El fiscal nacional, Jorge Abbott, resolvió iniciar una investigación penal de oficio por los delitos que podrían configurarse en la venta por parte de sociedad de la familia Piñera-Morel de su participación en Minera Dominga, hecho ocurrido en 2010 y concretado a través de una operación en Islas Vírgenes Británicas.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, fue designada para conducir la indagatoria.

La decisión se tomó luego de que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC) analizara los antecedentes del caso Exalmar-Dominga, iniciado por una querella del entonces diputado Hugo Gutiérrez y concluido en 2017 con el sobreseimiento del presidente Sebastián Piñera. La revisión fue ordenada por Abbott tras la difusión de los denominados Pandora Papers, filtración que incluyó el contrato de compraventa y las condiciones en que esta se realizó.

"Pudimos acreditar que un antecedente que no está incorporado en esa investigación tiene que ver con el contrato del 10 de diciembre de ese año (2010), que en definitiva materializa un acuerdo previo -de octubre de ese año-, en relación a la compraventa de la minera Dominga", explicó la vocera de la Fiscalía, Marta Herrera, al dar a conocer la decisión sobre la causa penal.

La funcionaria agregó que "el contrato en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que efectivamente ese es un antecedente nuevo".

La fiscal Claudia Perivancich reforzó más tarde el planteamiento del organismo persecutor. "Hay elementos que se relacionan a estos hechos que no fueron objeto del pronunciamiento de sobreseimiento definitivo con el cual terminó una indagación que ya realizó la Fiscalía de Chile", indicó en una declaración enviada en video.

"Injustas acusaciones"

La resolución de la Fiscalía contradice la versión del Gobierno, que ha dicho insistentemente que la compraventa de Dominga y sus condiciones era un hecho conocido por el ente persecutor y fue parte de la causa de 2017.

El abogado del presidente, Juan Domingo Acosta, aseguró el jueves que si bien el contrato definitivo en inglés no fue entregado en ese entonces a la Fiscalía, sí se entregó el acuerdo previo, que contenía todas las condiciones, precio y plazos del negocio por el que Carlos Alberto Délano compró a los demás socios su participación en el proyecto minero por US$ 152 millones.

Durante la tarde de ayer Sebastián Piñera se refirió a la resolución del fiscal Abbott. "No compartimos la decisión anunciada por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada", dijo el mandatario.

"Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidos por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron en forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona", aseguró Piñera.

"Como presidente de Chile nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga y, como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, desde el año 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en que participaba", añadió.

El presidente recordó que la administración de sus activos financieros fue delegada a terceros mediante fideicomisos ciegos y manifestó su confianza en que la justicia ratificará la inexistencia de irregularidades.

"Estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas no solo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia", finalizó Piñera.

Los posibles delitos

El objetivo de la indagatoria será determinar si hubo delito en la operación, ya que una de las cláusulas condicionaba el pago de la tercera cuota, de US$ 10 millones, a que el lugar donde se emplazaría Dominga no fuera declarado como zona protegida.

Según la Fiscalía, estos hechos "eventualmente podrían configurar los delitos de cohecho -contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal-, soborno en el caso de particulares -tipificado en el artículo 250 del mismo cuerpo legal- y delitos tributarios".

"En calidad de funcionario público, como Presidente de la República, tiene algunas facultades que están relacionadas con la minera", explicó la vocera de la Fiscalía. "Evidentemente que el pago del precio podría constituir la coima y ahí podríamos establecer un delito de cohecho para funcionario público y para particulares por delito de soborno", agregó Marta Herrera.

La fiscal a cargo, Claudia Perivancich, dijo que ahora revisará los antecedentes y que espera decretar las primeras diligencias durante la próxima semana.