Redacción

Un total de 4 años de presidio efectivo deberá cumplir un imputado, al cual se acreditó su participación en una serie de delitos enmarcados en una investigación en que se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado. La audiencia de Juicio Abreviado se realizó en el Juzgado de Garantía de Copiapó y se dio en el contexto de hechos ocurridos en el estallido social.

Según informó la Fiscalía, se trata de Luis Castillo Opazo, quien decidió colaborar con la indagatoria mediante una declaración y dando "relevante información de compañeros de delitos de la llamada 'Primera Línea' que tomaron parte en los ilícitos", según informó el Ministerio Público.

Se indicó que algunos de ellos estuvieron relacionados con desórdenes públicos y daños en distintos sectores de la ciudad. Además, se comprobó su participación en el saqueo y afectación de oficinas de empresas y recintos educacionales que funcionan en la comuna, dentro de las que se cuentan Aguas Chañar (hoy Nueva Atacama), Inacap y el Registro Civil.

En este último servicio público los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2019, ocasión en que la persona investigada organizó el avance de parte de una marcha que se realizaba en el centro de la capital regional, la que luego se dirigió hasta el edificio del Registro Civil, lugar al que junto a otras personas ingresaron luego de romper la reja de seguridad.

De acuerdo a los antecedentes, Luis Castillo fue registrado en las cámaras de seguridad rompiendo una puerta de acceso al mencionado servicio, ingresando al interior para sustraer distintas especies. Posterior a ello, llamó a otras personas encapuchadas, hasta ahora desconocidas, con quienes ingresó nuevamente al lugar, los que finalmente prendieron fuego a las dependencias que originaron daños por un monto superior a los 15 millones de pesos. Además se dio cuenta que el 21 de noviembre cerca de las 20 horas, el condenado junto a un grupo de personas se movilizaron hacia el sector de calle Freire de esta ciudad, donde accedieron de manera forzada y quebrando puertas y ventanales a las oficinas de la Automotora Salfa, lugar en que el imputado sustrajo diversas especies desde las vitrinas de venta las que luego ocultó en una mochila que portaba. Todo esto quedó registrado en imágenes de las cámaras del recinto y que fueron analizadas por la unidad Sacfi.

Delitos

Frente a este cúmulo de antecedentes, la Fiscalía acusó por delitos de desórdenes públicos, ilícitos de daños simples, robos consumados en lugar no habitado y un delito de daños calificados, todos en carácter de reiterados y con la participación consumada de Castillo Opazo. Hechos que además significan la primera condena en la Región de Atacama en que se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado.

En relación a este caso, la fiscal de la Unidad Sacfi, Paula Barrueto, indicó que con la investigación y la pena impuesta, cuatro años de presidio efectivo, quedó demostrado que cada uno de los hechos indagados fueron constitutivos de delitos de carácter penal por parte del acusado.

Junto a esto se descartó cualquier tipo de persecución política ni de otro tipo en su contra.

Agregó que, desde el inicio de la investigación de estas causas, la Fiscalía sostuvo que nunca se persiguió penalmente a quienes participaron de forma pacífica de las marchas organizadas con motivo del estallido social.

Delegado presidencial

El delegado presidencial, Patricio Urquieta, reaccionó a la que es la primera condena en la región por infringir la Ley de Seguridad del Estado.

"Esto ocurrió a partir de una querella que interpusimos por parte del Gobierno en contra de aquellas personas que hubieran protagonizado aquellos hechos de grave alteración al orden público con daños y destrucción a infraestructura pública y privada, y que lamentablemente habían provocado tanto temor en nuestra región", comentó Urquieta.

La autoridad destacó el trabajo realizado tanto por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior con colaboración de las policías, lo que permitió reunir todos los antecedentes que llevaron a justificar esta condena que fue dictada por parte de los Tribunales de Copiapó.

"Esto ocurrió a partir de una querella que interpusimos por parte del Gobierno en contra de aquellas personas que hubieran protagonizado aquellos hechos de grave alteración al orden público con daños y destrucción a infraestructura pública y privada"

Patricio Urquieta, Delegado presidencial

En Diego de Almagro un lienzo daba cuenta que en un terreno se emplazará un hotel modular, lo que generó la molestia entre integrantes de la Cámara de Comercio, ya que podría perjudicarlos económicamente.

En una publicación de redes sociales se indica que "basta de pasar por sobre nuestra gente y nuestros comerciantes". Asegura que el "documento firmado por bienes nacionales a un gigante de la hotelería y en conocimientos por el entonces gobernador de Chañaral Ignacio Urcullú".

Finalmente, la explicación es que "se daña a los hoteleros, a los restaurantes, a los pequeños negocios, a los taxistas y a muchas familias que de una u otra forma reciben a los trabajadores que vienen de otros lugares y les entregan alojamiento".

Bienes nacionales

En tanto, desde Bienes Nacionales se informó que "como cualquier persona natural o jurídica, la empresa PROMET Servicios Spa, a principios de este año 2021, solicitó vía ley del lobby una reunión en nuestra Seremía (Seremi) de Bienes Nacionales de Atacama. Esto, a efectos de proceder con la instalación de un proyecto de hotel modular de carácter transitorio, lo cual, de acuerdo a las reglas establecidas en nuestra ley orgánica, está vinculado administrativamente al otorgamiento de un arriendo fiscal".

Explican que "tras un proceso que se extendió por casi 8 meses, y tal como ocurre en decenas de casos que periódicamente tramitan sus solicitudes con nuestro servicio, cumplidos todos los requerimientos de documentación, finalmente la Seremía (Seremi) de Bienes Nacionales concedió dicho arriendo hace unos días. Insistimos en que se trató de una larga tramitación, en la que se requirieron varios antecedentes, y que tenían básicamente por objeto que la empresa acreditara su capacidad de pago, la sustentabilidad del proyecto, entre otros conceptos". Además, "el proyecto de hotel modular, de acuerdo a lo señalado por la empresa y sus representantes, tiene como finalidad el solventar la alta demanda de pasajeros que generarán los proyectos fundamentalmente mineros que se establecen".

Finalmente, desde el punto de vista de las reuniones que nosotros hemos tenido, la Cámara de Comercio de Diego de Almagro igualmente solicitó una audiencia, ocasión en la cual fueron atendidas sus aprensiones, y de cara a ello, se les extendieron las explicaciones técnicas y normativas que rigen este proceso, con total transparencia y en el entendido de que la Cámara de Comercio representa a aquellas personas que pudieran tener alguna desavenencia con la instalación de un proyecto de hotel modular en la zona" y que se establecerán en la zona.

Además, se les habló "detenidamente, y junto a nuestro departamento jurídico, que los procesos de arriendo son procesos que lleva a cabo" por la Seremi, "los cuales están sujetos al principio de la legalidad, y que en ese sentido, el servicio no puede realizar distinciones entre personas naturales o jurídicas, dependiendo de que estos solicitantes pertenezcan o no a la zona donde se emplazará el proyecto. Ese es un tema que debe tener en cuenta la Cámara de Comercio, y que se les explicó en su momento".