El 46% de los ingresos a la Defensoría Penal fueron por delitos contra la salud pública
CUENTA PÚBLICA. Defensor regional entregó un balance de la gestión realizadadurante el 2020.
El defensor regional, Raúl Palma Olivares, efectuó de manera virtual su cuenta pública participativa anual, a través de una exposición audiovisual transmitida a través de los canales institucionales en Facebook, Youtube y enestrado.com, contexto en que realizó un análisis de los logros y dificultades del sistema de justicia penal en la región y un balance de la prestación de defensa penal en el contexto de la pandemia.
En la ocasión, Palma Olivares reveló cifras que dan cuenta del impacto que ha tenido la contingencia en el trabajo que desempeñan las defensoras y defensores públicos en la región. Durante el 2020, atendieron a 11.366 personas, 23,9% más que el año anterior, lo que se explica por la mayor cantidad de casos registrados por infracción a normas sanitarias vinculadas al artículo 318 del Código Penal.
"Hemos estado fuertemente compelidos a dar respuesta a una serie de necesidades emergentes, pero con la mística y el empuje de siempre, enfocados en las personas privadas de libertad que han sufrido de manera especialmente cruda el encarcelamiento sin contacto con sus familiares, con sus hijos, con sus parejas", enfatizó.
Además, agregó que "hemos favorecido el contacto con nuestros usuarios por medios remotos para la protección de la salud de todos y todas, registrando 1.352 atenciones a distancia. Junto con aquello, siempre atendimos presencialmente en la medida de lo posible, salvo en cuarentenas locales, conscientes que nuestros usuarios muchas veces no tenían los recursos para conectarse a un medio remoto o incluso para comprar un chip de celular".
Cifras
Palma especificó que el año pasado, del total de causas que esta sede institucional representó, el 18,1% correspondieron a mujeres, el 4,1% a adolescentes, el 0,6% a personas pertenecientes a pueblos originarios y el 3,5% a personas extranjeras.
Respecto al 2019, hubo un alza de un 23,9% en causas ingresadas, "el número de personas que debió enfrentar un proceso penal por delitos contra la salud pública en el contexto de la pandemia, fue excesivo y se tradujo en un elevado número de personas imputadas que ingresaron al sistema penal con todas las consecuencias negativas que aquello conlleva", destacó el defensor regional.
Durante 2020, ingresaron por este tipo de delitos 5.260 imputados, es decir el 46,28% de los ingresos. Comparativamente con 2019, hubo un incremento de un 900% en delitos contra la salud pública, lo que además marcó una diferencia notable con las categorías de delitos en general.
En 2020 cambió la tendencia radicalmente, encabezando la lista los delitos contra la salud pública y remitiendo a un sexto lugar, por ejemplo, a los delitos contra la propiedad, que sólo implicaron el 4,9 por ciento del total de los ingresos.
El directivo sostuvo que "para nosotros era fundamental que se aplicaran adecuadamente las reglas procesales vigentes, para que cada caso se tramitara conforme a derecho, evitando la imposición de penas desmedidas en casos de mera desobediencia, cuando no existía afectación real al bien jurídico protegido -la salud pública- y, de paso, reduciendo el riesgo sanitario que implicaba el traslado permanente de detenidos hacia comisarías, tribunales y cárceles".
Luego de los fallos de la sala penal de la Corte Suprema que fue sentando precedentes jurídicos de extrema relevancia, en el sentido que las infracciones al artículo 318 del Código Penal había que diferenciarlas de acuerdo a la conducta desplegada para no lesionar el principio de legalidad y luego del fallo del Tribunal Constitucional, de este mes, se logró definir una situación jurídico-penal de extrema importancia, concreta en la vida de muchas personas y familias que no tenían otra opción que salir a trabajar pese a las restricciones sanitarias impuestas por la autoridad administrativa.
Libertad
Durante 2020 la institución realizó esfuerzos por tratar de egresar al mayor número de personas de los recintos penitenciarios y tratar de paliar el riesgo de contagio por coronavirus. Los profesionales revisaron la prisión preventiva prácticamente a la totalidad de los imputados e imputadas con causa vigente y lograron sacar en libertad a 81 personas entre revisión de prisión preventiva y libertad condicional.
"Estos resultados dan cuenta del trabajo colectivo de un equipo comprometido con la libertad de nuestros usuarios, con un sello de calidad regional de la gestión de defensa, sabiendo que más allá de números y cifras se encuentran las personas que representamos, las que merecen un trabajo comprometido y de excelencia", recalcó la autoridad regional.