tal gravedad, que no pueden siquiera acceder a documentación.

"La calificación o definición de refugiado está contenida, en el caso de Chile, en un tratado internacional del año 51 y después en una Declaración de Cartagena del año 84. A partir de esos dos documentos, se han desarrollado en la legislación nacional distintas categorías para darle el estatus de refugiados a personas que, en general, huyen de sus países de origen a consecuencia de temores fundados de ser perseguidos por motivos políticos, sociales u otros. También huyen de sus países porque en ellos existe una situación generalizada de violación de los Derechos Humanos, eventualmente una amenaza a su vida, a su libertad o a su integridad", detalla el académico Tomás Pascual.

Sobre la situación de los venezolanos en el país explicó que "encuadra en una de estas hipótesis que se ha conocido como la definición ampliada de refugiado, que es la de Cartagena del 84 que está reconocida en la ley chilena. El asunto es que los ciudadanos venezolanos efectivamente podrían ser reconocidos como refugiados, porque el Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) ha señalado de manera expresa que debiera reconocerse a los venezolanos bajo la definición de Cartagena o definición ampliada, dado que el motivo que los hace salir de su país dice relación con algunas de estas hipótesis (violación generalizada de los Derechos Humanos, convulsión social, etcétera).

Cabe señalar que, del total de inmigrantes en Chile, un 30.7% corresponden a venezolanos, siguiendo luego un 16.3% de inmigrantes peruanos; un 12.5 de haitianos; un 11.4% de colombianos y otros de menor proporción.

Habiendo Chile reconocido estos tratados y "considerando que nuestra legislación recoge estos conceptos, lo propio sería aplicarles esta definición a los ciudadanos, reconocerles el estatuto de refugiados y eso les permitiría tener una residencia en Chile de manera regular".

Respecto de la aplicación de este concepto a otros países, Pascual señala que "podría aplicarse lo mismo a los ciudadanos haitianos, considerando la grave crisis social que vive su país, uno también podría eventualmente argumentar que ellos también caben en la hipótesis ampliada. Eso puede ser más interpretable pues no hay un pronunciamiento tan claro como el del ACNUR respecto de los ciudadanos haitianos, en cambio de los venezolanos el ACNUR expresamente hizo esta nota".

Lo que ocurre en Chile, en definitiva, es que se estaría de manera sistemática obstaculizando el acceso al procedimiento para acceder a la calificación de refugiados. Esto dejaría como única alternativa la judicialización de los procesos para estar de manera legal en Chile. Es decir, recurrir a un abogado.

Situación en Atacama

Lo anterior es una situación que no es ajena a Atacama. El abogado Verardo Rojas, experto en Derecho Migratorio, también compartió su visión al respecto "en mi experiencia de dos años trabajando en el Derecho Migratorio en Atacama, en un total de 140 recursos de amparos migratorios interpuestos en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó en los años 2020 y 2021 he evidenciado la mayor cantidades de los casos son por la causal de expulsiones administrativas por ingresos clandestinos y casi la totalidad de los casos son migrantes provenientes de los países de Venezuela, Cuba y República Dominicana, de los cuales los 140 pudieron quedarse en el país gracias a Recursos de Amparo acogidos, incluso en muchos de ellos correspondían otras sanciones administrativas pero no la expulsión".

De acuerdo con datos aportados por la Defensoría Penal Pública, en el año 2020, las causas criminales de extranjeros en Chile representaron sólo un 4.7% del total (16.781) concentrándose la mayor parte en la Región Metropolitana y 301 de ellas en la Región de Atacama. Con estos datos, se expone que "las personas migrantes ocupan un lugar minoritario en el sistema criminal chileno… y su participación como imputados versus el total de migrantes es muy menor al porcentaje en la población nacional" versa una presentación de Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica a Migrantes del SJM de la Universidad Alberto Hurtado.

En Atacama, para Verardo Rojas "el acceso a justicia en el caso de extranjeros es muy escaso debido que no cuentan con RUT en nuestro país, el sistema los rechaza desde un comienzo. Contados casos cuentan con el apoyo que da la pastoral del obispado u otras organizaciones cristianas, de forma muy restringida para optar a solucionar su situación migratoria irregular". Indicando también que "efectivamente no reciben la información y de hecho a nivel nacional de 1.800 solicitudes de calificación de refugiados, sólo 7 son aceptadas por el Ministerio del Interior".

