funcionamiento de nuestra economía muchas veces dependen de la continuidad operacional que está en plataformas informáticas. Los desafíos son muchos y debieran estar presentes estos debates de la seguridad del futuro más que quedarnos en lo que es la seguridad del presente o cómo fue en el pasado.

-Mientras se discuta esto en la Convención, ya se trabaja la modernización de Carabineros. ¿Qué se pretende con ella?

-El proceso de reforma ha sido de avance continuo. Ya en el programa de gobierno pusimos por primera vez una propuesta en materia de seguridad que iba más allá de simplemente aumentar la dotación de las policías. Nos dimos cuenta de que, mucho más que personas, necesitábamos un enfoque más moderno. Por eso propusimos una serie de medidas de modernización de las policías y eso llevó a que el Presidente en uno de los cinco acuerdos nacionales a los que convocó al iniciar su gobierno incluyera uno de la Seguridad Pública. Luego de eso ocurrieron muchas cosas y quizás la más relevante fue lo que ocurrió con el 18 de octubre de 2019, porque no habíamos conversado sobre uno de los ejes más relevantes que era el control del orden público. Qué es lo que entendemos por orden público, cómo actuamos, si Carabineros está capacitado o no, si tiene las capacidades para enfrentar situaciones de violencia como las que se dieron, y además ¿qué pasa cuando la acción policial genera la vulneración de los derechos de las personas? Por eso estructuramos la reforma tratando de abarcar cada uno de los ejes gruesos de los que veníamos ya conversando.

-¿Cómo se resume la propuesta del gobierno para reformar Carabineros?

-Tiene cuatro ejes. El primero, institucionalidad y gobernanza. Es decir, definir si nuestra institucionalidad es la adecuada para enfrentar los desafíos que existen en materia de seguridad y orden público. Ahí caben dos ejemplos clave, como son la creación de un ministerio de Seguridad Pública, que está pronto a ingresar al Congreso. También algunos cambios que ha hecho la misma institución, como la creación de una dirección de DDHH. Un segundo eje es la modernización de la gestión. En eso ya veníamos avanzando bastante en incorporar tecnología, más medidas de probidad y control para evitar, por ejemplo, fraudes como el que se cometió. En tercer lugar, es la formación y carrera. En esa área ya se amplió de uno a dos años el proceso de formación de un carabinero. Y el último eje es, y tal vez el más urgente, el control del orden público. Ahí hay mucho debate. Hemos dado a conocer hace poco los protocolos de control del orden público que cambian paradigmas en esta materia. Se deja atrás la discusión de si una manifestación es lícita o ilícita dependiendo de si está autorizada o no. Y cambia la perspectiva, dándoles la función a las policías de proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos de manifestación y reunión con límites muy claros que establece la Constitución actual.

-¿Qué tan profundos serán estos cambios? Hay muchos que hablan de una refundación, vale decir, partir de cero.

-Yo creo que la reforma es profunda. Si logramos avanzar en estos cuatro ejes con consensos y con acuerdos creo que va a ser un cambio profundo en la institución, porque nuestro diagnóstico más que mirar a la institución de Carabineros es que hoy día el uso de la fuerza por parte del Estado está muy sujeto a cuestionamiento a nivel global. No es una discusión que se da sólo acá, sino también en España, Colombia, Francia, Bolivia, Perú… incluso en EE.UU., donde uno pensaba que es una sociedad en que las policías estaban completamente legitimadas, pero en todos estos lugares también hay iniciativas de reforma policial. En Chile tenemos una oportunidad de avanzar mirando al futuro para un tema que es tan delicado como la seguridad.

-¿Es recuperable la confianza y legitimidad de Carabineros con todos los escándalos y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos?

-No nos podemos quedar en los diagnósticos. Acá hay que aprender las lecciones y corregir. Si hay algo que nos exige la sociedad actual es que no sigamos haciendo las mismas cosas que no estuvieron bien. O que generaron daño a las personas. Lo que yo veo es un compromiso de tratar de entender a esta sociedad nueva y adaptar una función tan compleja como son los policías a lo que ella nos exige. Si uno mira las encuestas de evaluación ciudadana, no solo Carabineros, sino también la PDI, tienen una evaluación superior a otras instituciones del Estado. Ahí hay una base. No digo que sea suficiente, sino que es buena base para partir esa adaptación a la nueva realidad social.

-El candidato Ignacio Briones propuso una reparación del Estado a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos tras el estallido. ¿Le parece que hay una responsabilidad del Estado en lo que ocurrió?

-Hay que esperar las resoluciones de la Justicia y cuando la Justicia, con todos los antecedentes, resuelva si en estos casos se cometió o no delito, en ese caso tendrán que hacerse todas las evaluaciones que correspondan. En lo que no nos podemos quedar es en que más allá de quién sea el responsable, esas víctimas no pueden quedar desamparadas. En ese sentido ingresamos un proyecto de ley que apunta justamente a eso, un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas que permita, independientemente de cuál fue el autor del delito, que la víctima sea atendida por el Estado, porque más allá de la reparación económica, que es bastante inefectiva en estos casos, lo lógico es que haya apoyo sicológico integral, que el Estado nunca deje atrás a una persona que ha sido dañada.

