Siete productores de la pequeña minería y seis organizaciones gremiales de la Provincia de Huasco recibieron recursos para adquisición de equipamiento minero del Programa de Transferencia Apoyo al Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Atacama, que financia el Gobierno Regional a través del FNDR y que ejecuta la Subsecretaría de Minería a través de la Seremi de Minería.

Estos recursos forman parte del primer llamado del Fondo de equipamiento que tuvo lugar entre mayo y julio, y entregó en la provincia de Huasco un total de $137.096.540 en 9 compresores y 4 carretillas eléctricas para 13 proyectos.

En relación con estos recursos, el seremi de Minería, Raúl Salas, destacó la labor del gobierno en el programa de Apoyo a la Pequeña Minería y afirmó que "el año pasado un 67% de los productores que recibieron el beneficio de equipamiento del FNDR logró aumentar su producción, lo que es una excelente noticia y habla del acertado camino que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha empleado para ser un aporte real al desarrollo de la pequeña minería y la minería artesanal de Atacama, un trabajo que se ejecuta junto al Gobierno Regional y al CORE, beneficiando a quienes por años fueron postergados: la pequeña minería y minería artesanal de nuestra región".

Los mineros recibieron con gran interés los recursos sobre todo los dirigentes presentes en la ceremonia. Por su parte Arnaldo del Campo, presidente de la Asociación Gremial Minera de Vallenar, dijo que "hemos recibido un compresor que nos va a ayudar a colaborar con nuestros asociados cuando necesiten hacer uso de este equipo".

Luis Álvarez de la Asociación Gremial Minera de Domeyko agregó que "damos las gracias porque es muy importante las ayudas que nos están dando para que los pequeños mineros podamos salir a descubrir más vetas y más minas".

A su vez Pedro Corrotea presidente del Sindicato Minero de Domeyko aseveró que "como instituciones nosotros hemos sido beneficiado por un compresor lo cual es una gran ayuda para nuestros asociados ya que somos una institución nueva. Esto es para mejorar la calidad de vida para ellos y agradecer a las autoridades que han confiado en nosotros".

La Junji lanzó su primera plataforma de publicación digital que tendrá una periodicidad semestral, denominada "Niñez Hoy: desafíos y anhelos por una Educación Parvularia de calidad", que en su primer número contó con una publicación de la directora del jardín Infantil "Blanca Nieves" de Diego de Almagro, denominada "Participación de la niñez en las problemáticas ambientales de hoy", cuyo énfasis se enmarca en la educación medio ambiental que se entrega en el jardín infantil, tanto a los párvulos como las familias.

Con esta revista, se busca ofrecer un entorno que promueva la difusión y el acceso abierto, vinculándose con la producción científica y especializada. A la vez, se presenta la sistematización de buenas prácticas. Todo, con el objetivo de contribuir a prácticas educativas de calidad, y entregar contenido que aporte a las políticas públicas en torno a la educación inicial y el bienestar integral de niñas y niños, desde el enfoque de derechos.

La revista suma una entrevista a tres mujeres expertas de distintos campos: la psicóloga Neva Milicic; Selma Simonstein, reconocida por su larga trayectoria en la OMEP; y a la pediatra infectóloga Cecilia Vizcaya, quienes abordan las lecciones y retos que trajo consigo el covid-19.

Rodrigo Moreno Valera

El jueves terminó el Estado de Excepción Constitucional, dictado por el Presidente Sebastián Piñera el 18 de marzo de 2020 como parte de las acciones para enfrentar el avance del covid-19. Lo anterior conllevó modificar el plan Paso a Paso (eliminando cuarentenas y el toque de queda), pero también repercute en el ámbito jurídico, porque el fin del régimen implica que se retomen los plazos, actuaciones y diligencias postergadas con la medida.

Lo anterior supondría una sobrecarga para el sistema, no obstante desde el Poder Judicial explicaron que se tomaron medidas para prevenir un colapso.

Al respecto, manifestaron que "el Poder Judicial ha trabajado sin pausa desde el inicio de la Emergencia Sanitaria y ha desarrollado gran parte de la labor jurisdiccional -en espacial las audiencias- a través de medios telemáticos. Sin embargo, la Corte Suprema aprobó el pasado 28 de septiembre el "Protocolo de Manejo y Prevención ante covid-19 en tribunales y unidades judiciales", que en lo sustancial establece un plan de retorno paulatino a las labores presenciales, que comenzarían el 12 de octubre próximo".

Igualmente explicaron que "mientras se mantenga la Alerta Sanitaria, se privilegiará la modalidad de teletrabajo extraordinario. El protocolo establece que 'cada tribunal o unidad judicial debe asegurar que el personal en modalidad presencial sea el mínimo necesario para garantizar el buen servicio judicial y/o reducir el stock de causas y audiencias, no podrá superar el 50% de su dotación total, descontadas las personas incluidas en los grupos de riesgo'. Se está procurando ante las instancias respectivas el contar con más jueces para afrontar el posible aumento de cargas de trabajo durante las próximas semanas y meses".

Y es que sobre el impacto directo del término del Estado de Excepción Constitucional, el defensor penal licitado de Diego de Almagro, Alejandro Villa, mencionó que "el cambio más determinante a mi parecer son las consecuencias respecto de los plazos y otras excepcionalidades que se introdujeron en virtud de la Ley 21.226. Esta norma incorporó un régimen jurídico de excepciones para procesos judiciales, audiencias, actuaciones y plazos, esta normativa señala expresamente respecto a la suspensión de plazos que se retomarían o se reactivaría la prosecución de los mismos una vez terminado el Estado de Excepción Constitucional".

"Esas suspensiones de plazos, a saber, eran de plazos de cierres de investigación, o plazos específicos para reclamar de algunos procedimientos generaron o van a generar ciertamente una sobreexigencia al sistema procesal penal", agregó Villa.

Servicios básicos

Por otra parte, fue en el contexto de Estado de Excepción Constitucional que se dictó la Ley 21.340 (de Servicios Básicos), que permite a los usuarios gozar del suministro de agua y luz, aunque dejaran de pagarlos.

Respecto a la si este beneficio se perderá ahora que concluyó el Estado de Excepción, desde Nueva Atacama indicaron que "el término de Estado de Excepción anunciado por el Gobierno no implica el término de las acciones de apoyo que hemos implementado en Nueva Atacama, entre ellas, la suspensión del corte por mora, que seguirán vigente hasta el 31 de diciembre de 2021".

Asimismo, desde CGE declararon que "continúa la gente con el beneficio de que no le corten el suministro eléctrico si es que no lo ha pagado. Qué va a pasar después del 31 de diciembre no lo sabemos, porque podría legislarse, dictarse alguna resolución (...) Si todo sigue igual, a partir del 1 de enero de 2022 deberían iniciar los procesos de corte de suministro".