Redacción/P.Torres

Durante la jornada de ayer, en las dependencias del Tribunal Electoral Regional (TER), los concejales Juan Manuel Cáceres (Pacto Dignidad Ahora), Carolina de la Carrera (Renovación Nacional), Juan Pablo Rico (Frente Amplio) y Pedro Bedoya (Pacto Radicales-Independientes) presentaron ante el organismo una acusación contra el alcalde de Copiapó, Marcos López, por supuestas irregularidades financieras y presupuestarias encontradas en el Municipio de la ciudad y que fueron reveladas por la Contraloría General de la República.

Concejales

Deficiencias administrativas, irregularidades financieras y faltas a la probidad administrativa, donde en esta última se acusa que el alcalde no se abstuvo en la votación de una licitación y trato directo, del cual se benefició con millonarios tratos -según dijeron los ediles- su ex cuñado, quien además estuvo financiando su campaña electoral, son algunas de las situaciones.

Al respecto, Carolina de la Carrera explicó que "hemos acudido acá en el Tribunal Electoral debido a que hay informes de la Contraloría que nosotros no podemos estar ajenos a ello y debemos clarificar las situaciones ante el Tribunal (...) se encontraron problemas de probidad, con contrataciones de tratos directos que estaban involucrados aportes a campaña, había empresas que habían aportado a campaña y él después hizo contrataciones con esta empresa y él no se abstuvo, esa es la principal, pero además hay un montón de matices más".

Por esa misma línea, Juan Manuel Cáceres explicó otras irregularidades. "Hubo una sobreestimación del presupuesto en los años 2017, 2018, y 2019, que en ocasiones sobrepasó los 2.600 millones de pesos, eso es una estimación que según la Contraloría falta gravemente a todo el protocolo administrativo que deben respetar todos los servicios públicos, incluidas la Municipalidades".

Además, mencionó que también está relacionado con la contratación de una licitación por 104 millones de pesos "para una persona que además había aportado a su campaña, además de una contratación por trato directo por 59 millones".

Así también lo comunicó Juan Pablo Rico. "En este caso no podíamos quedarnos sin observar las recomendaciones que nos hace este informe de Contraloría, donde nos da la sugerencia de que hagamos este actuar y hoy día estamos aquí presentando estos antecedentes al TER para que ellos diriman cual es la sanción que merece el actuar del alcalde de Copiapó".

Así también, consultado sobre cual es la sanción que esperan, explicó que "lo que nosotros esperamos, es que no seamos nosotros quien diga que sanción le van a entregar al alcalde, por lo mismo entregamos esta acusación, para que sea el Tribunal Electoral quienes sean los que diriman que sanción va a tener el alcalde".

Pedro Bedoya mencionó que es lo que esperan del alcalde. "Cualquier duda, cualquier cuestionamiento que haya en su ejercicio tiene que ser aclarado (...) nosotros queremos en esta oportunidad que el explique, detalle y finalmente diga qué pasó".

Municipalidad

Ante la acusación por notable abandono de deberes, a través de un comunicado por parte de la Municipalidad, Marcos López explicó que "nunca, en ningún segundo, salvo cuando estuve enfermo por el covid-19 he dejado de ocuparme de mis obligaciones y de satisfacer las necesidades de la comuna y de los vecinos y vecinas. Soy una persona y un alcalde honesto y puedo equivocarme como cualquier ser humano normal. Todo mi accionar como autoridad lo he hecho pensando siempre en los intereses de la comunidad".

Mencionó que no existen incongruencias en la administración del presupuesto ni de los recursos financieros del municipio y que es absolutamente falso que no exista transparencia en los presupuestos municipales.

López dijo que le "sorprende la actitud de las y los nuevos concejales que antes siquiera cumplir dos semanas que asumí y antes que pudiera informales el estado de la situación financiera, de gestión y funcionamiento municipal levantan esta denuncia fundada solamente en un informe de Contraloría cuyas observaciones, en su mayoría, han sido levantadas y otras están en proceso de contestación y entrega de antecedentes y descargos".

López informó que es de público conocimiento que todos los municipios "hemos tenido que enfrentar un enorme desafío desde el estallido social y luego la pandemia que ha provocado una merma importante en los ingresos (según lo informado por la Asociación Chilena de Municipalidades). Las medidas de alivio impulsadas tanto por el Gobierno como por el parlamento han significado un déficit de 360 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal que es la principal fuente de financiamiento para los Gobiernos Locales".

Sobre las licitaciones puntualizó que "es obvio que los cuatro concejales no saben que tanto en mi gestión anterior y en esta, todos los procesos de contratación pública son ejecutados con la más absoluta autonomía de las unidades y direcciones que les corresponde hacerlo en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipios y la Ley de compras públicas. Los proyectos se licitan y son las comisiones evaluadoras las que informan al concejo la oferta más conveniente para el municipio. En el proceso, este alcalde, no interviene ni forma parte de dicho procedimiento".

El gobernador Miguel Vargas presidió la Sesión Ordinaria n°14 del Consejo Regional. La reunión plenaria, fue presidida por primera vez por la nueva autoridad.

Vargas valoró el trabajo de las distintas comisiones encabezadas por los consejeros regionales y la forma cómo logran acuerdos pese a sus diferencias políticas. "La capacidad de diálogo es un factor muy importante para encausar un camino de consenso, con altura de miras, por el bien común de los habitantes de la región", expresó la autoridad.

Entre los temas abordados se destacan: evaluación de sistema de alcantarillado en zonas rurales en la provincia de Huasco, análisis respecto a resoluciones de calificación ambiental en materia de ordenamiento territorial en la región, alternativas de financiamiento y convenios para mantención de infraestructura deportiva, entre otros.

Los cores acordaron oficiar a la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, para conocer la forma de evaluación que se realizará a los estudiantes considerando el período de pandemia. Asimismo, se votó a favor para enviar un oficio a los ejecutivos del directorio de la empresa Tottus por la huelga de sus trabajadores.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, junto a los integrantes de la Comisión de Medioambiente de la Cámara, Félix González (PEV) y Gastón Saavedra (PS), presentaron hoy un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Certificación de Huella de Carbono de Bienes y Servicios finales destinados al consumo.

Al respecto, Jaime Mulet explicó que "lo que busca es asegurar y certificar que los bienes y servicios destinados al consumo tengan y se midan las emisiones en materia de huella de carbono que cada uno de esos productos y servicios generaron, para lo cual se crea este sistema nacional con la idea de que vaya en los productos o en los servicios una etiqueta donde se mida el CO2 de ese determinado producto y se certifique, por una empresa certificadora, la huella de carbono de ese producto en mayor, menor o en grado de neutralidad".

Gastón Saavedra, señaló que "Si avanzamos en la línea que plantea el proyecto Chile va contribuir a la meta que debemos tener como planeta de rebajar el calentamiento global".