Chile ante la comunidad internacional

La migración es un fenómeno mundial que está lejos de desaparecer, un 3.9% de la población global está migrando y respecto de los países OCDE, un 9.8% de su población se encuentra migrando. En cuanto a los Tratados Internacionales y lo que están haciendo otros países al respecto, Tomas Pascual comentó que "los países en América latina han efectivamente utilizado estas herramientas, especialmente con los venezolanos, en algunos casos con los haitianos, pensando que en Haití el año 2010 hubo un terremoto que generó una situación bien catastrófica a nivel social y de sobrevivencia, y que con el paso de los años, ellos han seguido teniendo problemáticas ambientales y también políticas; la más reciente, el asesinato de su presidente. También hay ahí una situación humanitaria que se puede atender con estos mecanismos complementarios de protección".

Otros países tienen legislaciones más recientes para afrontar la crisis migratoria mundial, por ejemplo, Ecuador, Perú y Brasil tienen leyes migratorias del 2017, mientras que Argentina modificó su legislación en el año 2004 y Portugal, en el viejo continente, ha modificado su legislación en el 2018.

La legislación chilena, en cambio, no contempla hoy un mecanismo complementario de protección como tal, sin embargo "la nueva ley de migraciones sí lo considera, pero aún no entra en vigencia, debido a que su reglamento aún no ha sido dictado" comentó el académico.

Chile se encuentra enfrentando toda esta crisis migratoria con una ley que está vigente desde el año 1975 y, en definitiva, en el país "se les niega a los venezolanos su estatuto de refugiados e incluso, se les niega el acceso al procedimiento. Básicamente, se les obstaculiza el ingreso al procedimiento de la calificación de la condición de refugiados" relató Pascual.

Un ejemplo que se repite a lo largo del país es "si un ciudadano venezolano llega a la oficina de migraciones, o incluso en frontera hace una solicitud a los funcionarios de la PDI no les dan acceso al procedimiento, y en la mayoría de los casos que alcanzamos a pesquisar tenemos que judicializarlos para poder permitirles el ingreso al procedimiento" detalló el experto.

Por otra parte, "según la estadística del Ministerio del Interior y Seguridad Pública existen aproximadamente 16.000 casos a nivel nacional de órdenes de expulsiones pendientes y no llevadas a cabo por falta de presupuesto. El presente año 2021 llegamos a los 17.000 ingresos clandestinos", comenta Verardo Rojas en Chile. En el caso de Atacama, de los 16 mil casos de órdenes de expulsión pendientes, un 10% correspondería a la región.

Conclusiones

Finalmente, ambos abogados reciben casos a través de canales de ayuda a inmigrantes, quienes tienen escasas herramientas para acceder al aparato estatal, de hecho "los casos llegan por derivación de otros colegas e inclusive los mismos migrantes comparten la posibilidad que brindamos, con un servicio a muy bajo costo y muchas veces ad honorem" cierra Rojas.

En opinión de Tomás Pascual, el escenario internacional es complejo pues "quedamos como un país que no cumple sus obligaciones internacionales. Podría haber un reproche a nivel internacional a través de alguna sentencia de la Corte Interamericana, es poco probable pues las personas tienen la urgencia hoy y estos procesos duran años, pero es posible"

Agregando además que "hay un deterioro de la legislación interna porque tenemos una falta de aplicación de normas expresas y eso genera un menoscabo en el Estado de Derecho, en la manera de abordar el fenómeno de la migración y de la movilidad humana en general".

"Quedamos muy mal parados porque además nuestras autoridades han hecho públicos pronunciamientos respecto de la situación que se vive en Venezuela, hay un reconocimiento de nuestras máximas autoridades de que ahí existe una situación de violaciones a los DDHH que no se condice con la respuesta que da el Estado de Chile, quedamos en una situación de inconsistencia total" sentenció Tomás Pascual.

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