Redacción

Una nueva modificación al Plan Fronteras Protegidas, que permitirá flexibilizar algunas de las restricciones resistidas por el sector del turismo, anunciaron ayer el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Turismo. Los cambios entrarán en vigencia desde el próximo 1 de noviembre.

Según detalló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el mejor panorama epidemiológico y la alta trazabilidad lograda a quienes han ingresado por el aeropuerto -con 89% de los visitantes pesquisados-, permiten avanzar en el relajo de medidas donde, en lo medular, destaca la disminución de la cuarentena.

"Todas las personas que ingresen al territorio nacional, con su esquema de vacunación completa, deben realizar cuarenta de cinco días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile", indicó, recordando que -en cambio- quienes no tengan pase de movilidad, deberán tener siete días de confinamiento.

Asimismo, destacó que niñas y niños menores de 6 años podrán salir del país sin necesidad de estar vacunados, dado que aún no existe inmunización aprobada en ese segmento etario. A su retorno, realizarán siete días de cuarentena.

Otras medidas del plan continuarán vigentes, como la exigencia de seguro médico; test PCR negativo en origen y toma de examen en destino, donde se mantendrá el seguimiento preventivo de 10 días.

La medida fue celebrada por el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, quien aseguró que "estamos contentos con este avance, pero queremos seguir siendo responsables para que podamos sobre todo llegar a la temporada alta, seguir dando pasos hacia adelante que nos permitan una mayor reactivación", sostuvo.

Desde la Cámara de Comercio, Tomás Sahli, presidente de la Comisión de Turismo, destacó esta "excelente medida que sin dudas ayudará a reactivar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia: el turismo. Sobre todo, ahora que estamos ad portas de las vacaciones y con un clima que invitará a cientos de extranjeros a disfrutar de las maravillas de nuestro país".

AUMENTAN CASOS

La mayor apertura contrastó, de todos modos, con el nuevo aumento -de 56% si se compara a dos semanas- de los contagios que este miércoles, con 714 contagios nuevos, su cifra más alta desde fines de julio.

En el reporte del Minsal, asimismo, se informó de una positividad que se mantiene estable -1,52% sobre 43.085 exámenes-, aunque destacando que ninguna región baja sus casos en las últimas dos semanas.

Por otra parte, se reportó el fallecimiento de 6 enfermos de covid-19 y se informó que 4.293 pacientes están en la etapa activa de la enfermedad.

Este miércoles continuó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de los siete imputados por delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida de gastos reservados de Carabineros, hechos ocurridos entre 2011 y 2018 y que involucran a altos mandos de la institución, funcionarios públicos y la exministra Javiera Blanco, formalizada el martes.

La segunda jornada se enfocó en la presentación, por parte del Ministerio Público, de los hechos en los que estarían involucrados el exgeneral Iván Whipple, ex director de finanzas de Carabineros; y el ex jefe de la unidad de Intendencia Flavio Echeverría.

Para el caso del primero, el magistrado Darwin Bratti decretó como medidas cautelares el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. En el caso de Echeverría, el tribunal fijó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Asimismo, el Ministerio Público -a través de la fiscal Ximena Chong- presentó antecedentes relativos a la imputación de los exgenerales directores de Carabineros, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, involucrados en la apropiación de recursos provenientes de los gastos reservados que manejaban al mando de la institución policial.

Según el relato del ente persecutor, el exgeneral González habría participado en la apropiación de 1.181 millones de pesos, de los cuales 123 millones fueron a su propio beneficio, entre 2011 y 2015. El exgeneral Villalobos, en tanto, se habría apropiado de 606 millones de pesos, entre 2015 y 2018, monto del cual 67 millones destinó a sus propias arcas personales.

Durante la formalización, el Ministerio Público solicitó al tribunal decretar prisión preventiva para ambas exautoridades de Carabineros, por los delitos de malversación de fondos públicos y falsificación de instrumento público. Durante este jueves expondrá la defensa de ambos uniformados en retiro, jornada en la que se conocerán las eventuales medidas cautelares.