Ministerio del Medio Ambiente declaró como Zona Saturada a Copiapó y Tierra Amarilla
CERTIFICACIÓN. Tras años de reclamos, marchas, demandas, un recurso de protección y un oficio; el gobierno decretó la medida. Autoridades destacaron que es el primer paso hacia un plan de descontaminación con participación ciudadana, y que los incumplimientos más graves llegarán incluso a penas de cárcel. La Codemaa espera que las empresas inviertan más en sus procesos, a fin de acatar la norma.
Ayer, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció la declaración de Zona Saturada a las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla a partir del Informe Técnico de Cumplimiento de Normas de Calidad del Aire por MP10, Plomo y SO2, de la red de Calidad del Aire.
Proceso que llevaron adelante el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el cual representa un primer paso en una lucha que por años copiapinos y tierramarillanos han librado con el solo objetivo de acceder al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Antecedentes
Históricamente, la capital regional y la "comuna de la Calle Larga" se han caracterizado por estar ligadas a la minería. La explotación de sus suelos e instalación de faenas son el principal motor económico de la zona, y por ende la contaminación que causan los procesos metalúrgicos es un problema que acompaña a la población desde siempre.
Por eso no son extrañas las manifestaciones contra la carga de metales pesados y la regulación de la actividad minera. Una de las últimas y más recordadas protestas en este contexto fueron las del 2019, que partieron el 16 de abril de ese año, cuando un grupo de estudiantes del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez se organizaron y con el apoyo del entonces concejal de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, salieron a las calles y llegaron a las dependencias de Enami para reclamar por las emanaciones de la Fundición Hernán Videla Lira (FVL).
Aquel día 12 personas debieron ser atendidas en el Cesfam de Tierra Amarilla por molestas atribuidas a una "nube tóxica", como describió el fenómeno el alcalde (s) de ese año, Mario Morales, a la vez que anunciaba un recurso de protección y una demanda contra Enami.
Un par de días después, el 18 de abril del 2019, cuando el SARS-CoV-2 no existía y el común de la gente ni siquiera imaginaba tener que llevar mascarillas para salir de sus casas, los tierramarillanos marcharon hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó llevando dicho elemento de protección personal que hoy a nadie extraña pero que ese año iba cargado de un potente mensaje "no podemos respirar, nos están robando la salud y nuestro futuro".
El tiempo pasó y las emisiones de material particulado parecían estar bajo control hasta que el 23 de mayo de este año, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), fiscalizó a Enami por emanaciones que excedieron más del 100% del parámetro de emergencia ambiental.
Para entender la gravedad de ese incidente, es preciso explicar que la SMA monitorea y promedia constantemente las emisiones de material particulado de la FVL. Si el promedio de una hora supera los 500 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico (m3), se está ante una condición de alerta, si el promedio pasa los 650 microgramos por m3 la condición es de preemergencia, y si el promedio está sobre los 950 microgramos de dióxido de azufre por m3 se trata de una emergencia ambiental.
El 23 de mayo, el promedio horario de dióxido de azufre proveniente de la FVL a las 10 am fue de 2.028 microgramos por m3, y una hora después era de 1.500 microgramos por m3.
Estos hechos sumados a los