Redacción

Un total de 135 comunas a lo largo de todo el país presentan condiciones de aislamiento y pobreza que las hacen susceptibles de ser declaradas como zonas rezagadas en materia social, según un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Se trata de la más reciente actualización del "Informe de comunas susceptibles a ser propuestas como zonas rezagadas en materia social 2021", instrumento que elabora anualmente dicho organismo, con el fin de identificar a las localidades que presentan mayores dificultades dentro de cada región.

Aislamiento

A partir de esta información, los gobiernos locales pueden implementar planes de rezago, destinados a focalizar de mejor manera los recursos y a equilibrar el desarrollo de estos territorios respecto de las grandes ciudades de cada región.

"Existen territorios que presentan grandes rezagos en materia social respecto a la media regional y nacional. Situación que se determina a partir de un importante grado de aislamiento respecto a los principales centros urbanos y productivos de sus respectivas regiones", dice el informe.

El documento advierte que "los niveles de aislamiento implican, generalmente, una baja densidad poblacional en dichos territorios, lo que dificulta las posibilidades de asignación de recursos públicos, dado que las características geográficas y demográficas de estos, afectan la evaluación de rentabilidad social de las iniciativas de inversión que podrían llevarse a cabo en ellos".

Uno de los insumos utilizados por la Subdere son los resultados de la encuesta Casen 2017, en cuanto a la pobreza por ingresos y multidimensional.

En esta ocasión, se estableció que en cada una de las 16 regiones del país existe al menos una comuna en condiciones de ser declarada como zona rezagada.

Los Lagos es la región con más localidades en esta condición, con 21 casos, destacando entre ellas las comunas de Cochamó, Puqueldón y Quemchi. Le siguen las regiones del Biobío y Maule, con 16 comunas cada una y con territorios como Florida, Laja y Quilaco en el primer caso y Curepto, Pencahue y Hualañé, en el segundo.

Posteriormente sigue la Región Metropolitana con 13 comunas, entre ellas San José de Maipo, Tiltil, Alhué y El Monte, y Ñuble, con 10 territorios, destacando Bulnes, Coihueco y Ñiquén.

Según explicó la Subdere, el objetivo de esta evaluación es favorecer la igualdad de oportunidades para las personas, independiente del territorio donde habiten. De acuerdo a la entidad, esto se logra mediante la focalización de recursos frescos, una alta participación ciudadana y la evaluación diferenciada de los proyectos contenidos en las distintas carteras.

Herramienta útil

En esa línea, la subsecretaria de desarrollo regional, María Paz Troncoso, destacó la importancia del informe actualizado. "Este diagnóstico confeccionado por los profesionales de nuestra subsecretaría es una herramienta muy útil para la toma de decisiones del Gobierno Regional, pues ayuda a identificar dónde están las mayores necesidades y, en consecuencia, dónde se necesita una mayor focalización de recursos para que todos los territorios de la región se desarrollen de manera equilibrada, sin importar cuán alejados estén de los centros urbanos o cuál sea su densidad poblacional", sostuvo.

Tras la actualización del informe de comunas susceptibles de ser declaradas como zonas rezagadas, los gobiernos regionales tienen que evaluar y proponer cuáles de estos territorios serán parte de sus próximos planes de rezago.

Posteriormente, las propuestas son analizadas por la Subdere para garantizar su consistencia técnica, y por la Dirección de Presupuestos, para su evaluación presupuestaria.

Las regiones que ya cuentan con planes en aplicación, deben acreditar un estado de avance de al menos el 75% de su ejecución presupuestaria para poder presentar una nueva propuesta.

A la fecha, existen zonas de rezago en 10 regiones del país, con sus respectivos planes en ejecución: Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén.

10 regiones actualmente presentan zonas de rezago con sus respectivos planes en ejecución.

Un nuevo factor al complejo momento que vive sumó ayer el Gobierno de Sebastián Piñera, tras conocerse los resultados del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), el cual reveló que el 9% de la población aprueba la gestión del mandatario y que un 74% la rechaza.

La medición se realizó entre el 12 y 23 de abril, y además revela que el 41% de los encuestados se considera de centro, 20% de izquierda y 18% de derecha. En este último sector, que respalda la línea del Gobierno, el 50% desaprueba la gestión del mandatario.En términos de la confianza pública en las instituciones, las mejores evaluadas fueron la PDI (53%) y las radios (51%), mientras que el Gobierno (9%), el Congreso Nacional (8%) y los partidos políticos (2%) concitan la mayor desconfianza ciudadana.Respecto del escenario actual, parece cundir el pesimismo en la opinión pública. Ello porque el 70% de los encuestados indica que la situación económica del país es mala o muy mala; 65% considera que hoy se está peor que hace un mes; 36% cree que la economía seguirá empeorando y 51% estima que lo peor de la pandemia "aún está por venir". Solo el 6% cree que el país está progresando, 53% que está estancado y 40% que está en decadencia.

Figuras públicas

CEP indagó sobre el conocimiento y la percepción de las figuras públicas, evidenciando que la diputada Pamela Jiles, con 91% de conocimiento y 54% de aprobación, es la política mejor evaluada; por sobre el alcalde Joaquín Lavín (93% de conocimiento y 32% de aprobación) y Sebastián Sichel (47% de conocimiento y 30% de aprobación). También destacaron Izkia Siches (49%), titular del Colegio Médico, y el ministro de Salud, Enrique Paris (34%) entre los que mayor aprobación ciudadana tienen.

Desde el Ejecutivo, el jefe de gabinete, Rodrigo Delgado lamentó los resultados y enfatizó que "trabajamos para que la gente pueda percibir que en distintos ámbitos hay una mejor calidad de vida. Y nuestro desafío es justamente, a lo mejor, juntar el dato con la percepción".

La Cámara de Diputados aprobó y despachó la ley que permite que el apellido materno pueda ir antes que el paterno, con acuerdo de ambos padres.

La iniciativa había sido aprobada unánimemente en el Senado y recibió 14 indicaciones del Ejecutivo, entre ellas la exclusión de personas condenadas por delitos sexuales.

En lo medular, la ley establece las reglas de cómo el orden de los primeros apellidos del padre y la madre se transmitirán a los hijos comunes, pudiendo anteceder el apellido materno desde el primer hijo, pero manteniendo luego el mismo orden para otros descendientes.

También permite que las personas mayores de edad puedan requerir ante el Registro Civil el cambio del orden de sus apellidos en su inscripción de nacimiento, por una sola vez. Lo anterior provocará el cambio del apellido de los hijos e hijas menores de edad de dicha persona, y el de los hijos de entre 14 y 18 años que hayan manifestado su consentimiento por escrito. Los mayores podrán hacerlo directamente en el Registro Civil.