-Hace unos días usted mencionó que ya no es posible hablar de delincuencia común, que ahora impera el crimen organizado. ¿A qué apuntaba su comentario?

-Mi comentario iba hacia que quizás la pandemia ha tenido impacto relevante en ciertos cambios de conducta. Uno es que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del 2020 muestra que los delitos de mayor connotación social han caído de manera importante. Incluso, un 30-35 por ciento menos. Uno de cada tres delitos se dejó de cometer en el año. Sin embargo, la, sensación de los ciudadanos es todo lo contrario. El 85% de los chilenos piensa que va a ser víctima de un delito en los próximos 12 meses. ¿Qué implica esto? Que no basta que los delitos caigan, sino que las personas tienen que sentirse más seguras. Por eso, parte del problema actual no es la comisión de delitos, sino que la violencia que impera en algunos territorios o poblaciones y barrios que generan la sensación de temor. Por eso hablo que lo más complejo no es la delincuencia común, sino que esta delincuencia organizada, las bandas dedicadas al narcotráfico, las que utilizan armas de fuego, las que roban vehículos para cometer otros delitos y que son los que generan esta sensación de inseguridad producto de la violencia con la que actúan.

-Se ha instalado la idea de que hay barrios a los que la policía no entra. ¿Le preocupa esto?

-No, yo diría que en nuestro país la policía actúa tomando medidas de resguardo y seguridad dependiendo del cuál la peligrosidad o los riesgos de actuar. Pero actúa y cumple las órdenes judiciales. Hay cierta injusticia en esa crítica cuando en el último tiempo hemos tenido casos de funcionarios policiales que en el cumplimiento de su función han perdido la vida. Por eso, hacer una crítica como que las policías no se atreverían a entrar a lugares donde hay más violencia, yo lo considero injusto. Lo que sí, nos tenemos que preocupar de esos territorios donde hay más presencia de armas, violencia y drogas. Ahí es donde hay que actuar. Por eso es relevante la cifra de allanamientos realizados durante el 2021 en la RM, donde hubo 540. Vale decir, 540 operativos policiales en que se ingresó a domicilios en la búsqueda de armas, drogas o evidencias de delitos. Cuando uno ve georreferenciados esos allanamientos, estos se realizan en los lugares o zonas donde más presencia de droga hay. Hay correlación entre la acción policial y la presencia de drogas y armas.

-¿Se ha perdido el control de las armas? Hace poco el candidato Mario Desbordes dijo que andaba armado para protegerse ante amenazas.

-Ahí distingo el uso legal de armas que está regulado en la ley, para fines de defensa personal, de seguridad privada, o deporte, o colección. Nuestra ley requiere de una actualización. Hace 14 años se tramita una ley que debiera avanzar, por ejemplo, en la unificación de las bases de datos de las armas, del registro. Y en segundo lugar está regular las armas que están siendo utilizadas hoy para el delito. Por ejemplo, las armas de fogueo, que hoy con una adaptación puede transformarse en armas letales. Uno de los cambios legales es que esas armas que son fácilmente modificable también estén sujetas a regulación.

-¿Ha habido muchas críticas al gobierno por las expulsiones de migrantes. ¿No han pensado en modificar el protocolo?

-La obligación de Estado es hacer cumplir la ley. Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que ha aumentado el ingreso clandestino y la señal que tenemos que dar como Estado es que vamos a hacer cumplir la ley, pero no persiguiendo penalmente a esos migrantes, sino que aplicando la medida de expulsión.

-Pero las críticas son por el trato indigno.

-Uno saca lecciones. En algún momento se criticó por la vestimenta en algunos procesos, eso lo hemos corregido y claro tuvimos un diálogo con el gobierno venezolano para definir la forma en que se iban a realizar estas expulsiones, de tal manera que se materialicen de la mejor manera posible y no hacer de ella como una denigración para la persona que está siendo expulsada. Pero se ha dio corrigiendo en la medida que nos hemos dado cuenta de que la percepción ciudadana no era la correcta respecto de una media que no se tomó única y exclusivamente por razones sanitarias.

"nos tenemos que preocupar de esos territorios donde hay más presencia de armas, violencia y drogas", dice el subsecretario Galli.

"Lo más complejo no es la delincuencia común, sino que esta delincuencia organizada, las bandas dedicadas al narcotráfico, las que utilizan armas de fuego, las que roban vehículos para cometer delitos".

"Ha aumentado el ingreso clandestino y la señal que tenemos que dar como Estado es que vamos a hacer cumplir la ley, pero no persiguiendo penalmente a esos migrantes, sino que aplicando la medida de expulsión".